El Govern considera insuficientes los 2 millones del Estado para atender a menores migrantes no acompañados
El Ejecutivo balear ha respaldado la ayuda pese a considerarla escasa, al entender que esta contribución "es mejor que ninguna"

Una patera de migrantes en el Mediterráneo.
El Govern balear ha considerado "insuficientes" los dos millones de euros que el Ministerio de Juventud e Infancia destinará a Baleares para cubrir los gastos derivados de la atención a menores migrantes no acompañados. La conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha participado hoy en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se ha aprobado el reparto de un fondo de 22 millones de euros entre Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.
En un comunicado, el Ejecutivo autonómico recuerda que, solo en Formentera, el Consell Insular ha destinado 3,5 millones de euros a esta cuestión, lo que a su juicio pone en evidencia que los 2 millones previstos para todas las islas son "manifiestamente insuficientes".
Sin embargo, el Ejecutivo balear ha respaldado la ayuda pese a considerarla escasa, al entender que esta contribución "es mejor que ninguna", dada la "compleja situación económica" que atraviesan los consells insulares para atender a estos menores y jóvenes.
Además, el Govern ha reclamado al Gobierno central que abra un canal de diálogo con países de origen como Argelia para frenar la llegada de personas migrantes de forma irregular a las islas, una situación que, según advierten, pone en riesgo sus vidas. "Lo hemos visto estos últimos días, con situaciones dramáticas relacionadas con la inmigración irregular", subrayan.
El Govern también ha recordado que las competencias en materia migratoria son del Ejecutivo central y, en este sentido, le insta a asumirlas plenamente, tanto en lo que respecta a los menores no acompañados como en el resto de funciones.
La reunión sectorial de este viernes ha abordado el debate sobre el nuevo real decreto que regula el procedimiento para la reubicación y traslado de menores migrantes no acompañados en caso de contingencia migratoria extraordinaria. El texto, que puede modificarse por unanimidad de las autonomías, detalla cómo se realizarán los traslados, establece la participación de la Fiscalía y prevé que los traslados sean responsabilidad de la comunidad de origen, con financiación estatal.
La Comunidad de Madrid, junto a otras diez comunidades autónomas —incluidas algunas gobernadas por el PSOE como Castilla-La Mancha— ha tachado el texto de "inconstitucional" y ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Entre sus críticas figura la falta de consenso con las comunidades, el riesgo de colapso de los centros de menores y la necesidad de una política migratoria clara a nivel estatal.
Mientras, Canarias ya ha anunciado que pedirá reforzar el acompañamiento de los menores trasladados con personal de las fuerzas de seguridad del Estado y una mayor implicación de la Fiscalía de Menores en los procesos. En total, se han aprobado 22 millones de euros para los territorios que más presión migratoria soportan: Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) y Baleares (2).
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