Vivienda
Vox boicotea su propia exigencia de que se construyan viviendas en suelo rústico de Baleares
La formación de ultraderecha presenta enmiendas para que solo se puedan usar las áreas de transición cuando se agote el suelo urbanizable y deja fuera a Palma

Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlament / G. Bosch

Vox ha boicoteado su propia exigencia al Govern de Marga Prohens de que se deje construir viviendas en las áreas de transición de las islas que actualmente se mantienen como suelo rústico, al presentar enmiendas a la ley que desarrolla los proyectos residenciales estratégicos que son extraordinariamente restrictivas a la hora de hacer posible esa posibilidad, y que incluso han llevado al grupo parlamentario del PP a intentar paliar ese bloqueo. Algunos de los empresarios dedicados a la promoción inmobiliaria de las islas sostienen que «alguien le ha tomado el pelo» a la formación de ultraderecha, al considerar que se le han entregado unas enmiendas ya redactadas para que las presentara y que en realidad suponen poner obstáculos a lo que habían sido sus intenciones iniciales, tesis que también se esgrime desde el PSIB.
La intención inicial del Govern era aprobar una nueva norma que facilitara el desarrollo de los terrenos urbanizables existentes en Palma, ampliando la cifra de viviendas permitidas y que la mitad de ellas sean de precio limitado y no de protección oficial, siendo las primeras un 30% más caras. La exigencia de Vox para respaldar esta iniciativa fue que debía de permitirse hacer lo mismo en las áreas de transición, que son todavía suelo rústico, en todos los municipios con más de 20.000 habitantes.
Enmienda de Vox
La sorpresa aparece cuando en una de las enmiendas de Vox a esta futura ley se deja fuera a Palma de esa posibilidad (cosa que el PP ya ha anunciado que va a modificar mediante la presentación de una transaccional al texto de la formación de ultraderecha), pero muy especialmente cuando en otra exige que para poder desarrollar las citadas áreas de transición el Ayuntamiento correspondiente deberá fundamentar su decisión en «razones de interés público prevalente y motivar en virtud de las circunstancias que técnica, económica o urbanísticamente imposibiliten la transformación de los suelos urbanizables existentes en el municipio».

Mercedes Garrido, diputada del PSIB. / G. Bosch
Con ese redactado, según subraya la diputada socialista Mercedes Garrido, mientras haya suelo urbanizable disponible no se podrá hacer uso de las áreas de transición (rústico), lo que deja de nuevo a Palma fuera de juego, ya que tiene sobrados terrenos de ese tipo. Pero es más, la representante del PSIB destaca que en el caso de Mallorca solo Calvià tiene más de 20.000 residentes y unas reservas de urbanizable muy limitadas, quedando como el único municipio con opciones de hacer uso de esa posibilidad.
El PP ha intentado corregir esta situación con la presentación de transaccionales para modificar las enmiendas de Vox. Así, pretende que Palma también pueda edificar en las áreas de transición, aunque los grupos de la oposición han impedido por ahora que incorpore ese cambio en las reuniones de Ponencia que se han celebrado.
Lo llamativo es que los populares anunciaron otra transaccional para que la limitación que impide que se edifique en rústico si queda suelo urbanizable por desarrollar no se aplique en el caso de que los ayuntamientos declaren su municipio como zona de emergencia habitacional, pero han optado por retirarla en la reunión de Ponencia celebrada esta semana.
Autoboicot de Vox
De mantenerse esta situación, destaca Garrido, el uso del suelo rústico de las áreas de transición quedaría prácticamente vetado en todas las islas con la excepción de las poblaciones de más de 20.000 habitantes en las que el urbanizable está casi agotado, dando al traste con la exigencia de Vox de que pudiera hacerse precisamente por culpa de las enmiendas que este mismo partido ha presentado.

Sebastià Sagreras, portavoz del PP en el Parlament / G. Bosch
La diputada socialista recuerda que en sus comparecencias previas, los portavoces del PP y de Vox en el Parlament, Sebastià Sagreras y Manuela Cañadas respectivamente, habían anunciado que las enmiendas a la citada ley se iban a elaborar de forma conjunta y que repartirían su presentación, de ahí que llegue a la conclusión de que una situación tan absurda como la que se ha generado (Vox pide una medida y luego la sabotea con sus propias enmiendas) solo se explica porque alguien externo a esta formación redactó la forma en que debía de quedar el texto definitivo buscando poner esos límites. Eso explicaría también la apreciación de algún empresario promotor de que a la formación de ultraderecha «alguien le ha tomado el pelo».
En cualquier caso, Mercedes Garrido se muestra convencida de que ambas cuestiones (exclusión de Palma de la posibilidad de edificar en rústico y las limitaciones para hacerlo si queda suelo urbanizable disponible) intentarán ser corregidas por PP y Vox en la reunión de Comisión de Vivienda prevista para el próximo miércoles, y que vaticina como «muy caliente» por el enfrentamiento que se espera con los grupos de la oposición.
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