Javier Burón: "Se nos ha ido de las manos el alquiler turístico, no puede ser una actividad libre"

Javier Burón es el director gerente de la empresa pública de suelo industrial, vivienda y cohesión territorial del Gobierno de Navarra. Acaba de publicar 'El problema de la vivienda' en Arpa Editores. Participa hoy en el II Congrés de la Societat Civil sobre vivienda en el Estudi General Lul·lià.

¿Cómo definiría la situación de la vivienda en Baleares?

La situación de la vivienda es complicada en todo el Estado, pero en Baleares es especialmente grave. Aquí, algunos de los desequilibrios que ya existen en el conjunto de España se acentúan aún más. Solemos hablar mucho del turismo, pero para mí el núcleo del problema es que dedicamos demasiados metros cuadrados a la economía del pasar —el turismo, las segundas residencias, la temporalidad— y no suficientes a la economía del estar, es decir, a quienes viven y trabajan aquí de forma permanente. Eso hace que la situación sea más dura y compleja que en otros territorios.

¿El monocultivo turístico agrava la crisis de vivienda?

Que sea más difícil no significa que no se pueda hacer. Simplemente partimos de una situación más compleja, con menos consenso social y más resistencia al cambio. Aquí todavía hay mucha gente partidaria de seguir como hasta ahora... hasta que reviente.

¿Y cuánto tiempo puede aguantar una situación así?

Los datos objetivos ya señalan que hay tensiones: desigualdad, salarios que no crecen al ritmo de los precios y enormes dificultades de acceso a la vivienda. En condiciones normales, eso ya sería una señal de alarma. Pero mientras la economía siga funcionando, aunque sea con desequilibrios, parece que cuesta mucho cambiar el rumbo del barco.

¿Prohibir el alquiler vacacional es una buena solución?

En Baleares, sin duda, el alquiler turístico es una parte significativa del problema. En el resto de España depende del contexto. No es lo mismo Palma que Pamplona o Bilbao. Pero aquí, la presión que ejerce es evidente. Ahora bien, no conozco a nadie serio —ni experto ni político— que defienda eliminar el turismo o el alquiler turístico. Lo que sí se plantea es que deben estar regulados. Primero, hay que definir cuál es la capacidad de acogida del territorio y, a partir de ahí, dimensionar cuántas licencias se pueden conceder, en qué zonas, por cuánto tiempo, etc. Esto significa que el alquiler turístico no puede ser una actividad libre: debe estar sujeta a licencia, con un número máximo, con fechas de inicio y caducidad, y con zonificación urbanística clara. Y es importante decir que este no es un debate exclusivamente ideológico. Incluso en gobiernos conservadores se han impulsado ordenanzas para regular el alquiler turístico. Hay una cierta transversalidad en la idea de que se nos ha ido de las manos.

Este territorio funciona con un solo plan económico.

Hay comunidades que tienen plan A, B y C. Aquí parece que solo hay uno: turismo. Y muchos son conscientes de que esa apuesta exclusiva puede haber sido un error estratégico. Pero como revertirla requiere tiempo, inversión y consenso, se mantiene por inercia, con la esperanza de que aguante un poco más.

Los datos indican que solo el 15% de los jóvenes en Baleares pueden independizarse.

En Europa y otras partes de Occidente el enfoque es claro: hay que crear una infraestructura de vivienda permanentemente asequible. Y no solo pública. También hay modelos con cooperativas, fundaciones y empresas privadas con ánimo de lucro limitado, reguladas por el Estado. Se trata de generar un ecosistema que incluya construcción de nueva vivienda asequible, compra de vivienda existente, movilización de vivienda vacía, subvenciones a la rehabilitación… No estamos ante una receta mágica, es más bien un conjunto de medidas que ya conocemos.

¿Y por qué no se aplican esas medidas?

Hay varios factores. Uno, que el modelo económico actual, aunque disfuncional, funciona a corto plazo. Y nadie quiere hacerse preguntas incómodas si todavía está dando resultados. Otro, más profundo, es el factor generacional. Hay una parte importante de la población —los llamados boomers— que no quieren que bajen los precios de sus propiedades ni los alquileres, porque son propietarios. Incluso personas de izquierdas se resisten a medidas de intervención pública en vivienda, porque las perciben como una amenaza a su patrimonio. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes, incluso aquellas que se identifican con el centro-derecha, están mucho más abiertas a políticas públicas de vivienda que aquí se tachan de “izquierdistas”, pero que en otros países son medidas normales.

¿Cree que hay demasiado dogmatismo en el debate sobre la vivienda?

Sí. Hay una parte de la izquierda que cree que todos los rentistas son fondos buitre. Y parte de la derecha que cree que cualquier oferta de alquiler es positiva. Pero el análisis no es tan simple. En lugares como Barcelona, donde se ha estudiado la estructura de propiedad, se ha visto que dos terceras partes de la oferta de alquiler están en manos de pequeños propietarios. Si se diseñan bien, los incentivos fiscales no son necesariamente malos. Lo que no tiene sentido es dar ventajas fiscales sin exigir contrapartidas: precios más bajos, alquileres más largos, rehabilitación, etcétera.

¿Los rentistas son el enemigo?

Los rentistas no son solo grandes fondos: son nuestros padres, madres, tíos, abuelos… Demonizar sin matices no ayuda. Si queremos políticas públicas eficaces, tenemos que tener un buen diagnóstico. Si no, aplicaremos mal las soluciones.

¿Y qué papel juega el monocultivo turístico?

Un papel fundamental. En Baleares no solo influyen la clase social o la generación, sino también la apuesta tan fuerte que se ha hecho por un solo sector económico. Y aunque muchos ven que eso tiene límites, construir alternativas es tan costoso que se prefiere seguir como hasta ahora… hasta que la realidad obligue a cambiar.

¿La ley de vivienda estatal funciona?

Si se aplica tal como está planteada, es beneficiosa. Y lo es porque ya estamos viendo sus efectos en lugares como Cataluña. Allí, los precios del alquiler se están conteniendo gracias a la declaración de zonas tensionadas. Esto tiene sentido, y encaja con lo que ha sucedido en otros países europeos que han optado por zonificar y limitar precios. Esa fórmula enfría el mercado, lo desinfla, lo contiene y lo sana. Evidentemente, esto no resuelve todos los problemas. Es como un torniquete: no cura al paciente, pero detiene la hemorragia. Lo importante es entender que esta medida por sí sola no basta: hay que complementarla con planes de intervención más amplios, capaces de cambiar el modelo de acceso a la vivienda y evitar que se repitan los mismos errores.

El Govern rechaza esta ley porque "se ha reducido la oferta y han aumentado los precios".

Ya no discuto con quienes niegan datos evidentes. Cuando alguien afirma que las estadísticas oficiales de la Generalitat —basadas en el registro de fianzas del y contrastadas con el índice estatal de precios del alquiler— no existen, simplemente no pierdo el tiempo. Son datos elaborados técnicamente entre el Ministerio y la Generalitat. Si alguien tiene objeciones metodológicas, que las presente. Pero negar la existencia de estos datos es negar la realidad.

¿Qué le diría a quienes están en contra de declarar zonas tensionadas?

Tendrán que mirar a los ojos a millones de jóvenes —millennials y generación Z— y decirles: “Nacisteis en una mala época, lo sentimos.” Porque si no se actúa ahora, el problema de acceso a la vivienda se perpetuará durante generaciones. Y las medidas actuales van, precisamente, orientadas a crear un parque de vivienda de alquiler asequible a largo plazo. No se trata solo de aplicar una regulación puntual, sino de diseñar políticas públicas estructurales, con inversión pública y colaboración con el sector privado. Declarar una zona tensionada debe ir acompañado de un plan de actuación específico que cambie la dinámica del mercado local.

Muchos confían en las herencias como única forma de salvarse.

No lo harán. Primero, porque no todo el mundo va a heredar, y la propiedad no está distribuida de forma equitativa. Segundo, porque cuando esa herencia llega, lo hace muy tarde: a los 60, 65 o 70 años, cuando la vida ya está hecha. Y tercero, porque los recursos de los mayores se están utilizando cada vez más para cuidarse ellos mismos, lo cual es lógico y deseable. Entiendo que hay una idea extendida, casi como una esperanza colectiva, de que la herencia resolverá el problema, pero no es realista. No va a liberar a grupos sociales enteros. El problema estructural de acceso a la vivienda no se soluciona con transmisiones familiares de riqueza.

La primera decisión del Govern del PP fue eliminar el Impuesto de Sucesiones.

Lo grave no es solo eliminar el impuesto, sino hacerlo sin explicar cómo eso va a afectar a las políticas públicas, entre ellas las de vivienda. Porque reducir ingresos públicos limita la capacidad del Estado para intervenir y reequilibrar un mercado claramente fallido.

¿Qué impide un gran cambio en la política de vivienda?

Uno de los principales es la falta de mayorías políticas suficientes. Hay una minoría conservadora, muy centrada en proteger su patrimonio, que ejerce un bloqueo efectivo. Y a eso se suma otra parte de la sociedad, no necesariamente de derechas, que también ve amenazados sus intereses personales. El cambio requiere un pacto intergeneracional y entre clases sociales. No se trata de que los propietarios dejen de ganar dinero, sino de que ganen menos, de forma más estable y segura. Solo así se podrá ofrecer a las nuevas generaciones condiciones mínimas de acceso digno a la vivienda.

¿Cómo ve a los jóvenes ante este contexto?

En general están siendo poco combativos. Muchos de la generación Z han interiorizado un discurso individualista: si hago burpees a las 5 de la mañana y compro criptomonedas, me irá bien. Pero eso no resuelve un problema estructural. No todo se puede abordar individualmente. Hay necesidades —como la vivienda, la sanidad o la educación— que se afrontan mejor colectivamente, con políticas públicas fuertes y solidarias. El riesgo es que estén apostando contra sus propios intereses por estar ideológicamente contaminados. Y eso es preocupante.

¿La única solución pasa por construir más?

Hay que construir más, pero con matices. Durante la burbuja inmobiliaria de 1998 a 2008 se construyeron 6 millones de viviendas. El precio no bajó: al contrario, subió un 250%, y el del suelo un 400%. Es decir, ya sabemos que construir mucho, sin más, no soluciona el problema. Lo que necesitamos es más vivienda asequible y pública, no simplemente más ladrillo. Hay que construir, pero con un modelo diferente. Por ejemplo, en Madrid están calificando suelo para 250.000 viviendas, pero los precios siguen subiendo. Eso demuestra que la teoría liberal del “más oferta, precios más bajos” no se cumple automáticamente.

¿Entonces cuál es la solución?

La solución pasa por combinar instrumentos. Construcción, sí. Pero también rehabilitación, movilización de vivienda vacía, compra pública, colaboración con promotores bajo condiciones específicas. La clave no es solo cuánto se construye, sino cuánto de lo construido pasa a formar parte de un parque permanente de vivienda asequible. Necesitamos operadores públicos, colaboraciones público-privadas con ánimo limitado, y mecanismos legales que impidan que la vivienda social se descalifique a los pocos años. Hay que generar ecosistemas estables, no parches coyunturales.

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