"La vivienda es el mayor factor de exclusión social de Baleares" según el Govern

«La vivienda es el mayor factor de exclusión social de Balears». Esta afirmación ha sido pronunciada hoy por el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en relación con la dicotomía que supone que mientras que las islas presentan un fuerte crecimiento económico, superando ampliamente la media europea, la demanda de ayuda social no deja de incrementarse, tal y como expuso esta semana el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, al presentar la memoria de actividad de Cáritas.

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Costa ha admitido que las islas sufren un problema que va más allá del importe de los salarios, y que es el de una vivienda a la que no solo no pueden acceder las personas con retribuciones más bajas, sino incluso aquellas que se enmarcan en las clases medias.

Medidas para impulsar la vivienda

Por este motivo, el vicepresidente del Govern ha defendido las medidas que el Ejecutivo de Marga Prohens ha tomado durante esta legislatura y que se iniciaron con un decreto ley que permitió convertir los locales comerciales en residencias, ganar alturas o dividir pisos en otros más pequeños, y al que han seguido otras iniciativas como abrir la edificación en el suelo rústico de las áreas de transición.

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Sobre este punto, ha afirmado que «fijar precios máximos es engañar a la gente porque no soluciona el problema», en relación con las políticas promovidas por el Gobierno central, y ha añadido que la única forma de atajar esta situación es poner más vivienda en el mercado. Ha recordado que el sector promotor estima que el archipiélago padece un déficit de 30.000 residencias «y no para los que vendrán, sino para los que ya vivimos aquí».

Constructores como "instrumento"

Costa ha rechazado las acusaciones que se lanzan desde la oposición en relación de que el Govern busca facilitar grandes beneficios económicos a los promotores inmobiliarios, señalando que la prioridad «es que haya más vivienda para las rentas medias y bajas, y para eso los promotores y constructores son el instrumento, no el objetivo», aunque ha defendido que hay que contar con esos empresarios porque son los que edifican las nuevas residencias.

Ha puesto de relieve que los inmuebles de protección oficial y de precio tasado que se quieren desarrollar van a ir destinados a personas que lleven residiendo en las islas al menos cinco años.

Otro aspecto indicado por Antoni Costa es que otros han cometido el error de pensar que si hay menos viviendas se va a frenar el crecimiento de población que está registrando el archipiélago.

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«Lo que atrae a las personas que vienen de fuera es que van a encontrar un empleo», lo que genera el correspondiente aumento poblacional, y ha añadido que van a seguir llegando mientras puedan acceder a un puesto de trabajo aunque al final tengan que «vivir en caravanas», ha apuntado.

En su opinión, la escasez de residencias es lo que explica su encarecimiento y provoca exclusión social, pero ha admitido también que el archipiélago necesita redirigir su modelo económico para frenar ese crecimiento en volumen y hacer que se centre en el aumento del valor añadido.

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