El Govern, sobre la petición de los promotores en suelo rústico: "Nuestro objetivo es que haya vivienda a precios más bajos y haremos todo lo posible para conseguirlo"
El portavoz del Ejecutivo señala que "los grupos parlamentarios harán las valoraciones que estimen convenientes" respecto a las enmiendas presentadas en el decreto de vivienda
Los promotores reclaman al Govern que no se consuma suelo rústico para viviendas hasta haber agotado el urbanizable

El portavoz Antoni Costa, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrada esta mañana / CAIB
"El objetivo del Govern es que haya viviendas para la gente de Baleares a precios más bajos, haremos todo lo posible para conseguirlo". Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, respecto a la petición de los promotores inmobiliarios de no consumir suelo rústico para construir nuevas edificaciones hasta haber agotado el urbanizable.
En relación a las enmiendas presentadas por parte de la Asociación de promotores inmobiliarios de Baleares(Proinba) al proyecto de ley del decreto de proyectos residenciales estratégicos de Palma, Costa detalla que "los grupos parlamentarios harán las valoraciones que estimen convenientes e incorporarán o no en forma de enmiendas estas aportaciones".
En un tono dialogante y sin entrar en conflicto directo con los promotores, el también vicepresidente del Ejecutivo recalca que el único objetivo es conseguir pisos a precios asequibles para paliar la emergencia habitacional que sufren las islas.
"El objetivo del Govern es que haya viviendas para la gente de Balares a precios sustancialmente más bajos y haremos todo lo posible para conseguirlo. A día de hoy las rentas medias no pueden acceder a una vivienda y nuestro objetivo es que sí puedan hacerlo", determina Costa. Asimismo, el portavoz reitera que "no permitirán especulaciones" ya que el único propósito del decreto es conseguir "vivienda para la gente".
Enmiendas promotores
A través de las enmiendas presentadas en el Parlament, los promotores aseguran que la utilización para la construcción de viviendas del suelo rústico de las áreas de transición solo debe de producirse una vez que estén agotados los terrenos urbanos y urbanizables de cada municipio, y únicamente mientras exista una situación de emergencia habitacional. Es más, en esas áreas solo debería de poder edificarse vivienda de protección oficial o a precio limitado.
La citada patronal se ha declarado sistemáticamente contraria a la utilización de suelo rústico, mediante su recalificación, para la construcción de residencias, al menos mientras exista urbano y urbanizable disponible. Ahora, ante la pretensión de PP y Vox de abrir esa puerta en las citadas áreas de transición de los planes territoriales, reclama que esa vía solo se aplique cuando el Ayuntamiento correspondiente considere que sus terrenos urbanos y urbanizables han quedado agotados (en ocasiones hay solares que están paralizados por estar en manos de varios propietarios que no se ponen de acuerdo, pero son casos excepcionales).
Además, se defiende que esa posibilidad solo debe de existir en el caso de que se mantenga la situación de emergencia habitacional declarada y durante la vigencia de la ley que se pretende aprobar en la Cámara balear.
Enmiendas GOB
Por su parte, desde el GOB también han presentado en la Cámara Balear un total de 16 enmiendas con el objetivo de "garantizar la sostenibilidad, transparencia y equidad en las políticas de urbanismo y vivienda". La entidad ecologista se opone al "cambio estructural en la política urbanística y de vivienda en Palma" que supone el decreto de proyectos residenciales estratégicos que tramita el Parlament, "de espaldas al drama real" de acceso a la vivienda y a sus consecuencias ambientales.
Entre sus enmiendas, reclaman que se garantice que un 50 % de la vivienda que se construya sea de protección pública (VPP) sin sustitución por vivienda de precio limitado (VPL), y reserva mínima del 30 % para alquiler protegido gestionado públicamente. También piden la garantía de 15 m² de zona verde por habitante; así como el control de la especulación mediante la activación del deber de edificar en solares vacantes y priorización del uso del suelo urbano consolidado antes de permitir nuevas urbanizaciones.
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