Las claves del discurso de Galmés: limitación de coches, menores migrantes y eliminación de hectáreas para parques eólicos
El Consell tiene casi listo el borrador de la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca
Vuelve a incidir en la imposibilidad de acoger a más menores migrantes debido a que el sistema de protección del IMAS está "al límite del colapso"

El debate de política general en el Consell de Mallorca, en imágenes / B. Ramon

En un discurso de más de una hora en el segundo Debate de Política General, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, repasó ayer algunas de las principales medidas que se han tomado —y se van a tomar— en la legislatura vigente.
Movilidad
Galmés ya tiene casi listo el borrador de la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca. Se hará público el 13 de junio ante los grupos del Consell y posteriormente se trasladará a la Comisión de Movilidad. Según explica, la normativa busca limitar el número de vehículos que llegan a la isla y que no tributan en Baleares, además de proponer un tope a la flota de coches de alquiler que circulan por Mallorca. El Parlament tendrá que aprobar definitivamente esta norma en los próximos meses.
Galmés reivindica que será la primera vez que se impulse una medida como esta para tratar de poner solución a la saturación que se vive en las carreteras de la isla, después de que ya lo hayan hecho Ibiza y Formentera. Explica que el año pasado se encargó el primer estudio de carga de la historia, que señala que solo en 2023 entraron casi 400.000 vehículos por los puertos de la isla, un 108 por ciento más que en 2017.
El proceso, explica, es el siguiente: el pleno del Consell establecerá con carácter anual o bianual el techo de vehículos y se dará preferencia a los coches eléctricos y no contaminantes. Quedarán exentos de la prohibición los vehículos de los residentes, los de las personas con movilidad reducida, los vehículos de emergencias y de cuerpos de seguridad, así como los de transportes de mercancías y distribución comercial. Además, quienes no residan en la isla pero sean propietarios de una vivienda podrán circular con un vehículo por propiedad siempre que esté domiciliado fiscalmente en dicha vivienda.
Menores migrantes
El presidente del Consell vuelve a incidir en la imposibilidad de acoger a más menores migrantes debido a que el sistema de protección del IMAS está "al límite del colapso". En su discurso, enfatiza que se trata de un "drama humanitario que se está cobrando demasiadas vidas en el mar", sobre todo desde que en los últimos años se ha consolidado una ruta migratoria desde Algeria.
Se han batido todos los récords de llegadas en 2024: 346 embarcaciones con un total de 5.836 personas llegaron a las cosas de las islas. De estos, 268 son menores migrantes no acompañados, lo que supone un crecimiento del 625 por ciento en solo cinco años. Además, tres de cada cuatro menores que están en el sistema de protección son migrantes, con una sobreocupación de los centros del 1.150%.
"En julio pedimos ayuda al Gobierno porque no tenemos más espacios ni profesionales para seguir atendiendo a los menores con dignidad, pero no hemos obtenido ninguna solución. He pedido al Gobierno que reclamen la ayuda de Frontex para frenar la llegada de pateras. Es lamentable que Sánchez dé la espalda a este drama humanitario. Si continuamos así, la situación migratoria de Baleares puede llegar a ser mucho peor que la de Canarias", explica el presidente del Consell.
Territorio
Galmés puso mucho énfasis en la reciente aprobación de la cuarta modificación del Plan Territorial Insular, que es el que zonifica los lugares donde se pueden instalar parques fotovoltaicos hasta cuatro hectáreas en suelo rústico.
"Es una modificación que no se llegó a aprobar en la pasada legislatura y ahora la hacemos más restrictiva suprimiendo cerca de 10.000 hectáreas. Con el Pacto se preveían más de 26.300 hectáreas y nosotros lo dejamos en 16.600", añade. El dirigente popular, además, anuncia que eliminarán las 24.000 hectáreas para molinos eólicos de hasta 50 metros que se preveía en la anterior modificación del PTI.
Turismo
Galmés apuesta por "gestionar los flujos turísticos y la saturación en determinados lugares y momentos del año". Culpa de la situación actual a las decisiones de la izquierda y se muestra "orgulloso" de que el turismo sea el principal motor económico de Mallorca: "Si queremos seguir siendo líderes, tenemos que dejar de crecer en volumen y apostar por la calidad. Las políticas irresponsables de la izquierda crearon 90.000 plazas en solo ocho años.
En este sentido, reivindica también que se aumentará un 50 por ciento el número de inspectores de Turismo para luchar contra el alquiler ilegal, pasando de los 20 actuales a un total de 30. Unos recursos que provienen de los 4 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible. Además, se incorporarán 17 profesionales en los departamentos de sanciones y ordenación.
Asimismo, anuncia que se eliminará la palabra "promoción" de los nuevos estatutos de la Fundació Mallorca Turisme que se aprobarán en los próximos días. Además, cambiarán el nombre del organismo para que pase a llamarse Fundació Turisme Responsable de Mallorca.
Servicios sociales
El presupuesto del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) llega hasta los 317 millones de euros, una "cantidad inédita" para responder a las necesidades de la gente mayor, las personas con dependencia, las personas con diversidad funcional y los menores.
En la legislatura, de momento, se han aumentado casi un 10% las plazas residenciales del IMAS y se han incorporado 50 plazas nuevas de las Germanetes en Palma. La compra de este emblemático edificio permitirá que se convierta en el centro sociosanitario de referencia en la isla. "En tiempo récord nos hemos hecho cargo del traspaso de la gestión con la subrogación de 50 trabajadores, una plantilla que iremos ampliando de forma progresiva con 35 profesionales nuevos", afirma. También contará con un centro de día de 15 plazas que permitirá reducir las listas de espera. Asimismo, se destinarán tres millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a financiar el coste de las residencias municipales.
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