Las anunciadas bolsas temporales de plazas turísticas todavía no tienen fecha de arranque en Mallorca
El Consell recuerda que el 15 de junio es el plazo fijado por el nuevo decreto ley para que se publique en el BOIB la resolución sobre su funcionamiento
Turismo consensuará con el sector los criterios que regirán para los interesados en iniciar o ampliar la actividad

A partir del 15 de junio se conocerá el procedimiento para adquirir plazas turísticas en Mallorca. / Manu Mielniezuk

Las anunciadas, y tan esperadas, bolsas temporales de plazas turísticas que se van a crear en Baleares en virtud del nuevo decreto ley en vigor todavía no tienen fecha de arranque en Mallorca. El conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, recuerda que el 15 de junio es el plazo máximo fijado en la norma para que en cada isla se publique en el Boletín Oficial de les Islas Baleares (BOIB) la resolución que marcará su funcionamiento. Mientras tanto el departamento está consensuando con el sector los criterios que regirán para que los interesados puedan adquirir las plazas para iniciar la actividad turística o bien ampliarla, después de que desde 2022 la bolsa quedará bloqueada con la entrada en vigor de la moratoria con el Govern de Francina Armengol.
Durante la rueda de prensa de este jueves sobre la campaña de verano de inspecciones sobre la oferta turística ilegal, Rodríguez y la directora de Turismo, Clara del Moral, explicaron que en el caso de las plazas para establecimientos turísticos en edificios que sean bienes de interés cultural (BIC) o catalogados —que el Govern ha ampliado de 200 a 500 en Mallorca—, el plazo fijado es el 15 de julio.
Es mucha la expectación, sobre todo entre el sector del alquiler vacacional, en torno al fin del bloqueo de las plazas. En el Consell y en la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) están recibiendo diversidad de llamadas de interesados.
Rodríguez no desvela qué condiciones regirán ni el procedimiento para hacerse con las plazas. "Estamos trabajando en ello a través de la junta rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos Turísticos". Al respecto, Del Moral señala que van a "consensuar con el sector, las asociaciones y los sindicatos los criterios y condiciones por las que se otorgarán las plazas".
Con el decreto ley contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y por la calidad turística, en vigor desde abril, se crean dos bolsas temporales de plazas turísticas (una para establecimientos de alojamiento y otra para viviendas de alquiler vacacional) que estarán vigentes hasta que los consells evalúen la capacidad de carga turística de cada isla. Se nutrirán de las plazas de establecimientos que se den de baja definitiva por cambio de uso, de las que sobren en el caso de intercambio entre particulares de plazas que pasan de una a otra vivienda turística y de las bajas de oficio que declare la administración.
Respecto a su precio se mantiene el fijado en 2018, con la salvedad que desde enero pasado el Consell eliminó el fraccionamiento del pago. Las tarifas son las siguientes: en alojamientos (hoteles, agroturismos) y en viviendas turísticas unifamiliares (con compra definitiva) 3.500 euros por plaza; para pisos turísticos por un periodo de cinco años renovables, 875 euros, y para viviendas principales para ejercer la actividad un máximo de 60 días al año durante cinco años (también renovables), 291,67 euros. El IVA está incluido.
"No he acusado a nadie"
Por otro lado, preguntado Rodríguez por la denuncia del jefe de de Inspección turística del Consell que asegura ser víctima de acoso laboral y haber sido apartado de su cargo por "represalia" tras la investigación contra el conseller por el supuesto intento de agresión al funcionario, rechaza esta acusación. "Tengo 64 años. Llevo en lo profesional cerca de cuarenta y pico. No he acosado laboralmente en mi vida a nadie. Va encontra de mi ética y mi moral", se defiende.
Sobre que el agroturismo ilegal del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, Sa Talaia Blanca, en Muro, siga comercializándose, replica que los expedientes contra el alojamiento siguen su curso y mientras "el ciudadano decide lo que hacer a su riesgo y ventura".
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