Vox y PP amplían la amnistía a casas ilegales en rústico incluido el protegido

Vox y PP pretenden ampliar la amnistía a las edificaciones ilegales levantadas en suelo rústico, incluso las que se encuentran en terrenos protegidos. En una enmienda presentada por la primera de estas formaciones (que ha sido pactada con el PP según se aclara desde la formación de ultraderecha) a la ley que se quiere aprobar para la creación de los proyectos residenciales estratégicos se abre todavía más la mano a la hora de legalizar actuaciones irregulares. Para empezar, se incorpora un plazo de ocho años a la hora de fijar la prescripción de las ilegalidades cometidas en áreas protegidas, pero además en una misma parcela rústica se va a posibilitar la regularización de más de una instalación, incluso de viviendas que no respetan los parámetros de habitabilidad.

El Govern ratifica la amnistía urbanística para las edificaciones ilegales en suelo rústico

Desde Vox se justifica esta enmienda pactada con el PP (desde la oposición se ironiza respecto a que se nota que ha sido elaborada por este segundo partido porque está escrita en catalán) alegando que lo que se ha buscado es «subsanar» la redacción del decreto ley de simplificación administrativa que impulsó el Govern de Marga Prohens, y que fijó los términos iniciales de esa amnistía urbanística, debido a que no estaba siendo lo útil que se esperaba «porque así como estaba redactada imposibilitaba llevar a cabo en la práctica la legalización». Por ello, Vox rechaza que se trate de una ampliación de la amnistía sino que considera que se trata de un cambio para hacerla «efectiva».

Sin embargo, resulta evidente que la enmienda acordada por Vox y PP va a suponer un incremento de las instalaciones ilegales levantadas en suelo rústico que se van a poder regularizar.

Principales modificaciones

En el caso del suelo rústico protegido, en un primer momento se permitía la legalización de aquellas construcciones levantadas antes de que su uso quedara prohibido una vez transcurrido el plazo de prescripción correspondiente. Ahora además se especifica que la regularización se podrá hacer efectiva si han pasado ocho años desde que la obra se realizó.

Sobre este punto, la diputada socialista Mercedes Garrido, destaca que las ilegalidades en rústico protegido no prescriben.

Mucho más impacto va a tener otro de los puntos de la enmienda, en el que se determina que en el suelo rústico común se dispondrá de un periodo de tres años para regularizar las instalaciones prescritas «sin que sean de aplicación las condiciones y los parámetros de habitabilidad, urbanísticos, incluido el número máximo de viviendas por parcela, y de ordenación territorial aplicables con carácter general a las edificaciones, construcciones y usos».

Mercedes Garrido pone de relieve el coladero que este redactado va a suponer, y que incluso implica convertir los terrenos rústicos en zonas ‘plurifamiliares’, no porque se puedan levantar en ellas edificios de varias alturas, sino porque posibilita que en una misma parcela convivan varias residencias.

Según la representante del PSOE, entre los grandes beneficiados por esa medida van a estar los propietarios de «chaletarros», es decir, de personas de elevado poder adquisitivo.

Eso se explica porque en estas propiedades se han levantado muchas casas con piscina de forma legal, pero a las que se han adicionado construcciones más pequeñas para contar con una pequeña residencia para invitados o una caseta junto a la citada piscina y todo ello sin contar con los permisos necesarios.

También se señala la regularización de ilegalidades cometidas en parcelas compradas por varias personas, en ocasiones familiares, y en las que se ha levantado más de una vivienda, cuando solo se puede contar con una.

Este tipo de prácticas, se añade, fueron muy habituales durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, y desde el PSOE se pone de relieve que estas situaciones son muy numerosas en los alrededores de Palma y en el Pla de Mallorca.

Infraviviendas

La medida impulsada por Vox y PP va más allá, al permitir la legalización dejando al margen los «parámetros de habitabilidad», lo que supone dar pie a infraviviendas que queden por debajo de los 25 metros cuadrados exigidos como superficie mínima, a la transformación de sótanos en apartamentos, o a permitir que haya dependencias sin ventanas (algo que solo se permiten en el caso de los baños) y sin ventilación, según se señala desde el grupo socialista.

Este punto es considerado por Mercedes Garrido como «importantísimo» por cuanto supone saltarse toda la normativa destinada a que las residencias cumplan con unas condiciones mínimas para que sus ocupantes puedan vivir dignamente.

Queja de la oposición

Desde la oposición se cuestiona no solo el contenido y el impacto de la enmienda, sino también la forma en la que ha sido incorporada.

Mercedes Garrido recuerda que tanto su partido como los representantes de Més se opusieron a la introducción de este documento «a la fuerza» por parte de PP y Vox, negándose a participar en su votación.

Vox boicotea su propia exigencia de que se construyan viviendas en suelo rústico de Baleares

La polémica en torno a esta enmienda se suma a la que también han generado otras presentadas por Vox y acordadas con el PP en relación con la posibilidad de edificar viviendas en el suelo rústico correspondiente a las áreas de transición que se quieren incorporar en la citada ley.

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