Los grupos de oposición organizan un frente común para parar la ampliación de la amnistía urbanística

Todos los partidos de izquierdas representados en el Parlament han decidido hacer frente común en un intento de frenar la ley de urbanismo respaldada por PP y Vox desde la que se quieren impulsar los proyectos residenciales estratégicos y además ampliar la amnistía urbanística inicialmente aprobada durante la presente legislatura. PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos han registrado un escrito ante la Mesa del Parlament en el que reclaman que se suspenda la tramitación de la citada normativa, que se califica «del pelotazo», hasta que no se resuelva la enmienda de Vox para ampliar la legalización de instalaciones irregulares, presentada como transacción a otra del PP, y que según la oposición se presentó fuera del plazo establecido

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Estas formaciones de izquierdas alegan que los dos partidos conservadores han abusado de la mayoría de que disponen, para forzar el reglamento de la Cámara balear con el objetivo de modificar la amnistía urbanística y «permitir legalizar viviendas plurifamiliares en suelo rústico, legalizar infraviviendas en suelo rústico, y legalizar viviendas en suelo rústico protegido, ya que la enmienda en cuestión cambia los términos de prescripción en suelo rústico protegido, ya que si antes no prescribía nunca una infracción, para la legalización que se busca ahora prescribirá a los ocho años», tal y como adelantó Diario de Mallorca el pasado sábado.

Fuera de plazo

Según la denuncia de los grupos de la oposición, durante la tramitación de las enmiendas se admitió una del PP fuera de plazo «disfrazada de transacción», un hecho que en opinión de las citadas formaciones supone «una discriminación para el resto de los diputados» que se han tenido que ajustar a los términos establecidos para presentar sus enmiendas.

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Por ello, se ha reclamado a la Mesa del Parlament que se reconsidere la transaccional de Vox y que sea retirada del informe de la ponencia del proyecto de ley urbanístico.

Como medida cautelar y con el fin de «salvaguardar tanto los derechos constitucionales de los diputados como de la tramitación ajustada al reglamento del Parlament», se reclama igualmente que se suspenda el debate en comisión del informe de ponencia, que se ha fijado para este miércoles, a la espera de que la Mesa y la Junta de Portavoces resuelvan la consideración que se ha planteado.