Prohens encarrila los Presupuestos mientras marca líneas rojas con el catalán

La presidenta del Govern quiere cerrar un acuerdo con sus socios para aprobar las cuentas aunque insiste en que no modificará la ley de Normalización Lingüística ni el Decreto de Mínimos

Marga Prohens, ayer en el Parlament.

Marga Prohens, ayer en el Parlament. / CAIB

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La aprobación de los Presupuestos en Baleares se ha convertido en una auténtica obra de orfebrería política, una delicada negociación en la que cada palabra cuenta después de meses de desavenencias. Lejos de los titulares rotundos, el Partido Popular y Vox avanzan en un ejercicio de precisión que se asemeja más a una partida de ajedrez que a una alianza parlamentaria tradicional. La desconfianza siempre existirá, pero las piezas se mueven, los escollos persisten en materia de vivienda y política lingüística y ambas formaciones muestran, por ahora, una voluntad real de entendimiento.

No está siendo fácil el proceso. Los intentos previos de cerrar un acuerdo han fracasado, víctimas de recelos acumulados y pulsos ideológicos que han llegado a dinamitar los puentes en el pasado. Ahora, con la presión del calendario, PP y Vox parecen haber encontrado una tregua, un espacio de diálogo que, al menos en público, ha reducido la beligerancia habitual. En el Parlament, las palabras gruesas han dado paso a los gestos de complicidad y a un lenguaje más diplomático.

Uno de los signos más evidentes de este nuevo clima ha sido el rechazo conjunto de PP y Vox a una propuesta de la izquierda para subir la ecotasa y crear un nuevo impuesto dirigido a las empresas de ‘rent a car’. El mensajes es que no puede haber más subidas de impuestos. Un gesto de los populares que sirve como guiño hacia sus socios naturales. "No puedes pactar una cosa con unos y lo contrario con los otros", resumen fuentes del Gover para explicar la complejidad de estas negociaciones. Lejos queda la idea de negociar con Vox por un lado y con Més per Mallorca por el otro.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura que todavía no hay un acuerdo cerrado, pero la negociación está "abierta" y el pacto podría materializarse en cualquier momento. La cautela es deliberada. En privado, miembros del Ejecutivo reconocen que el acuerdo está cerca de producirse, pero también insisten en que cualquier paso en falso podría hacer saltar por los aires todo el trabajo. Porque, como ha quedado demostrado en otras ocasiones, Vox no duda en romper la baraja si considera que sale perdiendo. La última palabra siempre la tendrá Madrid, concretamente Santiago Abascal, que delega toda la responsabilidad en la Vicesecretaria Nacional Acción de Gobierno, Montserrat Lluís.

Ese temor no es infundado. Desde el inicio de la legislatura, la relación entre PP y Vox ha estado marcada por los altibajos y las rupturas. Uno de los puntos más delicados sigue siendo el catalán. Prohens insiste en que hay "líneas rojas" en materia lingüística que su Govern no está dispuesto a traspasar. El Decreto de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos son intocables, repite una y otra vez la presidenta. "Todo el mundo sabe que no podemos pasar por encima de ciertas leyes", zanja un representante del Ejecutivo, subrayando la defensa por parte de la presidenta a normativas que fueron aprobadas durante los mandatos de Gabriel Cañellas y Jaume Matas.

Pese a esas líneas infranqueables, la dirigente popular defiende que los acuerdos alcanzados hasta ahora con Vox han sido "razonables y de sentido común". También recuerda que ambos partidos suman una mayoría amplia en el Parlament para aplicar sus políticas, un argumento que Vox esgrime con frecuencia, aunque no sin reproches. Los de Abascal no ocultan su frustración ante lo que consideran tibieza del PP, al que acusan de ceder demasiado ante las presiones de la izquierda.

Uno de los principales puntos de fricción ahora mismo es el requisito del catalán en la Función Pública, una vieja demanda de Vox: exigen eliminar este requisito para acceder a cualquier puesto. La propuesta del Govern, sin embargo, se limita a ampliar de dos a cuatro años el plazo para que el personal estabilizado acredite el nivel exigido de catalán y a suavizar los requisitos lingüísticos para los celadores. Un gesto hacia Vox, sí, pero todavía lejos de la aspiración original del partido de Abascal.

"Cada vez que mi Govern se sienta a negociar con Vox, ustedes vaticinan el fin del mundo, y cada vez se alcanzan acuerdos razonables y de sentido común", replica Prohens desde la tribuna, dirigiéndose a una oposición que observa con escepticismo cada movimiento. El ambiente, no obstante, sigue ciertamente enrarecido. La presidenta asesta un golpe a la izquierda al aclarar que no existe pacto alguno para mantener la ley de Memoria Democrática. "El acuerdo con ustedes se cumplió en diciembre. A partir de ahí, yo no tengo ningún pacto con los partidos de la oposición", sentencia. Minutos antes, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, acusaba a la popular de "traicionar su palabra” tras ceder ante las presiones de Vox para derogar esa normativa.

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