Piden a la Audiencia de Palma reabrir el caso de la estafa con casas modulares por otros dos delitos: insolvencia punible y alzamiento de bienes

Uno de los afectados por la presunta estafa con casas modulares que se gestó en la isla entre 2021 y 2022 ha pedido a la Audiencia de Palma reabrir el caso. El querellante ha interpuesto un recurso de apelación contra el auto de un juzgado de instrucción de Inca que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa al considerar que no existían indicios criminales suficientes contra los investigados.

Archivan la causa de la estafa con casas modulares en Mallorca al concluir que no hay delito

El perjudicado pide al tribunal que revoque el auto que dio carpetazo al caso y que acuerde la continuación de las diligencias. Según su versión, el juzgado de Inca solo se pronunció sobre el delito de estafa, pero no hizo mención alguna al de insolvencia punible ni tampoco al de alzamiento de bienes. Además, el querellante subraya que son muchos los afectados que fueron engañados por el mismo constructor, por lo que la investigación debería ampliarse e incluir a estos perjudicados.

“Honradamente creemos que se ha cometido el delito de estafa que postulamos. Existe un engaño antecedente, idóneo y precedente a los actos de disposición patrimonial que efectuó mi representado a los querellados. Y no solo ha resultado perjudicado mi patrocinado por el actuar premeditado de los investigados, sino también quienes solicitan la acumulación de sus denuncias a las presentes actuaciones”, sostiene el abogado de la acusación particular, Antoni Monserrat.

“Consideramos que debe ventilarse la responsabilidad penal de los querellados no solo respecto de los hechos que se contienen en la querella presentada, sino también respecto de las personas que manifiestan haber sido perjudicadas” por el mismo constructor y, ello, “para no romper la continencia de la causa y evitar eventuales pronunciamientos judiciales contradictorios”, señala el recurso, que cifra el fraude total en casi un millón de euros.

“Además, solo así podrá conocerse el dolo penal global que movía a los querellados, la magnitud del engaño y, en definitiva, la no concurrencia de un simple incumplimiento contractual”, añade la acusación. El juez instructor de Inca rechazó el pasado abril que los hechos constituyeran un delito de estafa al descartar que hubiera engaño previo y derivó el caso a la jurisdicción civil.

Varios afectados denunciaron que contrataron al constructor, que aparentaba una gran solvencia económica, tras ganarse su confianza para que levantara su casa y, tras realizar varios pagos, este abandonó las obras. “Me he quedado sin mi dinero y sin mi casa”, se quejaron.

Fiscalía

La fiscalía se ha opuesto al recurso de apelación y, por tanto, solicita que se confirme el archivo del caso. La defensa también mantiene el sobreseimiento del procedimiento.

Por el contrario, uno de los afectados acusa al constructor de haberle pedido dinero a sabiendas de que no iba a continuar con la obra de su futura casa. Según su versión, los querellados usaron el dinero “para sufragar su alto tren de vida, de lujos”. En la querella inicial se incluyeron fotografías relativas a viajes, vida ostentosa, coches de alta gama y relojes de lujo que los investigados publicaron en redes sociales en las fechas en las que se paralizó la obra, a mediados de 2022. Según el querellante, sufrió un perjuicio económico de más de 50.000 euros.

El constructor investigado por la estafa con casas modulares comparece ante el juez en Inca y se niega a declarar

El afectado sostiene que hay indicios de un presunto delito de insolvencia punible, ya que los querellados, estando en una situación “por lo menos de insolvencia actual o inminente” acuciados por las deudas, realizaron un crucero por el Caribe, se desplazaban en coches exclusivos, se alojaban en hoteles de lujo, exhibían relojes carísimos, patrocinaron equipos de fútbol sala e incluso la pareja del constructor se sometió a una operación de estética. “Siendo dispendios y derroches carentes por completo de justificación económica y empresarial, todo ello con dinero ajeno obtenido mediante engaño, distrayéndolo de la finalidad para la que lo habían recibido”, apunta la acusación particular.

Respecto al delito de alzamiento de bienes, el recurso indica que los querellados formaron una nueva sociedad a mediados de 2022, Modular Haus Mallorca SL, hermana gemela de la mercantil investigada, de nombre parecido, Design Modular Haus SL, y que supuestamente fue utilizada para distraer fondos y dificultar las acciones de los perjudicados.

Así, en agosto de 2022, la empresa investigada Design Modular Haus SL vendió a la otra entidad Modular Haus Mallorca SL un solar en la urbanización Son Gual, propiedad que luego fue vendida a un tercero. La acusación sostiene que esto podría ser “una maniobra más para distraer fondos”, por lo que solicita que se investigue esta operación una vez se reabra la causa.

Además, antes del auto de archivo, el querellante solicitó una serie de medidas cautelares como una averiguación global del patrimonio de los querellados, el embargo preventivo de sus bienes y los listados de los movimientos bancarios de sus cuentas corrientes.

Suscríbete para seguir leyendo