Los trabajadores sociales advierten de que el acuerdo entre PP y Vox podría "aumentar los conflictos y agravar situaciones de vulnerabilidad"

El Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears (COTSIB) ha calificado como muy preocupantes varios puntos del acuerdo firmado entre PP y Vox el pasado mes de mayo, especialmente aquellos relacionados con la atención a menores migrantes. Según el COTSIB, las medidas anunciadas podrían "agravar situaciones de vulnerabilidad y desigualdad", así como "fomentar actitudes discriminatorias", alejándose del objetivo de protección e inclusión social que las instituciones públicas deben garantizar.

En cuanto al apartado dedicado a la llamada 'inmigración ilegal', el Col·legi advierte que las propuestas parten de planteamientos "erróneos y desinformados". Consideran que, de aplicarse, estas acciones "podrían aumentar los conflictos sociales y dificultar la labor de los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la migración".

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El Col·legi recuerda que "ninguna persona es ilegal" y que "la migración es un derecho reconocido internacionalmente". En el caso de los menores, su protección debe responder siempre al interés superior del menor, tal y como recogen convenios y normativas tanto estatales como internacionales.

La negativa a acoger a menores migrantes, así como la limitación de la financiación destinada a su atención, se considera incompatible con el marco legal vigente, selañan desde el COTSIB. Dicho marco establece de forma clara la obligación de las Comunidades Autónomas de atender a cualquier menor en situación de vulnerabilidad, independientemente de su procedencia.

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Además, el COTSIB considera que medidas como la supresión de la financiación a entidades sociales que trabajan con población migrante, o la eliminación del Programa de Enseñanza de Lengua y Cultura Marroquí en los centros educativos, pueden tener consecuencias "negativas" para la cohesión social, el diálogo intercultural y la igualdad de oportunidades.

El Col·legi advierte que el acuerdo, en sus puntos más sensibles, vulnera la Convención de los Derechos Humanos, un instrumento internacional clave para garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas. Como sociedad, señalan, no se puede avanzar vulnerando estos principios fundamentales, ya que ello supondría un retroceso en materia de derechos y justicia social.

Por último, el subrayan que estas decisiones se han tomado "sin consultar a los profesionales del sector", lo que podría dificultar su aplicación y "generar conflictos con la normativa vigente". Insisten en la necesidad de desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los marcos legales existentes.