Llorenç Galmés: «A día de hoy nadie sabe cuántas plazas turísticas ilegales hay en Mallorca»

«La amnistía urbanística no pone en peligro la declaración de la Serra como Patrimonio de la Humanidad»

«La situación con los menores es insostenible, el sistema ha llegado a su límite»

«No hay un liderazgo claro en el PSOE, han actuado en contra de lo que esperaban sus votantes»

Llorenç Galmés: "Estamos trabajando contrarreloj para que la restricción a la entrada de coches entre en vigor lo antes posible"

B. Ramon

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

Presidente del Consell de Mallorca. Cumple dos años al frente de la institución insular. Repasa las principales medidas y los retos de futuro a los que se enfrenta su equipo de gobierno. Anuncia que la Ley de la Serra de Tramuntana está a punto de ser presentada. La nueva normativa permitirá crear una comisión para limitar actividades, como carreras (a pie, en moto o coche) y regulará la contaminación acústica. Respeta las manifestaciones contra la masificación, pero considera que están afrontando el problema.

¿Cuándo se hará efectiva la restricción a la entrada de coches y qué efectos tendrá?

Estamos trabajando contrarreloj para que entre en vigor lo antes posible. Hemos estado negociando con todos los partidos políticos. Nuestra intención es aprobar esta nueva regulación en el Consell Executiu en las próximas semanas y abrir un período de alegaciones. A finales de septiembre o principios de octubre podríamos aprobar definitivamente esta proposición de ley aquí para luego enviarla al Parlament y que pueda ser aprobada lo antes posible. Pero, debido a que en la anterior legislatura no se hicieron los deberes, hemos tenido que empezar desde cero en este mandato. Tuvimos que encargar un estudio de capacidad de carga que determinara la capacidad de nuestras carreteras y el número de vehículos que circulan por ellas.

Vox ya ha dicho que no le dará su apoyo, como ya hizo en Ibiza. ¿La aprobarán con la izquierda?

A día de hoy no descartamos nada. Queremos el máximo diálogo y consenso y, sobre todo, hacer entender que la voluntad del pueblo mallorquín es aprobar una regulación que limite la entrada máxima de vehículos, especialmente de coches de alquiler, y establecer una tasa con efectos disuasorios. Ya podemos decir que contamos con el apoyo mayoritario de patronales, asociaciones de coches de alquiler y otros colectivos afectados.

Una de las principales preocupaciones ciudadanas es el crecimiento poblacional. En los últimos diez años hay 100.000 nuevos residentes en Mallorca. ¿Qué decisiones se deberían tomar?

Esta decisión no debe depender de un único equipo de gobierno o de una legislatura concreta, porque afecta al presente y al futuro de esta tierra. Me alegra que el Govern haya creado una mesa de diálogo social para decidir qué modelo turístico queremos. En este momento, nuestra responsabilidad institucional es solucionar los problemas reales del día a día: mejorar infraestructuras, seguridad, sanidad, policía y servicios que no se han reforzado en los últimos ocho años. Las grandes infraestructuras de Mallorca tienen ya muchos años y es necesario dar respuestas realistas. La cuestión del crecimiento poblacional debe debatirse a nivel de toda la sociedad, porque no es responsabilidad de un solo partido o legislatura, sino un tema de país: dónde estamos y hacia dónde queremos ir.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, en la sede de la institución insular.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, en la sede de la institución insular. / B. Ramon

Mallorca puede dejar de ser un destino atractivo en diez años.

Precisamente por eso no eludimos uno de los grandes retos: la saturación turística en determinados momentos y lugares. Desde el primer día hemos actuado. Primero, reducimos un 70% la presencia en ferias turísticas. Hemos reformulado la marca turística, poniendo en valor otros activos más allá del sol y playa: cultura, medio ambiente, deporte. Hemos eliminado la palabra ‘promoción’ de nuestros estatutos y renombrado la fundación como Fundació Turisme Responsable de Mallorca. En segundo lugar, luchamos contra la oferta ilegal, que provoca saturación. Lo hacemos triplicando las inspecciones. Firmamos un acuerdo histórico con Airbnb que impedirá publicitar alojamientos sin número de registro y que eliminará los que incumplen. Esto facilitará el control por parte de nuestros inspectores.

Plataformas como Airbnb han permitido durante años el alquiler turístico ilegal porque salían ganando. ¿Ahora sí cumplirán?

Confiamos en que cumplan el acuerdo. Este es el primero de muchos, porque somos conscientes de que la oferta ilegal no desaparecerá de un día para otro. Tendremos que seguir trabajando mucho para controlar a quienes operan al margen de la ley. Sabemos que, cuando tomamos medidas, los infractores buscan nuevos métodos para llegar a clientes. Estamos satisfechos con este primer acuerdo con Airbnb, y lo vemos como el comienzo de una larga colaboración. El alquiler ilegal afecta negativamente a los residentes, y nosotros estamos trabajando para mejorar la convivencia entre residentes y turistas, situando siempre a los residentes en el centro de nuestras políticas. Queremos que Mallorca siga siendo una tierra querida por sus habitantes y atractiva para los visitantes.

¿Les preocupan las manifestaciones contra la masificación turística?

Respetamos plenamente a quienes se manifiestan, pero también estamos actuando para revertir esta situación heredada. El mayor crecimiento de plazas turísticas en la historia de Mallorca se produjo en los últimos ocho años, con 90.000 nuevas autorizaciones. Estamos ahora afrontando esa realidad y no nos desentendemos.

 ¿El techo de plazas turísticas será de 412.000?

Lo determinará el estudio de capacidad de carga que hemos encargado a la Universitat de les Illes Balears y que llevaremos al pleno para su aprobación. Se habla de 412.000 porque son las plazas actualmente registradas, y recordamos que 90.000 se autorizaron en los dos mandatos del anterior Govern. Pero el verdadero problema no es la oferta legal, sino la ilegal. A día de hoy nadie sabe cuántas plazas turísticas ilegales hay en Mallorca. Estamos dando pasos importantes para luchar tanto contra la promoción ilegal en plataformas como contra las actividades ilegales que se inician fuera del ámbito digital, que es más difícil de controlar.

¿Cómo valora la amnistía urbanística aprobada por PP y Vox en el Parlament?

No es un tema que competa directamente a esta institución, pero somos conscientes de una realidad: hay construcciones que no se pueden derribar porque han prescrito, aunque no sean legales. Ante esa situación, el Govern ha actuado. Lo primero que hay que dejar claro es que esta ley no permite construir ni un metro más. Se trata de regularizar edificaciones prescritas que tienen una antigüedad determinada y se encuentran en suelo rústico o en la Serra de Tramuntana. Los propietarios pagarán una sanción y deberán cumplir requisitos de eficiencia energética, sostenibilidad y responsabilidad ambiental. No se permitirá ninguna nueva construcción ni en la Serra ni en suelo rústico. Esta normativa responde a una demanda compartida por ayuntamientos de todos los colores: PSOE, Més y El Pi, entre otros. No va de ricos o pobres, ni de izquierdas o derechas: se trata de una realidad que había que afrontar. Además, hemos consultado con todos los órganos técnicos de la institución y en ningún momento esta regulación pone en peligro la declaración de la Serra como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los técnicos de la casa, que son totalmente objetivos, dicen que no supone ningún peligro.

Presentará dentro de poco la Ley de la Serra. ¿Qué incluirá?

Estamos a punto de finalizar el borrador de la ley, que será una realidad a principios de septiembre. Busca facilitar la gestión municipal y la de las fincas, respetando el medio ambiente, el patrimonio histórico y cultural. Dará más agilidad administrativa a agricultores, ganaderos y propietarios. Queremos evitar la despoblación de la Serra, permitiendo que las casas con antigüedad y requisitos adecuados sigan siendo habitables y se mantenga el uso agrario, porque la Serra es Patrimonio de la Humanidad. La nueva ley también permitirá crear una comisión para limitar actividades en la Serra, como carreras (a pie, en moto o coche) y regulará la contaminación acústica. Es una ley ambiciosa, dialogada con todos los sectores, que abordará tanto los problemas medioambientales como los de quienes viven allí.

El año pasado había ayuntamientos que pedían que se pudiera hacer alquiler turístico en ciertas edificaciones de la Serra de Tramuntana. Usted me dijo que lo estaban estudiando. ¿Se incluirá en esta ley?

No. Esa cuestión no se arreglará dentro de la ley ni se está estudiando. En la ley de la Serra no entraremos ni valoraremos que pueda haber ningún punto que haga referencia a esto. Por otra parte, la ley de turismo ya lo dice: está prohibido.

¿Cómo afronta la gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados?

La situación es totalmente insostenible. El sistema de protección de menores ha llegado a su límite. El año pasado ya pedimos al Gobierno ayuda económica, técnica y de espacios, y a día de hoy, después de todo un año, no hemos tenido ninguna solución. Tenemos una sobreocupación del 1.150% en nuestros centros. Ha habido un crecimiento del 650% en estos últimos años. Tres de cada cuatro menores que están dentro del sistema de protección son menores migrantes que han venido de otros países. Debe trabajarse desde el control fronterizo con mucha exigencia, para poder ayudar a estas personas que, lamentablemente, lo dejan todo y se meten en una barca para cruzar el mar en busca de un futuro mejor.

¿Le preocupa que Vox utilice políticamente este problema?

Es un clamor popular que las personas deben ser la prioridad. Están en el eje fundamental de todas nuestras políticas. Y en este momento hay una situación difícil a la que se debe hacer frente con responsabilidad moral y lealtad institucional, y hay que darle una solución rápida. También estamos en contra de la imposición de la distribución de menores de otras comunidades hacia aquí. Si no tenemos capacidad para absorber los que ya llegan, no tenemos capacidad para recibir más.

¿En qué beneficia a los ciudadanos de Mallorca la importación de la basura de Ibiza y Formentera?

A partir de 2026, se bajará un 10% la tarifa para todos los mallorquines. Ante un problema medioambiental autonómico, el Govern ha querido actuar y nos inyectará 50 millones de euros a Mallorca. Porque Mallorca ha hecho los deberes estas últimas décadas y tenemos una planta puntera, innovadora y ejemplar a nivel europeo. Además, funciona solo al 70% de su capacidad, y la llegada de residuos de Eivissa y Formentera solo supone un 1,5% del total tratado. Actualmente, entran de media 650 camiones diarios de residuos de Mallorca. Los residuos de Eivissa supondrán solo diez camiones más al día. La planta está totalmente preparada. No habrá problemas de circulación ni molestias. Agradezco al pueblo de Mallorca la solidaridad con Eivissa y Formentera.

¿Y pueden llegar también los residuos de Menorca?

Si el Govern en un momento dado quiere también dar una solución a Menorca, lo estudiaremos. La planta puede asumirlo. Creo recordar que todos los residuos de Menorca en un año equivalen a lo que entra en Mallorca en agosto. Por tanto, no es una cantidad significativa.

Su próxima contrincante será Amanda Fernández. ¿Echará de menos a Catalina Cladera?

Hay un relevo en la secretaría general, pero no hay un liderazgo claro. Han actuado de forma contraria a lo que esperaban sus votantes, y por eso les pusieron en la oposición. Ahora tienen una líder autonómica salpicada por posibles casos de corrupción relacionados con las mascarillas. Francina Armengol mintió en sede parlamentaria diciendo que no conocía a determinadas personas. El PSOE se ha aprovechado de determinadas personas para llegar al poder. Ahora no tienen liderazgo, están desorientados, y están pagando las consecuencias de haber gobernado mal y haber vendido humo.

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