La UE abre la puerta a que crezca el descuento del 75 % ante los precios disparados de los billetes

Las cosas de palacio van despacio. Y cuando hay que escalar hasta Bruselas aún más. La Comisión Europea abre una puerta para que se pueda incrementar el descuento del 75 % en el transporte aéreo para los residentes en las regiones extrapeninsulares como Baleares cuando se disparan los precios de los vuelos en las fechas de mayor demanda. El brazo ejecutivo de la UE sugiere al Gobierno, a raíz de una consulta de Madrid sobre un plan piloto anunciado en 2023, añadir al sistema de subvención "un importe máximo" por encima del cual la ayuda podría superar el porcentaje fijado. Este argumento que llega desde la capital europea, tan garante de la libre competencia, considera que se podría aplicar esta medida "de forma muy específica, sin perturbar el mercado de servicios aéreos".

El Gobierno ensaya un precio límite entre los vuelos de Canarias y la península

La idea se expone desde la Dirección General para la Movilidad y el Transporte de la Comisión Europea en una respuesta enviada a David Benito, director general de Aviación Civil, órgano del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El director de Aviación de Bruselas, Filip Cornellis, contesta a la carta enviada por su homólogo en la que, el pasado febrero, le pedía opinión sobre una prueba piloto para hacer frente a los precios "abusivos" en determinadas fechas y rutas. Se trata de aquella iniciativa que el Gobierno de Canarias pactó con Madrid en 2023 para ensayar la limitación de los precios de los billetes aéreos en una ruta con la península a través de la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP).

Se pretendía tratar de impedir la subida de las tarifas áreas disparadas desde que en 2018 se amplió al 75 % la subvención para los residentes de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, situación recurrente sobre todo en periodos vacacionales. En concreto, España ha solicitado a los servicios de la Comisión Europea su opinión sobre establecer topes de precios en tres rutas rutas: Lanzarote-Madrid, Menorca-Barcelona y Melilla-Madrid. Si el plan funcionaba, se pretendía extenderlo a otras conexiones entre las islas y el resto del territorio nacional.

"Con la normativa vigente, no parece proporcionado imponer un límite máximo de precios en forma de OSP", alega Bruselas

Bruselas considera que "con la normativa vigente, no parece proporcionado imponer un límite máximo de precios en forma de OSP" en las rutas analizadas.

Actualmente, en Baleares existen dos Obligaciones de Servicio Público: las rutas aéreas interislas y la de Menorca-Madrid, esta para garantizar la conectividad de los residentes con la capital española en invierno. Precisamente, el pasado abril el Gobierno subió las tarifas de los vuelos interislas actualizando las de referencia (las más bajas), que estaban congeladas desde 2013.

No hay "deficiencia" de mercado

En su prolijo argumentario, Filip Cornelis explica que la Comisión Europea apoya "medidas para promover la conectividad a un precio asequible, en particular en regiones remotas y aisladas como las islas", si se ajustan a las normas de la UE, garantizando "ante todo, la libertad de fijación de precios para las aerolíneas". Con la excepción, apostilla, de la imposición de OSP siempre que se cumplan sus "estrictos" requisitos, como "la existencia de una deficiencia del mercado". Esta circunstancia no se da en las rutas analizadas porque no se justifica la Obligación de Servicio Público a partir de 100.000 pasajeros al año (en el trayecto Menorca Barcelona el flujo de viajeros en 2023 superó los 932.000). Tampoco cabe si varias aerolíneas operan durante todo el año (la ruta balear la cubren Vueling y Ryanair, con 58 frecuencias semanales, argumenta).

También esgrime que "las obligaciones excesivas pueden tener el efecto contraproducente de reducir la oferta de servicios aéreos"; entre los efectos no deseados para los consumidores señala que haya "menos tarifas baratas" sobre todo en temporada baja.

Así las cosas, Bruselas concluye que con la normativa actual no cabe fijar un tope máximo a los precios de estas rutas analizadas y echa por tierra la propuesta piloto española. Sin embargo, el director de Aviación de la Comisión Europea desvela otro camino para proteger a las "poblaciones que viven en islas y regiones remotas o en desarrollo en términos de poder adquisitivo, mayor coste de la vida, etc.", el del vigente descuento aéreo. "Nada en la legislación de la UE impediría una mayor reestructuración de las ayudas sociales para residentes, por ejemplo". Cornellis propone "añadir un importe máximo por encima del cual la ayuda podría superar el 75 %, para ayudar a neutralizar el impacto de los días de mayor demanda en los precios de los billetes". De esta manera, se "podría abordar el problema percibido de forma muy específica, sin perturbar el mercado de servicios aéreos". Desde la capital europea se abre una vía a explorar ante la escalada de los precios de los vuelos.

Tirón de orejas por los precios y los turistas

Por lo demás, Filip Cornelis pone en entredicho también la justificación del plan piloto español basada en la subida de los vuelos: "Los servicios de la Comisión dudan de que, a partir de los datos disponibles, se haya producido un aumento brusco de los precios y una disminución del número de pasajeros" en las tres rutas analizadas. En el caso del trayecto Menorca-Barcelona "se han mantenido prácticamente estables" (76,9 euros en 2023 frente a 78,7 euros en el primer semestre de 2024), mientras han subido "significativamente en la ruta Melilla-Madrid (de 165 a 183,9 euros).

"No está claro" si los límites de precios se aplicarían solo a los residentes o incluiría a los turistas

Otro tirón de orejas para el Ministerio de Óscar Puente: "No está claro si los límites de precios previstos se aplicarían solo a las tarifas para residentes o a todos los pasajeros", es decir, también para los no residentes, "incluidos los turistas". Las tarifas máximas "en particular" para los turistas "no serían en principio justificables" dado que no enfrentan las desventajas de la población residente. La Comisión Europea añade otro riesgo en este caso, "conlleva el riesgo de distorsionar la competencia" con otros destinos turísticos insulares, desviando flujos de viajeros.

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