PP y Vox permitirán construir en suelo rústico sin agotar el urbanizable en Palma
Las áreas de transición que se podían clasificar debían tener hasta ahora un diámetro mínimo de 350 metros, si bien a partir de ahora solo hará falta que sean 100 metros
Esto permitirá que todas las áreas de transición pegadas a suelo urbano y urbanizable se podrán clasificar sin control

Suelo rústico en s'Arenal en el que se podrá urbanizar. / Guillem Bosch

PP y Vox han aprobado en el Parlament la posibilidad de construir en suelo rústico en Palma, incluso si no se ha agotado el suelo urbanizable disponible, en los municipios con más de 20.000 habitantes —como Palma, Calvià, Marratxí, Manacor o Inca—, donde se podrán recalificar determinadas zonas de suelo rústico, conocidas como “áreas de transición”, para uso residencial.
Hasta ahora para poder clasificar suelo rústico como área de transición debía justificarse que los suelos urbanizables no se podían desarrollar. La propuesta era que para transformar este suelo rústico tenías que estar pegado a suelo urbano, pero a partri de ahora se podrá transformar incluso si estás pegado a suelo urbano o suelo urbanizable.
Para todos los municipios de más de 20.000 habitantes, ahora también se permitirá que se clasifique como suelo rústico cuando esté junto a un suelo urbanizable, mientras que con la redacción anterior solo podía hacerse cuando estaba junto a suelo urbano. Al mismo tiempo, las nuevas modificaciones reducen las dimensiones que deben tener las Áreas de Transición en Palma y en los demás municipios, pasando de tener que contar con un área de 350 metros de diámetro a 100 metros de diámetro.
Por tanto, uno de los puntos clave del decreto es que elimina la obligación previa de agotar el suelo urbanizable, lo cual suponía hasta ahora un límite legal para expandir la construcción hacia zonas rurales. Esta flexibilización se argumenta desde PP y Vox como necesaria para responder a la presión habitacional y facilitar la creación de vivienda.
Aparcamientos en HPO
En paralelo, se han introducido cambios significativos en la normativa urbanística. Uno de los más relevantes es la supresión de la exigencia de dotar de plaza de aparcamiento a cada vivienda protegida. Esta exención se aplicará en promociones de nueva planta, ampliaciones que generen exceso de edificabilidad, o cambios de uso en suelo urbano, siempre que se destinen a vivienda pública o de precio limitado.
Según el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, la decisión sirve para “abaratar costes y desbloquear suelo”, argumentando que el aparcamiento obligatorio supone una barrera adicional a la construcción.
Críticas del PSOE
El portavoz del PSOE, Iago Negueruela, acusa al Govern de Prohens de "mentir" y de poner en marcha una "campaña de desinformación" para tratar de desmentir las denuncias y advertencias que está haciendo su partido junto a otros grupos de izquierda sobre los peligros reales que supondrá esta normativa para el suelo rústico de las Islas.
Negueruela y el regidor del PSOE en Palma, Pepe Martínez, hacen un llamamiento a todos los ayuntamientos para que no se acojan a esta nueva normativa por las “barbaridades” que plantea, sin contar con las planificaciones municipales.
El dirigente socialista denuncia que un primer punto es que el PP sostenía que debían agotarse los suelos urbanizables, en Palma y en municipios de más de 20.000 habitantes, antes de construir en áreas de transición en suelo rústico. "Eso no es cierto, porque el texto dice que se puede empezar a construir en rústico al mismo tiempo que en suelos urbanizables, por tanto, sin agotar lo urbanizable", insiste el socialista.
Este punto, que Negueruela califica de “coladero” para construir más en suelo rústico, se agrava "aún más" cuando las enmiendas transaccionales añaden el motivo de “emergencia habitacional” para construir en zonas de transición en suelo rústico. "Otro ejercicio de cinismo, ya que mientras el Govern reconoce la emergencia habitacional en las Islas para poder construir prácticamente en todo el suelo rústico, esa emergencia no existe para declarar el territorio como zona tensionada y poder así limitar los precios del alquiler", lamenta.
"El primer responsable es el PP, en connivencia con Vox y determinados promotores con nombres y apellidos, que han negociado este decreto ley. Lo han hecho de una forma tan burda que ya están perdiendo las formas, introduciendo prácticamente textos nuevos, con frases tachadas a bolígrafo en el mismo texto, donde se agravan aún más las situaciones que el PSOE ya había denunciado", añade.
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