El Govern pacta con Vox flexibilizar el requisito de catalán para los funcionarios de Baleares

El Ejecutivo amplía el plazo para el personal estabilizado, pasando de 2 a 4 años para acreditar el nivel exigido, y rebaja el conocimiento para los celadores

Los de Abascal lo celebran como un triunfo: "Esto es solo el comienzo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Govern de Marga Prohens pacta con Vox flexibilizar el requisito de catalán para los funcionarios de Baleares. De esta forma, el Ejecutivo amplía el plazo para el personal público estabilizado, pasando de 2 a 4 años para acreditar el nivel exigido de catalán, y rebaja el conocimiento de la lengua propia de las islas para los celadores.

Una propuesta que el Govern defiende desde la idea de "pragmatismo" para hacer frente a la situación que se vive en la Administración Pública y que Vox celebra como un triunfo: "esto es solo el comienzo".

La iniciativa, recogida en el Decreto Ley de Capitalidad, permitirá ampliar el plazo para aquel personal estabilizado de Baleares que todavía no ha acreditado el conocimiento del catalán, pasando de 2 a 4 años. En concreto, se modifica una disposición adicional del decreto de medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública del año 2022.

La medida afectará a 145 funcionarios, según han explicado desde el Govern. "A día de hoy la posibilidad con estos trabajadores era la de tener que echarlos o ampliar el plazo. El Govern en colaboración con Vox ha decidido ampliar este plazo", señala el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

En este sentido, el también vicepresidente del Ejecutivo tilda la decisión de "pragmatismo" frente a la situación que se vive con este personal estabilizado. "Pondremos todas las facilidades posibles para que los trabajadores tengan conocimientos lingüísticos, pero el Govern tiene que tomar decisiones y consideramos que desde el pragmatimso la mejor alternativa es ampliar el plazo. Esto que nos permite no tener que echar a los trabajadores", afirma Costa.

Asimismo, también se rebaja el nivel de exigencia de la lengua propia de las islas a los celadores, "ajustando el conocimiento lingüístico a las necesidades derivadas de sus funciones". En este caso, se pasará de pedir un B1 a un A2.

Agradecimiento a Vox

El portavoz del Govern también ha querido expresar su "agradecimiento" a los de Abascal después de apoyar la iniciativa. "Hay consenso en este sentido y para aprobar el decreto ley hemos llegado a un acuerdo con Vox al que reitero mi agradecimiento", expresa Costa, quien afirma que el pacto con los ultraconservadores en esta cuestión "no tiene nada que ver" con las negociaciones que están llevando a cabo para los presupuestos.

Los de Abascal sacan pecho: "Esto es solo el comienzo"

Por su parte, desde Vox han lanzado un comunicado sacando pecho de la medida anunciada por el Govern, asegurando que "esto es solo el comienzo". Los ultraderechistas señalan que el Ejecutivo "incorpora sus exigencias" en este decreto ley.

"Desde Vox hemos dejado claro que no permitiremos que se expulse a ningún profesional sanitario por no tener un título de catalán. Estas medidas suponen un paso firme para desmontar el entramado separatista que durante años ha servido para discriminar, excluir y adoctrinar. Seguiremos trabajando para acabar con todos los requisitos lingüísticos excluyentes en la administración", determinan.

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