El Govern empieza a cobrar alquiler a la Fiscalía tras 20 años de gratuidad

El Govern de Marga Prohens ha empezado a cobrar alquiler a la Fiscalía de Balears tras veinte años de cesión gratuita del edificio de la plaza de los patines de Palma.

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha autorizado el arrendamiento directo del inmueble, conocido como edificio ONCE, ubicado en la plaza Bisbe Berenguer de Palou, en Palma, durante ocho años por una renta anual de 278.310 euros, IVA incluido.

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La resolución de la Conselleria de Economía ya ha sido publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) a mediados de junio.

El Govern ha aceptado la oferta que presentó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a principios de marzo de 2025 relativa al alquiler del edificio que desde hace veinte años es la sede de la Fiscalía Superior de Balears. El Ministerio propuso un precio de arrendamiento de 10,72 euros el metro cuadrado al mes (con el IVA excluido), que serían 12,97 euros el metro cuadrado, incluyendo el IVA.

El Servicio de Arquitectura de la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio emitió un informe favorable en el que concluía que el importe de la propuesta del alquiler del inmueble «se considera adecuado al precio de mercado».

Además, fue necesario expedir el certificado de eficiencia energética del edificio de la plaza de los patines, que tiene una superficie construida de 1.755 metros cuadrados y cuenta con cinco plantas (semisótano, planta baja y tres pisos superiores), según la información catastral.

Inspección del inmueble

Al haber vencido el plazo de la cesión temporal gratuita de veinte años que ostentaba el Ministerio de Justicia sobre el inmueble, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad llevó a cabo una revisión del estado actual del edificio. Según un informe, de 9 de junio de 2025, se detectaron diversos daños y deterioros como goteras debido a su uso y el paso del tiempo y a «una falta de mantenimiento».

La reparación de estas deficiencias quedará condicionada a la resolución que ambas partes adopten mediante acuerdo en el marco del procedimiento patrimonial derivado de la finalización de la cesión temporal.

El arrendamiento de la actual sede de la Fiscalía será por un período de ocho años desde la formalización del contrato, de los cuales los cinco primeros serán obligatorios por las dos partes. Mientras, durante los tres años restantes, tanto el arrendador como el arrendatario podrán resolver el contrato mediante un preaviso de tres meses a la otra parte.

El edificio fue cedido gratuitamente hace veinte años, cuando Jaume Matas era presidente del Govern. De hecho, en enero de 2004, Jaume Matas y el Ministerio de Justicia firmaron en Palma un protocolo que preveía la cesión del inmueble para ubicar la Fiscalía. La cesión de uso gratuita se formalizó en enero de 2005 por un periodo de diez años. En 2015, se autorizó una nueva cesión gratuita por otros diez años, hasta 2025.

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