Debate sobre vivienda en Palma: "Hay que poner de moda ofrecer precios razonables a tu vecino"

El Fòrum de la Societat Civil organiza su segundo Congreso sobre vivienda en un acto marcado por las diferencias importantes a la hora de abordar el problema de la emergencia habitacional. Los expertos convocados en una mesa de debate coinciden en que el crecimiento poblacional, el peso del turismo y el impacto de una economía tensionada por la especulación han llevado a un escenario “insostenible”.

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El director general de Vivienda, José Francisco Reynés, se muestra claro desde el inicio: el crecimiento poblacional actual es insostenible, especialmente en territorios como el balear, de recursos y suelo limitados. “El impacto del turismo es evidente en el uso residencial del territorio”, advierte, recordando que los precios elevados de la construcción están condicionando todo tipo de proyectos. Las licencias son cada vez más difíciles de conseguir y, mientras tanto, la prioridad debería ser clara: más vivienda asequible para los residentes. “Y no solo construir —añade—, sino también hacer aflorar al mercado las viviendas vacías que ya existen”.

"Populistas"

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Miguel Artieda, considera "populistas" las medidas que supondrían intervenir sobre el mercado y lanza una advertencia: “Ibiza nos estaba diciendo a gritos lo que podía pasar”. El desfase entre oferta y demanda, dice, no es nuevo, pero nunca se ha abordado con decisión. La transformación demográfica —familias más pequeñas, más personas mayores y solteras— multiplica la necesidad de viviendas de tipología distinta. Mientras tanto, la proliferación de inmobiliarias de lujo lanza un mensaje peligroso: que aquí todo se vende. "Las medidas urgentes pueden oxigenar", reconoce, si bien apunta que la solución pasa por estrategias a largo plazo y un consenso político que se aleja cada vez más.

En un tono más social y crudo, el miembro del Banc del Temps de Sencelles Iván Cuesta expone lo que muchos piensan: “La gente que ha hecho todo bien, que ha estudiado, que ha trabajado, ya no puede pagarse una casa”. Para él, no hacer políticas de vivienda también es hacer política. “Mucha gente se siente abandonada”, denuncia, a la vez que advierte que si la democracia no da soluciones, la ciudadanía buscará alternativas. Plantea incluso un cambio de mentalidad: “Hay que poner de moda poner precios razonables a tu vecino”. Aunque reconoce que intervenir el mercado tiene mala fama, insiste en que en este contexto “no queda más remedio”. La sacralización de la propiedad privada, destaca, "nos está condenando a elegir" entre infraviviendas o el éxodo.

Maria Gómez, del grupo de vivienda del Fòrum de la Societat Civil, cierra la mesa con una reflexión transversal: “Es muy difícil desligar el precio de la vivienda de la presión demográfica, la compra por parte de extranjeros y el turismo”. Desde la autonomía, explica, hay poco margen para actuar en el terreno fiscal, y la percepción generalizada es que las medidas no son suficientes. Lo más preocupante, a su juicio, es esa “sensación de desamparo” que cunde entre los ciudadanos.

Debate político

Más allá de los expertos, hablaron dos representantes políticos: la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el conseller de Vivienda, José Luis Mateo.

La líder socialista defiende que intervenir el mercado es obligatorio para afrontar la crisis de acceso a la vivienda. Propone limitar plazas turísticas, declarar zonas tensionadas y topar precios de alquiler. Considera que la vivienda debe convertirse en el “quinto pilar del Estado del bienestar” y reclama decisiones valientes para garantizar el derecho a un hogar digno.

Por su parte el dirigente del PP apuesta por incentivar la oferta y rechaza las políticas intervencionistas, que, según él, no funcionan. Cree que la colaboración entre administraciones es clave y que el esfuerzo público debe ir acompañado de medidas que animen a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado residencial.

Armengol reivindica una intervención decidida del mercado inmobiliario como respuesta inmediata a la crisis, mientras que Mateo apuesta por medidas más flexibles y orientadas a incentivar la colaboración del sector privado, evitando restricciones. Ambos coinciden en la necesidad de ampliar vivienda pública y colaborar entre instituciones, pero discrepan profundamente en cómo lograrlo.