Archivan la denuncia contra Javier de Juan por la prostitución de una menor tutelada

 El juzgado de instrucción número 11 de Palma ha declarado el archivo definitivo de una denuncia formulada por la asociación Justicia Poética, a la que más tarde se sumó el partido político Vox, contra el expresidente del IMAS, Javier de Juan. Una denuncia en la que se responsabilizaba al político socialista de permitir la explotación sexual de una menor tutelada, que residía en un centro de Santa María, que quedó embarazada y abortó. En estos hechos también se implicaba a la exconsellera Fina Santiago, cuyo caso fue archivado sin ni tan siquiera tomarle declaración. Con la denuncia contra Javier de Juan se ha seguido el mismo criterio y el diputado del Consell tampoco tendrá que acudir al juzgado a declarar, pese a que la fiscalía pretendía escucharle como investigado.

Esta menor tutelada abandonó el centro para fugarse con su novio, que era mayor de edad. La citada asociación afirmó, basándose únicamente en recortes de prensa, que no solo no se hizo nada para buscarla, sino que una vez localizada se coaccionó a la chica para que abortara.

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Este relato de los hechos ha sido desmontado por los documentos que ha aportado el IMAS, que demuestran que la desaparición de la adolescente fue comunicada tanto a la Guardia Civil, como a la fiscalía de Menores. También se ha constatado que se comunicó varias veces con la menor y dijo que no iba a volver nunca más al centro. Es decir, se ha demostrado que no es cierto que no se hicieron gestiones para localizarla.

Javier de Juan ha sido defendido por el abogado del Consell de Mallorca, que sostuvo que la función del presidente del IMAS es de gestionar y administrar la institución de protección, pero que en ningún caso toma una decisión individual sobre una menor tutelada. Esta función la realizan las educadoras o los responsables del centro de acogida.

También alegó en su defensa el político socialista que, a raíz del escándalo que creo los numerosos casos de menores tuteladas que estaban siendo prostituidas, la institución creo un grupo de expertos para analizar esta situación y buscar una solución al problema.

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De Juan denunció que se trataba de una denuncia política y sobre todo mantuvo que sobre esta menor nunca hubo una dejación de funciones, como sostenía Vox.

La denuncia ha sido archivada, precisamente, a petición de la defensa que ejerce el Consell, que resaltó las “múltiples actuaciones protectoras” que se realizaron sobre esta menor, así como las constantes comunicaciones que se tuvieron con la Guardia Civil para denunciar la fuga de esta chica.

La magistrada considera que el relato que ha defendido Vox a través de esta denuncia es “sesgado” y responde a los hechos que contó la pareja de la menor quien, precisamente, mantenía un enfrentamiento con los educadores del IMAS. Un enfrentamiento que también se extendía al padre biológico de la menor, a quien le habían quitado la tutela de su hija. “Los hechos de la denuncia no son ciertos. La menor se fugó del centro y se denunció su desaparición”, afirma la magistrada, que también incide en que hubo varias comunicaciones con ella para convencerla que regresara.

En el auto la magistrada considera que se podría mejorar la coordinación de las administraciones implicadas en la protección de menor y las fuerzas de seguridad. Pero a pesar de esta crítica, en este caso concreto, teniendo en cuenta que se trata de valorar un posible delito, no aprecia ninguna responsabilidad penal. El juzgado no aprecia ni un solo indicio de que se cometieron los tres delitos que imputó Vox al político, que fueron los de inducción a la prostitución, dejación de funciones, ni incumplir el deber de perseguir delitos.

La magistrada señala que no le corresponde valorar a ella las medidas que se adoptaron desde el IMAS para terminar con los casos de menores tuteladas que eran prostituidas.  

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