Govern y Madrid van a un «choque muy gordo» por regular el alquiler de yates en Baleares

Marina Mercante acusa el Ejecutivo balear de invadir sus competencias por querer prohibir que los barcos de recreo privados puedan ser alquilados durante el verano para frenar la saturación del litoral

El Govern quiere prohibir que los yates de recreo privados puedan ser alquilados durante el verano.

El Govern quiere prohibir que los yates de recreo privados puedan ser alquilados durante el verano. / G. Bosch

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

Palma

«Vamos a un choque de competencias muy gordo» con el Gobierno central. La frase es del director general de Puertos y Transporte Marítimo de Baleares, Antoni Mercant, y hace referencia a las alegaciones presentadas por la Dirección General de Marina Mercante contra el proyecto de decreto que el Govern prepara regular la actividad de alquiler de embarcaciones y barcos de recreo. El conflicto nace porque desde la Administración estatal se quiere autorizar que las embarcaciones de recreo de uso privado (lista séptima) se puedan alquilar durante tres meses al año como si fueran de chárter náutico (lista sexta), pero el citado decreto que prepara la conselleria del Mar pretende prohibir esa práctica en las islas al considerar que agravaría todavía más la saturación de barcos que ya existe en verano en el litoral del archipiélago. Un dato a tener en cuenta: la postura que defiende el Gabinete de Marga Prohens es la misma que mantuvo el anterior de Francina Armengol y además cuenta con el apoyo del sector empresarial de Baleares que se dedica a esta actividad.

El conflicto nace porque desde el citado departamento del ministerio de Transportes se considera que el Govern del PP pretende invadir competencias que son estatales al fijar esa prohibición, mientras que Mercant rechaza esa acusación al considerar que esa medida entra dentro de las que tiene asignada la Comunitat Autònoma. Sobre este punto, el director general balear pone de relieve que en las reuniones que él y el conseller Juan Manuel Lafuente han tenido en Madrid han insistido en la necesidad de permitir que las autonomías regulen su actividad, ya que lo que puede ser bueno para regiones como Asturias o Cantabria no necesariamente lo es para Baleares.

Antoni Mercant, director general de Puertos de Balears

Antoni Mercant, director general de Puertos de Balears / B. Ramón

Amplia oferta empresarial en las islas

En relación a este caso, Antoni Mercant pone de relieve que, a diferencia de otros puntos del país, el archipiélago cuenta con una oferta de alquiler de embarcaciones muy importante e impulsada por empresas con unos estándares de calidad muy elevados, por lo que meter en ese mercado a otros barcos de recreo privados no haría más que agravar la saturación que se registra en aguas de las islas, además de conllevar un agravio respecto a las condiciones con las que las primeras tienen que trabajar. El director general del Govern señala que la medida que se quiere imponer desde Madrid equivaldría a dar carta blanca para que cualquier piso se alquile a turistas durante el verano, subrayando el conflicto que con ello se generaría.

Hay que destacar que cuando desde el Ministerio se anunció esa pretensión hace algunos años, al rechazo de las empresas baleares de chárter náutico se sumó inmediatamente el anterior Govern de Francina Armengol de la mano del entonces director general de Puertos, Xavier Ramis, con argumentos muy similares a los que ahora expone Mercant. De este modo, PP y PSIB han mantenido idénticas posturas de oposición a las tesis defendidas por el ministerio de Transportes.

Polémica

Por otro lado, el actual responsable balear de Puertos y Transporte Marítimo pone de relieve que otra medida contemplada en el futuro decreto que está levantando una fuerte polémica la vista de las alegaciones presentadas es la exigencia de que las embarcaciones de alquiler deban disponer de un amarre o boya de fondeo controlado y tener de autorización para el embarque de pasajeros, algo que apoya el sector empresarial de las islas.

En cualquier caso, Antoni Mercant confirma que el decreto balear que se prepara se ha demorado por la tramitación que ha tenido que pasar, y aunque se puede aprobar durante el verano no entrará en vigor hasta el próximo mes de octubre, por lo que no se aplicará esta temporada alta. El director general alega que los cambios que introduce tienen un elevado calado y podrían generar problema a las empresas del ramo si comienzan a aplicarse en los meses punta de actividad.

Suscríbete para seguir leyendo

Tracking Pixel Contents