Vox y PP deciden incluir la Serra de Tramuntana en la nueva amnistía para obras ilegales

Los socialistas destacan que también se facilita la legalización en suelo rústico de instalaciones como discotecas

Las medidas fijadas por ambas organizaciones van contra del criterio del Consell de Mallorca

Instalaciones ilegales levantadas en la Serra de Tramuntana también se van a poder regularizar.

Instalaciones ilegales levantadas en la Serra de Tramuntana también se van a poder regularizar. / M. Mielniezuk

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

La ampliación de la amnistía para obras ilegales que Vox y PP pretenden impulsar va a afectar también a la ‘joya de la corona’ del territorio mallorquín, como es la Serra de Tramuntana, y además con una actuación que va en contra del criterio mantenido por el Consell de Mallorca durante esta legislatura al considerar sus técnicos que las instalaciones que vulneran la legalidad en una zona declarada paraje pintoresco y Bien de Interés Cultural no prescriben.

En la enmienda transaccional presentada por Vox y pactada con el PP, según se reconoce desde la primera de estas formaciones, se decide que en la zona declarada «paraje pintoresco» de «la costa noroeste de Mallorca», es decir, la Serra de Tramuntana, se aplicarán las mismas reglas que para el resto del territorio a la hora de ampliar la citada amnistía urbanística, lo que supone que las instalaciones ilegales podrán prescribir a los ocho años de su conclusión, permitiendo su regularización una vez que estas medidas se aprueben junto a la ley que va a impulsar los proyectos residenciales estratégicos.

La diputada del PSIB Mercedes Garrido recuerda que en 1972 la Serra de Tramuntana fue declarada pasaje pintoresco, al tiempo que en 1985 la ley estatal de Patrimonio fijó que estos espacios pasaban a ser Bienes de Interés Cultural (BIC). Eso supone que cualquier actuación que se desarrolle en este espacio debe de pasar por la comisión de Patrimonio del Consell de Mallorca. El criterio defendido por los técnicos de esta última Administración es que las infracciones urbanísticas en un BIC no prescriben nunca, por lo que no pueden ser legalizadas.

Pues bien, en la enmienda de Vox acordada con el PP (la oposición señala que se nota que ha sido redactada por los populares porque está escrita en catalán), se decide que a la hora de determinar si se pueden adoptar medidas para el restablecimiento de la legalidad (es decir, otorgar la citada amnistía), en la Serra de Tramuntana se aplicarán las mismas reglas que en el resto del territorio, y en ese documento se especifica que las ilegalidades en esta materia prescribirán a los ocho años en el suelo rústico protegido.

Mercedes Garrido, diputada del PSIB

Mercedes Garrido, diputada del PSIB / M. Mielniezuk

La diputada socialista subraya que en esa enmienda se abre esa posibilidad incluso en las áreas clasificadas como zonas de exclusión en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana aprobado en 2007, que tienen la categoría de suelo rústico protegido.

Mayor alcance

La importancia de este punto, según Mercedes Garrido, se multiplica si se tiene en cuanta que la amnistía urbanística aprobada durante el mandato del popular José Ramón Bauzá al frente del Govern balear afectó exclusivamente a las viviendas, mientras que en la impulsada por el Ejecutivo de Marga Prohens, con el respaldo de Vox, se contempla la posibilidad de legalizar todo tipo de instalaciones, construcciones y usos.

Eso supone, según pone de relieve la representante del PSIB, que el actual Gabinete del PP se ha atrevido a ir hasta donde nadie más había llegado hasta ahora a la hora de llevar el perdón a obras ilegales desarrolladas en suelo balear, y destaca la gravedad de las iniciativas que ahora se pretenden aprobar.

Hay que recordar que la aprobación de la incorporación de las enmiendas y transaccionales a la futura ley sobre los proyectos residenciales estratégicos se debe de aprobar en la Comisión de Vivienda que se va a reunir este miércoles en el Parlament, y que desde la oposición ya se anuncia como extremadamente tensa por las fuertes confrontaciones que se van a mantener contra las posturas de PP y Vox.

En este aspecto, hay que recordar que esas enmiendas abren extraordinariamente la mano a la legalización de instalaciones irregulares en suelo rústico, incluso con la posibilidad de saltarse los parámetros de habitabilidad, lo que supone regularizar lo que se califica como infraviviendas.

Usos regularizados

Pero hay otro cambio que estas formaciones pretenden aplicar a través de la citada enmienda de Vox, y es la decisión de favorecer la legalización de instalaciones relacionadas con usos que habían quedado prohibidos, una irregularidad que desde la legislatura de José Ramón Bauzá ya no prescribía nunca, y su legalización pasaba a depender de que el Ayuntamiento correspondiente decidiera autorizar esa actividad prohibida.

Pues bien, lo que ahora se quiere aprobar es que la legalización de un uso será posible salvo que el Consistorio correspondiente lo prohíba expresamente, dando un giro de 180 grados al criterio mantenido hasta ahora. Si en estos momentos solo se puede regularizar una actividad si el Ayuntamiento da el visto bueno a la misma, con la futura ley se podrá hacer con todas salvo las que estén prohibidas por esta Administración local.

Instalaciones de la antigua discoteca Dhraa, en Manacor

Instalaciones de la antigua discoteca Dhraa, en Manacor / Toni Miquel

Mercedes Garrido destaca que Mallorca tiene un ejemplo muy claro de una instalación que con esta medida podrá regularizar su uso, y es el de la antigua discoteca Dhraa situada en suelo rústico del municipio de Manacor y adquirida hace algunos años por un empresario alemán.

La diputada socialista se declara convencida de que la enmienda impulsada por PP y Vox para ampliar la amnistía urbanística inicialmente aprobada se debe a que quedaron fuera de la misma propietarios de instalaciones irregulares «con nombres y apellidos».

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