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El BOE publica hoy las condiciones para alquilar barcos privados durante tres meses al año a partir del 15 de agosto

Se deberá contar con un seguro de accidentes y la embarcación deberá de ser gestionada por una empresa

El Govern y el sector náutico se oponen radicalmente a la medida del ministerio de Transportes

Govern y Ministerio mantienen fuertes tensiones en torno al alquiler de embarcaciones

Govern y Ministerio mantienen fuertes tensiones en torno al alquiler de embarcaciones / G. Bosch

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy las condiciones que deberán cumplir las embarcaciones de recreo privadas (lista séptima) que van a poder alquilarse durante tres meses al año (como si fueran de lista sexta) a partir del próximo 15 de agosto, fecha en la que podrán gestionarse los nuevos despachos reflejando que cumple con todos los requisitos. Se trata de una iniciativa del ministerio de Transportes a la que se oponen radicalmente el sector náutico de las islas y el Govern. Desde la conselleria del Mar ya se ha anunciado la adopción de medidas para frenar en lo posible la citada posibilidad, al considerar que va a agravar la saturación que ya padece el litoral del archipiélago.

En el BOE se señala que para que una embarcación pueda cambiar su uso de privado a comercial durante tres meses deberá de contar con "un seguro de accidentes que cubra los riesgos de lesiones corporales que produzcan invalidez temporal o permanente o muerte de todas las personas a bordo".

Gestionado por una empresa

Además, durante ese periodo de alquiler el yate deberá de estar "gestionado por una empresa dedicada al arrendamiento náutico", o en caso contrario el propietario deberá contratar a un patrón y a los demás miembros de la tripulación. El barco debe de estar matriculado en la lista séptima y disponer de los certificados en vigor.

Aunque a partir de hoy ya se puede solicitar el cambio temporal de uso en la sede electrónica asociada al ministerio de Transporte, la petición de despacho del buque, acreditando el cumplimiento de los requisitos exigidos, no se podrá hacer hasta el 15 de agosto.

Antoni Mercant, director general de Puertos

Antoni Mercant, director general de Puertos / B. Ramón

Oposición balear

El sector náutico balear y el Govern del PP, al igual que en su momento lo hizo el del Pacto (hay que tener en cuenta que es un tema que lleva años sobre la mesa), se han declarado radicalmente en contra de esta medida. Mientras que desde la Conselleria se advierte que esta iniciativa solo se explica por "intereses económicos desconocidos" y que va a agravar la saturación de las aguas del archipiélago, desde las empresas de alquiler de embarcaciones se subraya que supone legalizar lo que desde este sector se ha venido calificando como 'yates piratas', dada la competencia desleal que conllevan.

El director general de Puertos del Govern, Antoni Mercant, ya anunció que se está preparando un decreto que entre otras medidas, busca eliminar la posibilidad de alquilar temporalmente barcos de recreo privados, pero desde el Ministerio ya se ha señalado que esa decisión supone invadir sus competencias, lo que aboca a ambas Administraciones a un "choque" que puede llegar al Tribunal Constitucional.

Govern y empresas de las islas recuerdan que Balears es el principal destino del turismo náutico del Mediterráneo occidental y advierten del peligro de una llegada masiva de barcos privados pero alquilados en verano.

En cualquier caso, Mercant asegura que ya está planeando la imposibilidad de que se puedan alquilar los yates amarrados en los puertos de su competencia o evitar que puedan hacer uso de estas instalaciones.

Comunicado del Govern

El Govern ha hecho público hoy mismo un comunicado expresando ese rechazo, alegando que la medida "compromete la sostenibilidad del litoral, incrementa la presión sobre las zonas costeras y abre la puerta a nuevas actividades especulativas en aguas saturadas".

Añade que "lamenta que una decisión de este calado, con implicaciones directas sobre la seguridad, la protección ambiental y el modelo turístico, se haya adoptado sin diálogo con las comunidades autónomas y sin valorar adecuadamente sus efectos sobre territorios especialmente sensibles como Balears".

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