Abogadas de familia de oficio en Mallorca estallan contra la Ley de Eficiencia: “Es una privatización de la Justicia, perjudica a los que menos tienen”

Los abogados de familia del turno de oficio en la isla son muy críticos con la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia, que entró en vigor el pasado 3 de abril. La nueva norma obliga a acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como la mediación, la conciliación o un tercero neutral, antes de interponer una demanda judicial.

Los letrados especializados en Derecho de Familia ya han denunciado la disparidad de criterios de los juzgados al aplicar la reciente ley según el territorio, lo que crea “una enorme inseguridad jurídica”, además de alertar del encarecimiento y los retrasos que conlleva un proceso de mediación, que repercutirá y perjudicará especialmente a los menores en una situación de conflicto familiar.

Caen en picado los asuntos de familia en los juzgados de Palma al entrar en vigor la Ley de Eficiencia: de 600 casos en dos días a 23 en mes y medio

A todo ello, hay que añadir la incertidumbre y la honda preocupación de los abogados de oficio, que representan a las personas beneficiarias de justicia gratuita, normalmente ciudadanos sin recursos económicos y en situación de vulnerabilidad, que de momento lo van a tener muy difícil para poder acceder a un MASC. En Balears, la conselleria de Familias y Asuntos Sociales ofrece un servicio gratuito de mediación familiar, pero podría desbordarse.

Además, los abogados de oficio no tienen contemplados estos servicios de negociación extrajudicial y hasta el momento no se les va a pagar por ello. “Es un callejón sin salida. El abogado se ve desanimado porque no ve la salida para poner un pleito. No hay herramientas para plantear una demanda. Aquí no se han creado centros públicos de mediación”, advierte Carmen López, vicedecana del Colegio de Abogados de Balears y responsable del turno de oficio.

“La Ley de Eficiencia es una ley injusta, es una ley que desiguala. Nos desiguala a los que tienen recursos frente a los que no los tienen. Además, los criterios en una zona pueden ser distintos en otras. Esa igualdad de derechos no se cumple”, critica López.

“El texto de la norma genera interpretaciones distintas. El que no tiene recursos no podrá ir a mediación porque la ley no lo desarrolla. Por eso, es una ley injusta. Perjudica a los más vulnerables, a los que no tienen recursos. La ley te dice que tendrá un desarrollo legislativo que no se ha dado. No se trata solo de que no haya una partida presupuestaria para los abogados de oficio para que puedan realizar esta negociación previa, sino que no lo han desarrollado legislativamente. No sabemos qué recursos va a haber para los beneficiarios de justicia gratuita. La ley dice se creará, pero no concreta el qué ni cuándo. Lleva más de un mes en vigor y no tenemos solución para estos beneficiarios de justicia gratuita”, alerta la vicedecana del Colegio de Abogados.

“Es una privatización de la Justicia, perjudica a los que menos tienen”, asegura una letrada de oficio de la isla. Carmen López matiza esta cuestión: “No creo que esta ley privatice la Justicia. Realmente, pierde de vista a todos los beneficiarios de justicia gratuita. Se ha olvidado de ellos”.

El tiempo, un factor importante

Otro factor importante es el tiempo. “Los procedimientos se alargarán para no llegar a un buen fin. No es una ley resolutiva. Alarga los procesos y encarece los costes”, subraya la responsable del turno de oficio.

“Nos quedamos sin recursos para las personas más vulnerables, es muy complicado. Se está dejando a los más necesitados en un estado de abandono. Los más vulnerables son los menores. Y el factor tiempo es esencial. En una situación de crisis de pareja, lo peor que puedes hacer es dilatar el procedimiento. Esto puede desembocar en un caso de violencia de género. Es un caldo de cultivo muy peligroso”, advierte López.

Abogados de familia piden la suspensión de la nueva Ley de Eficiencia en los procesos que afectan a menores: “Se te quitan las ganas de trabajar, el desánimo es brutal”

“Es un texto muy mal diseñado. No puedes desjudicializar todo de la noche a la mañana. Se tiene que hacer con recursos y de forma progresiva, no de esta manera. La Justicia es un pilar del Estado democrático de Derecho. ¿Por qué no puede acudir el ciudadano a la Justicia sin mediar? ¿Por qué me tienes que imponer ir a una mediación? En un Estado de Derecho hay que dotar de medios a la Justicia para que funcione”, recalca la vicedecana de los abogados.

“Si limitas, hazlo al que más tiene, no al que menos tiene. Aquí, se limita al que menos tiene. Se está limitando su derecho. El ministerio de Justicia nos tendrá que dar soluciones, nos tendrá que habilitar métodos alternativos de solución de conflictos para los justiciables de justicia gratuita porque aún no sabemos cómo lo tenemos que hacer con ellos”, reconoce López. En algunos territorios que tienen transferidas las competencias de Justicia disponen de centros de mediación para estos usuarios.

La jueza decana de Palma, Sonia Vidal, reconoce que las familias más vulnerables “tendrán problemas”. Con la obligación de ir al MASC, la ley autonómica de familia permite acudir a la unidad de mediación familiar de la que dispone la Conselleria. “Es un servicio gratuito, pero si todos vamos allí, colapsará”, indica. “Otra alternativa es la conciliación, que también es gratuita y no necesitas abogado. Tenemos unas instancias en el juzgado que el ciudadano tiene que rellenar. Pero los funcionarios no pueden asesorar”, informa Vidal.

El Colegio de Abogados de Balears y las cámaras de comercio de las islas también ofrecen un servicio de mediación privado a través de la Institución de Mediación de les Illes Balears (IMIB). Para acudir a este mecanismo alternativo de resolución de conflictos hay que pagar.

“Lo deseable en asuntos de familia es la mediación”, asegura la jueza decana. “El MASC es mediación y también todas las negociaciones previas entre las partes. Lo único que hay que hacer es documentar esa negociación”, añade Sonia Vidal.

“Se tiene que potenciar un cambio de mentalidad para no llegar al juzgado, que solo lleguen los conflictos de verdad. Esta ley lo que quiere es que lo arregles antes, que solo lleguen a los juzgados los casos más extremos, solo lo único que no puedas arreglar. Es necesario un cambio de mentalidad, que es lo que la ley busca. La finalidad es resolver el problema antes”, insiste la jueza decana de Palma. “Y, para ello, necesitas al mediador y al abogado”, agrega.

Vidal destaca que los tribunales de Palma han unificado criterios. Según indica, en el resto de España puede haber matices, pero en general los criterios prácticamente son los mismos.

La jueza decana admite que los abogados de oficio tienen una parte de razón. “Es verdad que en cierta manera queda desasistido el turno de oficio”, reconoce. La nueva Ley de Eficiencia prevé que los letrados de oficio podrán participar en las negociaciones previas, pero la partida presupuestaria no existe. Por tanto, no hay dinero.

Mercedes Hermoso, abogada de familia que también está en el turno de oficio, se muestra muy crítica con la nueva norma. “La ley es tan inconcreta que es imposible trabajar así. La ley es muy imprecisa, como siempre. Y el problema más grande, para mí, es en familia, porque las cosas tienen que ser inmediatas. Ahora te obligan a ir a mediación, a intentar conciliar, por lo que se retrasa la petición de medidas”, indica Hermoso.

Los abogados suelen negociar antes

“El espíritu de la ley está bien. Más del 80% de los abogados siempre intentamos acuerdos previos. Llegar al juzgado es cuando ya es irreversible. Si conformas un caso antes es más económico para el cliente y el trámite es más rápido”, detalla la letrada.

«Con la nueva ley se encarece y se retrasa el proceso porque te obligan a una negociación o mediación previa. Y un ciudadano solo no puede ir a la conciliación, necesita el asesoramiento de un abogado», señala Laura Moll, letrada de familia y también de oficio, quien aclara que medidas urgentes o la violencia de género no precisan MASC. «Esta ley ahuyenta a la gente a pleitear, parece que quieren cargarse la justicia gratuita, la situación es kafkiana», dice Moll.

“En el turno de oficio, el servicio de mediación no te lo pagan. Yo me estoy planteando darme de baja del turno de oficio. Me complica más la vida, al final voy a tener que poner dinero de mi bolsillo. En ocasiones, yo he pagado algún burofax de mi dinero a algún cliente. Al final, te sabe mal una persona con cuatro o cinco hijos sin recursos, hay gente que no sabe ni leer, ¿cómo van a rellenar solos un formulario? ¿cómo voy a pedirles dinero por un burofax, 20 o 30 euros, cuando ni siquiera tienen para darles de comer a sus hijos? Los beneficiarios de justicia gratuita de momento que se olviden de la mediación”, se lamenta la abogada.

¿Qué es la ley de Eficiencia de la Justicia?

“Esta ley perjudica a los que menos tienen tal como están las cosas hoy, así de claro. Los abogados de familia estamos cansados. Nuestros asuntos conllevan mucha carga, una gran carga emocional. Los tiempos en familia son muy importantes. Imagínate si para pedir un cambio de colegio de un niño tienes que ir a un MASC. Esto es absurdo y nos perjudica a todos. Los abogados estamos muy desanimados”, se queja Hermoso.

“Los niños no pueden esperar y ahora todo se alargará más. Cada vez hay más plazos. Ponte en el lugar de una madre con tres niños que el padre no les pasa dinero y no les puede dar de comer. Tardan un tiempo para que le designen un abogado de oficio y, luego, ¿esperarán dos o tres meses o más para ir a un MASC? El tiempo es importantísimo para estas familias y los menores no pueden esperar”, confirma tajante la letrada.

“Creo que en parte se está privatizando la Justicia. Evidentemente, si tienes dinero y tienes prisa, ¿dónde irás? Pues a un servicio privado de mediación. No irás a los servicios públicos que están colapsados. En el sector público faltan recursos”, sentencia la abogada.

Suscríbete para seguir leyendo