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Socorristas de Mallorca vuelven a alzar la voz tras la muerte de una mujer en Playa de Palma: "Si hubiera habido servicio, puede ser que hubiese sido salvada"

El fallecimiento ocurrió justo antes del inicio oficial del turno de socorristas, hecho que ha vuelto a poner en evidencia las deficiencias del servicio de salvamento en las playas de la isla

Dos socorristas en la Platja de Palma en una imagen de archivo.

Dos socorristas en la Platja de Palma en una imagen de archivo. / D.M.

Jordi Sánchez

Jordi Sánchez

Palma

La muerte de una mujer este lunes por la mañana en Playa de Palma, justo antes del inicio oficial del turno de socorristas, ha vuelto a poner en evidencia las deficiencias del servicio de salvamento en las playas de Mallorca. El fallecimiento se suma al incidente ocurrido hace unas semanas en Peguera, donde otra mujer estuvo a punto de ahogarse. Ambos casos ocurrieron fuera del horario operativo del personal de socorrismo, lo que ha desatado una nueva oleada de críticas del colectivo.

Un socorrista que prefiere mantenerse en el anonimato ha explicado a este diario que el principal problema radica en la figura del “socorrista reactivo”, una figura introducida en 2015 por el Govern que ha derivado en una cobertura "ficticia" del servicio. “El reactivo ha acabado siendo un acto administrativo que deben suscribir los concesionarios, pero no hay vigilancia efectiva. No están vigilando nada. La señora murió y la levantó un compañero que estaba entrenando. ¿Cuánto tiempo estuvo flotando? Si hubiera habido servicio, puede ser que hubiese sido salvada”, denuncia el profesional.

Desde 2005, la normativa balear establece mínimos para el salvamento en las playas, incluyendo la obligatoriedad de contar con socorristas cuando hay actividad económica -como chiringuitos o servicios de hamacas-. Sin embargo, en 2015 se introdujo el concepto de “reactivo”, permitiendo que concesionarios incorporen a su plantilla a socorristas o a personal con el título correspondiente, aunque en muchos casos estos acaban siendo hamaqueros u otro tipo de trabajadores sin formación profesional ni funciones reales de vigilancia. “El reactivo es una figura que no existe realmente”, recalca el socorrista. “Estamos perdiendo credibilidad en el concepto de seguridad. Un operativo bien hecho no puede empezar a las 11. A esa hora ya está la playa llena y todo el mundo en el agua, a 40 grados, sin que nadie los mire”.

Los problemas, asegura, van más allá del horario. Critica la falta de competencias de quienes redactan los pliegos técnicos, la ausencia de una fiscalización efectiva por parte de los ayuntamientos y la pasividad de la Dirección General de Emergencias: “No legislan cuándo debe empezar el servicio, ni controlan dónde se mueve el reactivo. Es una falta de competencia mayúscula. Lo que trae gente a las playas es la explotación que hay allí, pero si no somos capaces de establecer bien el dispositivo, esto seguirá pasando”.

"Pone en riesgo vidas humanas"

La Unión de Socorristas de Mallorca también se ha pronunciado con contundencia tras el fallecimiento en Playa de Palma. En un comunicado, denuncian que esta muerte “expone nuevamente la negligente falta de cobertura en los tramos horarios más críticos del día, donde la afluencia de personas y la apertura del servicio de hamacas es notoria, incluso antes del izado de las banderas en los puestos”.

Los socorristas culpan directamente a la Dirección General de Emergencias “por no garantizar un dispositivo de salvamento activo desde primera hora de la mañana, por no fiscalizar la obligatoriedad de socorristas reactivos en condiciones acordes al uso intensivo de nuestras playas y la explotación controlada”. Aseguran que esta omisión “pone en riesgo vidas humanas y contradice toda lógica preventiva”.

El colectivo reclama una “cobertura integral del servicio desde antes del inicio de la afluencia masiva, no a las 11:00”, así como la “revisión inmediata de los pliegos técnicos que permiten estas coberturas deficitarias y peligrosas” y la “supresión de figuras ficticias como la del ‘reactivo’ si no hay garantía de presencia operativa y efectiva desde primera hora”. También exigen la apertura de una investigación administrativa “para depurar responsabilidades institucionales y contractuales”.

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