Una joven denuncia una estafa inmobiliaria en Mallorca: “Me estafaron al comprar la casa, es una vivienda ilegal”

“Me estafaron al comprar la casa, luego he descubierto que es una vivienda ilegal”. Sara, una joven italiana que lleva quince años en España, ha denunciado un fraude inmobiliario en Mallorca.

“Yo quería crear una granja escuela en el campo, en Llucmajor. Por eso, adquirí esa finca. Pero, después de firmar el contrato de alquiler con opción a compra y empezar a mover papeles, me di cuenta de que no lo podía hacer porque hay infracciones urbanísticas”, se lamenta la afectada.

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“La verdad es que yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no hubiera comprado esa casa. A mí ya no me interesa quedarme la casa en esas condiciones”, reconoce la joven, que es autónoma y de momento reside en esa finca con su hija de siete años y su pareja.

“La vivienda no existe en el registro, no consta. Solo existe una casa de aperos de unos 35 metros cuadrados. Ahora, mide más del doble. Me siento engañada”, admite la denunciante.

La mujer asegura que confió en la agencia inmobiliaria y en los propietarios que le vendieron la finca. “No desconfié porque la operación la realicé a través de una agencia inmobiliaria y los dueños son una familia mallorquina”, apunta.

“Creía que en Mallorca era todo más tranquilo. Antes, estuve en Canarias, pero veo que aquí es peor. Ahora, me he dado cuenta de que en Mallorca hay muchas estafas de este tipo”, señala la joven.

La afectada, asistida por el abogado Miguel López Bortón, ha interpuesto una querella en los juzgados de Palma por un presunto delito de estafa. “Quiero recuperar mi dinero, 50.000 euros, y marcharme de allí”, subraya. “Pero ellos quieren que lo pierda todo”, añade.

Los hechos se remontan a mediados de marzo de 2024 cuando la mujer suscribió con los querellados un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre una finca situada a las afueras de Llucmajor por el que abonó 30.000 euros como anticipo del precio (25.000 mediante transferencia y 5.000 en efectivo), además de las mensualidades pactadas, según se desprende de la querella.

Nota simple registral

La perjudicada recibió una nota simple registral que aparentaba una finca libre de cargas, por lo que acusa a los querellados de ocultarle deliberadamente la existencia de graves infracciones urbanísticas que afectaban a la edificación existente. “Tal información habría disuadido a mi representada de suscribir el contrato en tales condiciones”, señala el letrado en la querella presentada.

Según su versión, la agencia intermediaria condicionó la firma del contrato a la entrega de 5.000 euros en efectivo, bajo la amenaza expresa de no llevarse a cabo la operación.

“Recuerdo que firmé el contrato en marzo de 2024. Yo buscaba una finca en el campo para llevar a cabo mi proyecto, una granja escuela. Ellos me encontraron la casa. Cuatro o cinco meses después, cuando moví papeles para hacer la granja descubrí las cosas. Entonces me di cuenta. No puedo tener ninguna licencia ni realizar ninguna actividad allí hasta que no se legalice la casa”, confirma la afectada.

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“No sabía que la casa era ilegal. Realmente, se trata de un terreno. Cuando la compré, estaba muy sucia. La limpié e hice reformas. No había agua caliente, puse una tubería, un termo, una bomba de agua… Me gasté dinero en arreglarla. Iba a cambiar el techo de uralita, pero por suerte paré a tiempo. Además, la casa tampoco tenía seguro”, detalla la joven.

Proyecto frustrado

“Aparte de ser mi casa, aquello iba a ser mi proyecto, mi negocio. Ha pasado un año sin que yo lo pueda hacer realidad. La vivienda se podría legalizar”, añade Sara.

“En el momento en el que yo firmé el contrato, ellos cambiaron de repente la actitud hacia mí. Me dijeron que ya era mi problema. Incluso sufrí amenazas. A los antiguos dueños solo les importa el dinero. Ahora, se quieren quedar la casa con todas las mejoras y reformas que yo hice. Me piden que pague otros 10.000 euros”, se queja la querellante.

“A mí no me interesa quedarme allí. Quiero que me devuelvan mi dinero, 50.000 euros, y yo me marcho de la casa. Además, yo puse una cláusula que puedo ceder mi opción de compra a una tercera persona”, concluye la perjudicada.

Su abogado se reserva las acciones civiles que puedan corresponder por vía ordinaria para la resolución contractual y resarcimiento de daños y perjuicios.

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