Condenada por intrusismo en Mallorca una fisioterapeuta que no tenía el título homologado
Un juzgado de Palma le ha impuesto medio año de prisión y 500 euros de indemnización
La joven, que tenía la titulación de Colombia, admitió los cargos ante la jueza y se conformó con la pena

El Colegio de Fisioterapeutas de Baleares denunció a la joven el pasado verano. / D.M.

Un juzgado de Palma ha condenado a una joven a seis meses de prisión por un delito de intrusismo por ejercer como fisioterapeuta en la isla sin tener el título homologado en España.
La sospechosa, de 34 años, anunciaba sus servicios a través de las redes sociales y se ofrecía para trabajar a domicilio. El Colegio de Fisioterapeutas de les Illes Balears (COFIB) la denunció a mediados de julio de 2024 por no tener la titulación requerida.
La acusada, que poseía el título como fisioterapeuta en Colombia, reconoció los hechos hace unos días en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma. La joven admitió los cargos ante la magistrada y se conformó con la pena que solicitó la fiscalía y la letrada de la acusación particular, Eva Munar, en representación del Colegio de Fisioterapeutas de Balears.
Además del medio año de cárcel, también aceptó pagar una indemnización de 500 euros. La encausada no ingresará en prisión porque la jueza le ha suspendido la pena por un periodo de dos años en los que no podrá delinquir y con la condición de que pague la responsabilidad civil en cinco plazos de cien euros cada uno.
En un principio, el fiscal solicitaba para ella una condena de nueve meses de cárcel por un delito de intrusismo, pero rebajó su petición a seis meses al inicio de la vista oral. La acusación particular se adhirió a las modificaciones del ministerio público y, finalmente, la abogada defensora se mostró de acuerdo con la pena propuesta.
Tras reconocer los hechos la acusada ante la sala, la magistrada de un juzgado de lo penal de Palma dictó sentencia ‘in voce’ y le impuso seis meses de prisión como autora responsable de un delito de intrusismo y el pago de las costas procesales causadas en esta instancia, sin incluir las de la acusación particular.
En concepto de responsabilidad civil, la jueza fijó una indemnización a favor del Colegio de Fisioterapeutas de Balears en la cantidad de 500 euros.
Las partes personadas manifestaron su intención de no recurrir el fallo, por lo que la sentencia fue declarada firme.
Sin título en España
Según se declara probado en la reciente resolución judicial, la acusada poseía titulación como fisioterapeuta en Colombia, pero no contaba con ningún título español ni había homologado su titulación extranjera.
La sentencia subraya que la legislación española establece que la actividad de fisioterapeuta es una profesión regulada en la que la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la actividad profesional.
Así, el pasado 19 de julio de 2024, el Colegio de Fisioterapeutas de les Illes Balears denunció a la joven porque ejercía como tal, ofreciendo sus servicios como fisioterapeuta a través de las redes sociales e incluso se desplazaba a domicilio. La sospechosa se anunciaba y aportaba su dirección de correo electrónico y su teléfono para que los futuros pacientes pudieran contactar con ella.
La encausada, de nacionalidad colombiana, se encuentra irregularmente en España. Entró en el territorio nacional en agosto de 2023. Reside en un municipio de la zona del Ponent de la isla.
El Colegio de Fisioterapeutas de Balears en su denuncia aportó la normativa vigente en España que exige titulación homologada, la posesión del título oficial de grado y además indica que la colegiación es obligatoria.
Este no es el primer caso que denuncia el COFIB, que alerta de quiroprácticos y quiromasajistas sin titulación profesional que realizan actos propios de fisioterapia, una profesión sanitaria que requiere titulación universitaria. Por ello, el Colegio de Fisioterapeutas persigue y actúa ante los casos de intrusismo detectados.
Al final de la vista oral contra la acusada, su abogada pidió que se le suspendiera la pena privativa de libertad impuesta. El fiscal y la acusación particular no se opusieron a dicho beneficio, pero solicitaron que la suspensión fuera por un periodo de dos años en los que no pudiera delinquir y que pagara la indemnización de 500 euros en cinco plazos de cien euros. La jueza así lo acordó, por lo que la joven no irá a la cárcel.
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