Costa defiende la amnistía urbanística en la Serra: "La intención es hacer borrón y cuenta nueva, pero no se añadirá ni un palmo más"

"Es injusto que no se puedan legalizar inmuebles que han cometido infracciones antes de 1991". El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha salido este martes al paso de las críticas y la polémica generada por la inclusión de la Serra de Tramuntana en la nueva amnistía para obras ilegales, impulsada por Vox y el PP. Costa ha sido tajante al afirmar que la medida no abre la puerta a nuevas construcciones en este paraje protegido, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y Patrimonio de la Humanidad. "Ni un palmo más es necesario. Está prohibido construir en la montaña y seguirá estándolo", ha sentenciado.

Regularización de edificaciones históricas, no nuevas obras

Las declaraciones de Costa buscan clarificar el alcance de la enmienda transaccional, pactada entre Vox y PP, que ha generado preocupación en la oposición socialista y en el Consell de Mallorca. La diputada del PSIB, Mercedes Garrido, había alertado de que la medida equipararía la Serra de Tramuntana al resto del territorio en cuanto a la prescripción de infracciones urbanísticas, permitiendo la legalización de obras ilegales tras ocho años. Sin embargo, Costa ha desmentido rotundamente esta interpretación, calificándola de "sencillamente mentirosa".

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El conseller ha explicado que la amnistía urbanística se limitará a la regularización extraordinaria de edificaciones ya existentes y cuyas infracciones se hayan iniciado antes de 1991. Esto significa que solo las construcciones con más de 35 años de antigüedad podrían acogerse a esta medida. "Solo prescribirán las infracciones urbanísticas si se han comenzado antes de la ley de espacios naturales de 1991", ha detallado.

Solo prescribirán las infracciones urbanísticas si se han comenzado antes de la ley de espacios naturales de 1991

Costa ha justificado la medida como una forma de corregir "injusticias" para inmuebles construidos hace décadas que, bajo la legislación actual y la interpretación de los técnicos del Consell de Mallorca –que sostienen que las infracciones en un BIC no prescriben nunca–, eran imposibles de legalizar. Ha puesto como ejemplo el caso de una vivienda construida en 1989 en un municipio como Campanet, que hasta ahora no podía regularizarse.

Control municipal para las actividades económicas

La regularización extraordinaria tendrá un plazo de tres años y "no será gratuita", ha subrayado el vicepresidente. Los propietarios deberán abonar las tasas y tributos correspondientes, además de un recargo extraordinario que irá del 10% al 15% del valor de la obra (10% si se legaliza en el primer año, 12,5% en el segundo y 15% en el tercero), lo que Costa considera un "incentivo" para la legalización. Asimismo, se exigirá el cumplimiento de condicionantes ambientales, como por ejemplo la homologación de fosas sépticas.

En relación a la preocupación por la legalización de actividades económicas en suelo rústico, como discotecas, y la posibilidad de legalizar dos inmuebles en la misma parcela, Costa ha aclarado que la opción de regularizar dos viviendas en una misma parcela ya existía, aunque no permitía su segregación sin una parcela mínima. Respecto a las actividades económicas, ha enfatizado que la nueva normativa otorgará a los municipios la potestad de decidir si permiten o no la modernización y, por tanto, la legalización de este tipo de actividades en su término.

El vicepresidente ha insistido en que esta medida forma parte del programa de gobierno del Partido Popular y busca un "borrón y cuenta nueva" para situaciones de ilegalidad históricas donde la Administración ya no puede actuar legalmente debido a la prescripción de la infracción.

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