El TSJB envía un informe a Madrid para secundar la inspección por el colapso en la Audiencia de Palma
El documento de la secretaria de gobierno aborda la saturación que sufre la Sección Segunda

La magistrada Samantha Romero, presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. / b. ramon

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha remitido un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Madrid, para secundar la inspección por el colapso que padece la Sección Segunda de la Audiencia de Palma.
La sala de gobierno del TSJB, tras reunirse el pasado miércoles, acordó enviar el documento de la secretaria de gobierno referente a la saturación que sufre la Sección Segunda de la Audiencia Provincial al servicio de inspección del CGPJ, para que, si procede, lo tenga en consideración de cara a la inspección en esta Sala, que fue solicitada por la cúpula judicial del archipiélago el 4 de junio.
Las máximas autoridades judiciales de las islas propusieron a la presidenta de la Sección Segunda, Samantha Romero, que los magistrados de esta sección solo se dediquen a celebrar juicios hasta finales de 2025, librándoles de los recursos de apelación. La magistrada Romero alegó que el colapso se remonta a años atrás y pidió refuerzos.
Faltan más jueces en las islas
Ahora, la sala de gobierno del TSJB responde ratificando el acuerdo urgente del presidente del TSJB, Carlos Gómez, del 10 de junio en el que comunicaba al CGPJ la necesidad de 17 juzgados de primera instancia en Palma, tres plazas de juez en la sección civil en la Audiencia y otras tres en la sección penal, entre otras. Y priorizaba la creación tres plazas de juez de lo contencioso administrativo, al suprimirse los tres refuerzos que venían funcionando desde 2021. De esta manera, operaban seis magistrados en esta jurisdicción, pese a lo cual no se conseguía revertir la curva ascendente de pendencia. La cúpula judicial del archipiélago se ha mostrado muy preocupada porque el Ministerio de Justicia haya eliminado a los tres jueces de refuerzo de lo contencioso administrativo.
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