La administradora concursal de la empresa Lujo Casa: “Ninguna de las 32 promociones tenía licencia para ejecutar las obras”

La administradora concursal de la empresa investigada Promociones Lujo Casa Baleares ha indicado hoy en el macrojuicio en la Audiencia de Palma por la presunta estafa inmobiliaria cifrada en más de tres millones de euros, que dejó 240 afectados con promociones fantasma en toda Mallorca en 2015 y 2016, que ninguna de las 32 promociones ofertadas “tenía licencia para ejecutar las obras”.

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La abogada ha sido la primera testigo en declarar en la vista oral iniciada hoy ante el tribunal de la Sección Segunda. La letrada ha desgranado una serie de irregularidades detectadas en la sociedad: “No había contabilidad oficial; era imposible acometer esa inversión, no había financiación propia ni externa”.

Según su versión, se encontraron 38 promociones al analizar la documentación de la Guardia Civil. “De las 38, había 18 promociones que tenían un coste de ejecución de más de 34 millones de euros. El capital social de la empresa era de 6.000 euros, en realidad un vehículo del socio fundador que se lo dio a su hermano y que nunca estuvo a disposición de la sociedad”, ha subrayado la administradora concursal.

“Era imposible acometer esa inversión, no había financiación propia ni externa procedente de entidades bancarias. Solo se adquirieron siete solares para siete promociones”, ha recordado la testigo.

“Las promociones no tenían licencia. Solo se encontró una licencia para derribar una casa que había en un solar. No se pagaron los permisos. En el registro mercantil, nunca presentó ninguna contabilidad esta sociedad. No hubo ampliación del capital social de la empresa”, ha remarcado la abogada.

Irregularidades en los contratos

“En los contratos que me entregan de compradores sobre plano observo irregularidades. En el contrato figura un interviniente, pero la firma es de otro. Los contratos los firmaba Carlos García Roldán que entonces no era administrador ni apoderado”, ha señalado.

“Hay trabajadoras ficticias, que no han trabajado nunca para la empresa. Una obtuvo 21.300 euros. Otra tenía contrato y no trabajaba. De las cuentas salen 16.000 euros sin justificar”, ha manifestado la administradora concursal.

La profesional ha enumerado multitud de pagos a terceros que no se justifican con la actividad de la promotora inmobiliaria por un montante de casi un millón de euros. “Hay compras en casinos, viajes, joyerías, clubs de jazz, restaurantes…”, ha indicado ante la Sala. También hay desviaciones de efectivo. “El dinero conforme entra, sale”, ha añadido.

“Las sociedades eran controladas por Carlos García Roldán y Michele Pilato”, ha destacado. El primero, considerado el cerebro de la trama, se enfrenta a 16 años y medio de prisión y el segundo, a nueve años de cárcel. Ambos están acusados de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Según su versión, ambos pagaban al 50 por ciento al personal y también el alquiler de la oficina. “En marzo de 2018 Carlos dejó de atender a clientes”, ha rememorado.

“La principal causa de la insolvencia es que no hay dinero para hacer frente a esas inversiones y eso se sabe desde el minuto uno. No hay dinero suficiente, el fondo de maniobra es irrisorio”, ha reiterado la testigo.

“Se daba todo tipo de facilidades a los compradores, para poder cambiar las viviendas, poder cambiar los planos… Una empresa seria y solvente no puede dar todo tipo de facilidades. Eran casas a la carta”, ha asegurado la mujer.

“Se decía en las páginas web que tenían años de experiencia, que habían construido otras promociones, todo eso no es cierto. Se decía que la construcción era inmediata y que tenían licencia. Eso se ofertaba así”, ha hecho hincapié la administradora concursal.

La abogada también ha mencionado una agenda con instrucciones de Carlos García Roldán y Michele Pilato que recoge pagos en B.

“No había avales. Crearon un aval falso, la propia sociedad se avala a sí misma y decía que van a devolver los anticipos. A los compradores que oyeron campanas, se les hacía este documento, la sociedad se avalaba a sí misma”, ha lamentado la letrada.

La testigo ha explicado que el pasivo de la empresa concursada era de 4,8 millones de euros, de los que se habían recuperado 1,3 millones con la venta de un solar.

El macrojuicio prosigue esta tarde con la declaración de varios guardias civiles.

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