Los taxistas piden al Govern que no haya servicios de menos de 4 euros en Mallorca
Las asociaciones del sector dan apoyo a la propuesta de tarifa única del Govern pero piden cambios en la bajada de bandera

Los taxistas esperan que municipios como Palma o Calvià puedan empezar a aplicar la tarifa única a mediados de julio o en agosto. / B. Ramón

No puede haber ningún viaje en taxi en Mallorca que cueste menos de 4 euros. Esa es la principal pega que las asociaciones de taxistas están poniendo a la propuesta de tarifa única para la isla elaborada por el Govern, aunque la medida diseñada por la conselleria de Movilidad es bien recibida en su conjunto, al suponer un importante aumento en los precios actualmente en vigor por kilómetro recorrido. Estas discrepancias se pusieron ayer sobre la mesa durante la reunión mantenida por sus responsables con la directora general de Transportes, Lorena del Valle.
El Ejecutivo autonómico presentó el pasado jueves su propuesta para la creación de la citada tarifa única, adelantada ese mismo día por Diario de Mallorca, que marca un precio de 1,19 euros por kilómetro recorrido en un día laborable. Al tratarse de un importe que debe de ser utilizado para que taxis de diferentes municipios puedan colaborar para recoger a pasajeros fuera de su zona, desaparece el precio que existía para los servicios urbanos (en Palma era de 0,98 euros), lo que en este caso supone un encarecimiento superior al 20%, aunque desde el sector se recuerda que muchos Ayuntamientos llevaban varios años sin actualizar sus tarifas. Respecto a la tarifa interurbana, todavía en vigor y de 1,16 euros por kilómetro en una jornada laborable, ese aumento se limita a un 2,5%.
Punto de la polémica
Este punto no genera excesivas polémicas y recibe el respaldo de las asociaciones de taxistas. El desacuerdo aparece en el precio de bajada de bandera, que se fija en 2,38 euros en un día laborable y que incluye el primer kilómetro recorrido.
El problema radica en que el Govern ha suprimido el complemento por bulto transportado, de 0,65 céntimos por unidad (0,70 en algún municipio), según se lamenta desde las asociaciones de taxistas de Pimem, presidida por Gabriel Moragues, y la de la part forana, con Maricarmen Navarro al frente.

Taxis de Palma y Calvià juntos durante la colaboración que tuvieron el verano pasado / B. Ramón
Eso supone que un traslado de un hotel a otro en una msma zona turística, por citar un ejemplo, que no suelen superar el kilómetro de recorrido, implica que un taxista sólo ingresará por este servicio esos 2,38 euros, al igual que en cualquier desplazamiento corto por Palma para acompañar a una persona mayor a su centro de salud, por poner otro ejemplo.
Lo que las dos asociaciones de taxistas reclaman es que en un día laborable esa bajada de bandera sea de 4 euros como mínimo (5 si es un festivo o de horario nocturno, cuando ahora el Govern propone 2,77 euros).
El presidente de Taxis-Caeb, Antoni Bauzá, también considera que los nuevos precios de la tarifa única podrían ser algo más elevados, pero señala que Lorena del Valle les ha advertido que si aumenta la bajada de bandera deberá ser a costa de reducir el importe del kilómetro recorrido, y señala que probablemente es mejor potenciar este segundo.
La propuesta del Govern fija también el precio del kilómetro en festivo y en horario nocturno en 1,37 euros; el de la hora de espera en laborable en 21,45 euros y en festivo o noche en 22,2; el suplemento de uso de la emisora de taxi en 1,2 euros; el de los recorridos con el aeropuerto o puerto en 4,65; y la carrera mínima desde Son Sant Joan en 17,01 euros.
Posibles fraudes
Otro aspecto que se cuestiona es que los suplementos de montaña (como para ir a sa Calobra) se incorporen al taxímetro, al favorecer los posibles fraudes si alguien los añade al desembolso final sin que el cliente se de cuenta.
Las propuestas formuladas por estas asociaciones del taxi serán estudiadas ahora por la Conselleria para determinar si las incorpora a su propuesta. Moragues y Navarro estiman que estos precios podrían entrar en vigor a mediados de julio o en agosto si los aceptan los Ayuntamientos, y podrían tener ya un carácter permanente.
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