El Tribunal Superior de Baleares respalda los plazos fijados por el Govern para saldar su deuda con los funcionarios

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha determinado que el Govern deberá de abonar el 65% de su deuda con los empleados públicos, más los correspondientes intereses, en la nómina del próximo mes de septiembre, y el 35% restante en la de febrero del próximo año, es decir, ha respaldado la propuesta que había hecho el Ejecutivo de Marga Prohens. Esta decisión se produce tras la sentencia ganada por el sindicato STEI en relación con este tema, y su máximo responsable, Miquel Gelabert, señala que no va a recurrir esa decisión aunque le hubiera gustado que los plazos se aceleraran.

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El TSJB acepta los argumentos aportados por la Administración autonómica, respecto a que no puede saldar esa deuda con mayor celeridad al no haber podido aprobar los presupuestos de la Comunitat Autònoma para 2025, prorrogando los de 2024.

Origen de la deuda

Hay que recordar que esa deuda se explica porque el anterior Gabinete de Francina Armengol se negó a aplicar las subidas salariales al personal público acordadas para 2020 y 2021, de un 2,9%, una decisión que fue recurrida ante los tribunales tanto por el STEI como por UGT. Se ha estimado que la cantidad pendiente de pago se movía en torno a los 150 millones de euros.

Tras ganar el STEI su demanda, quedaba pendiente determinar los plazos de ejecución de la sentencia, que el sindicato quería que se fijaran para el presente año, pidiendo el Ejecutivo balear un plazo más flexible debido a sus problemas presupuestarios.

Aunque recientemente Govern y sindicatos cerraron un acuerdo vinculado no solo al pago de la deuda, sino también a otras mejoras, como el aumento del plus de insularidad, el TSJB viene a respaldar la propuesta del Ejecutivo balear para la planificación de esos desembolsos.

Decisión del TSJB

En concreto, el tribunal determina que en la nómina de junio, y con efectos retroactivos desde enero, se abonará la actualización en las retribuciones del 2,9%. Respecto a las cantidades adeudadas al no haberse pagado ese incremento durante los años anteriores, se fija que en la nómina de septiembre se deberá de pagar el 65% de la citada deuda más intereses, y el 35% restante también con intereses en la de febrero de 2026.

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En esta resolución del TSJB se considera «lógico» que el STEI quiera que los empleados públicos perciban esas cantidades con la mayor celeridad, pero se admite que «las excusas que presenta la Administración para dilatar el proceso no son meramente evasivas sino realistas». Eso se debe a que no se ha podido aprobar el presupuesto autonómico de 2025, sino que se han prorrogado los de 2024, en los que esta contingencia no se podía haber previsto.

El STEI asume finalmente esta decisión, teniendo en cuenta que el pasado 9 de abril sindicatos y Govern firmaron un acuerdo de legislatura en torno a las retribuciones del personal público.

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