Los coches que entren a Mallorca sin autorización serán sancionados con hasta 30.000 euros

Mallorca sigue el camino de Ibiza y Formentera "con una medida valiente" que pretende hace frente a las retenciones en las carreteras. El presidente del Consell de Mallorva, Llorenç Galmés, ha presentado este jueves el borrador de la ley para regular la entrada de vehículos a través de los puertos. Después de reunirse con los grupos políticos  –necesita su apoyo para sacarla adelante el texto– ha repasado por dónde irán las líneas maestras de la norma. Se impondrá un límite máximo de coches, para uno o dos años, y los que circulen en la isla sin autorización serán sancionados con hasta 30.000 euros. Los rent a car no podrán sobrepasar un cupo de vehículos y los coches de particulares que lleguen a bordo de las navieras pagarán una tasa. El PP pretende dar respuesta así a la demanda social contra la saturación vehicular y "proteger nuestra imagen como destino turístico".

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Para conocer la concreción de las cifras, pasarán meses hasta que la ley de regulación de afluencia de vehículos se apruebe y se desarrolle el reglamento y la ordenanza fiscal, que incluirá el cupo y el sistema de reparto de vehículos entre las empresas de rent a car. El objetivo es que sea lo antes posible. El periodo del año en el que regirá la normativa lo definirá el pleno del Consell. El propósito de la futura ley pasa por ordenar los flujos turísticos y "evitar la sobrecarga de las infraestructuras".

Los residentes, exentos

A los residentes no les afectarán estas limitaciones si sus vehículos están domiciliados fiscalmente en la isla. Y a los no residentes con vivienda en Mallorca solo se les permitirá un vehículo siempre que tribute en la isla. Si se incumple la normativa se tendrá que hacer frente a sanciones de entre 300 y 30.000 euros y se podrán inmovilizar los coches sin autorización de entrada hasta cuatro meses, retirar la autorización para circular o no permitir obtener un permiso durante dos años. Para desplegar esta regulación se contará con la Dirección General de Tráfico y con las navieras, estas deberán controlar que los vehículos que transportan a Mallorca tenga la autorización para circular por la isla.

Galmés, que ha comparecido con el conseller de Territorio, Fernando Rubio, y el director insular de Movilidad, Rafel Oliver, , ya avanzó las líneas maestras de la norma a finales de mayo, en el Debate de Política General. Ha recordado el estudio de carga que arrojó entre otros datos que en 2023 entraron 400.000 vehículos por los puertos de la isa, "el doble que en 2017".

El presidente del Consell "extiende la mano" a los grupos políticos para sacar adelante la ley y elevarla al Parlament. Pide dejar de lado "los intereses partidistas" ante la demanda social contra la saturación.

"Es del todo necesaria una regulación que nos permita mejorar la calidad de vida, que contribuya a preservar nuestro entorno y que nos sirva para proteger nuestra imagen como destino turístico", defiende Galmes.

Una de las diferencias respecto a las leyes de Ibiza y Formentera es que la tasa que tendrán que pagar los coches para acceder a la isla no la cobrarán las navieras. En el caso de Mallorca, la recaudará el Consell. Las navieras estarán obigadas a informar de la normativa y comprobar que los coches tienen la autorización (se desplegará un sistema automatizado de lectura de las matrículas) y pasar la información a la institución insular.

Tipo de infracciones

En cuanto a las infracciones se podrán considerar leves, graves o muy graves. Una infracción es leve, entre otros supuestos, cuando un coche circule por Mallorca sin el documento de autorización de entrada. Circular sin disponer de autorización, falsear la acreditación o comercializar coches de alquiler sin adecuarse a las restricciones establecidas es una infracción grave. Y se considerará infracción muy grave, por ejemplo, que las empresas de alquiler no informen de las matrículas de todos los coches que entran en la isla.  

Por infracciones leves se podrán imponer sanciones que irán de los 300 a los 1.000 euros. Las sanciones graves irán de los 1.001 euros a los 10.000 y las muy graves podrán llegar a los 30.000 euros. 

Accesos restringidos a determinados lugares

El conseller Rubio ha incidido en que además de que se "protege" con esta ley "el modelo turístico" y el territorio hay detrás "una motivación claramente medioambiental" y también "la preservación de la buena imagen turística de Mallorca".

Se pondrán en marcha aparcamientos disuasorios, estricciones para acceder a determinados lugares de la isla o medidas de movilidad sostenible en los centros de trabajo, entre otras.

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