La izquierda pide que se suspenda la tramitación de la ley de urbanismo por vulnerar el reglamento del Parlament

Denuncian que se ha admitido una enmienda presentada fuera de plazo que fija en ocho años el plazo de prescripción para las obras en suelo rústico protegido

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, firmando el acuerdo de presupuestos

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, firmando el acuerdo de presupuestos / PP

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

Los grupos parlamentarios del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han registrado este lunes un escrito en la Mesa del Parlament balear solicitando la suspensión de la tramitación de la nueva ley de urbanismo. La petición se fundamenta en una presunta vulneración del reglamento parlamentario tras la admisión de una enmienda presentada por Vox como transaccional a una enmienda del PP, pero que fue registrada fuera del plazo establecido.

Según denuncian los grupos de izquierda, esta maniobra parlamentaria busca modificar de nuevo la normativa sobre amnistía urbanística, lo que permitiría legalizar viviendas plurifamiliares e infraviviendas en suelo rústico, incluso en suelo rústico protegido. En concreto, la enmienda en cuestión cambiaría el régimen de prescripción de infracciones urbanísticas en este tipo de suelo, que hasta ahora no prescribían nunca, pero que con la nueva propuesta podrían prescribir a los 8 años.

"Uso abusivo de la mayoría"

Para las formaciones progresistas, se trata de un uso abusivo de la mayoría parlamentaria por parte del PP y Vox, lo que a su juicio supone una discriminación hacia el resto de diputados que sí se ajustaron a los plazos para presentar sus propias enmiendas. “Han disfrazado una enmienda fuera de plazo como si fuera transaccional para sortear el reglamento”, denuncian.

Los grupos firmantes han pedido a la Mesa del Parlament que reconsidere la admisión de dicha enmienda transaccional y que se elimine del informe de la ponencia del proyecto de ley urbanística. Como medida cautelar, también reclaman la suspensión del debate en comisión previsto para el miércoles 25 de junio, hasta que tanto la Mesa como la Junta de Portavoces se pronuncien sobre la cuestión.

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