Marina Echebarría Sáenz, catedrática de Derecho Mercantil de la universidad de Valladolid, activista LGTBQ: «Las personas trans somos el 0,035% de la población: ¿por qué tanto escándalo?»
Fue la primera persona abiertamente trans en lograr una catédra en España
Participó ayer en un seminario para profesores organizado por el Laboratorio Interdisciplinario de Derechos y Libertades de la UIB (LIDIB)

Echebarría, que ha colaborado en la redacción de la normativa por los derechos trans, habló ayer en la UIB. / Guillem Bosch

La primera mujer catedrática trans: ¿eso ya es romper el techo de cristal del techo de cristal?
Fui la primera en acreditar mi plaza siendo trans abiertamente. Hubo otras dos que hicieron su transición después de obtenerla y fue muy duro: una desapareció de la universidad y a la otra le quitaron todos sus cargos y la marginaron. Yo tuve apoyo. Hubo un intento de campaña, pero fue minoritaria. Y eso que vengo de un entorno conservador, la Facultad de Derecho de Valladolid, pero también civilizado y respetuoso con los principios democráticos.
Desde que inició su activismo, ¿cómo ha cambiado el tratamiento jurídico de las personas trans en España?
Radicalmente. Al principio, para que se reconociera tu identidad tenías que ir a juicio, demostrar que te habías operado (algo que ni siquiera se podía hacer en España y que no cubría la Seguridad Social)... Luego vino la ley 3/2007, que fue un avance, pero seguía siendo un sistema medicalizado: necesitabas diagnóstico, tratamiento... Finalmente, llegamos a la ley de 2023, que separa claramente lo clínico de lo jurídico. No puedes condicionar derechos civiles a diagnósticos médicos, es un error gravísimo.
Participó en la redacción de esa ley, ¿cómo valora los dos años que llevamos de aplicación?
La ley se aplica, los fraudes son mínimos y las personas están ejerciendo sus derechos. Falta que la sociedad asuma estos cambios con más naturalidad y menos miedo. Lo jurídico se puede resolver con voluntad política, lo social lleva más tiempo, estamos en ello.
¿Se sabe el porcentaje de fraude y que representa en comparación con otras leyes?
Los datos son claros: en el primer año, hubo 5.139 solicitudes de cambio registral. De esas, solo 48 no se ratificaron (no es un proceso tan automático ni rápido como se difundió). Muchas de ellas fueron titulares de prensa llamativos, como el caso de los 23 militares en Ceuta, pero solo dos completaron el proceso. En total, apenas una decena de casos se han considerado posibles fraudes. Y eso, de más de 11.000 personas. Somos el 0,035% de la población, ¿por qué tanto escándalo por una minoría tan pequeña? El fraude es mínimo en comparación con otras leyes y hay mecanismos para detectarlo. Igualmente, no se puede legislar por miedos infundados sobre el uso de la ley de manera fraudulenta. También hay matrimonios de conveniencia y nadie cuestiona la ley de matrimonios.
¿Se ha creado alarma?
Totalmente. Hay bulos que sostienen que una avalancha de jóvenes quiere cambiar de sexo. Y no, lo que hay son jóvenes explorando su identidad y cuestionando el sistema. Eso no significa que sean trans ni que pidan reconocimiento legal, ni tratamientos ni cirugías. Se ha montado un discurso de pánico, sin datos reales, para justificar una supuesta protección de la infancia .
Se dijo que ‘no se puede legislar sobre sentimientos’.
La identidad es personal, sí, pero eso no significa que sea arbitraria o ficticia. Cualquier proceso psicológico se basa en lo que la persona manifiesta. No existe una prueba objetiva de identidad. Entonces, ¿por qué aplicar un diagnóstico médico como condición para acceder a derechos?
¿Se les ha utilizado como chivo expiatorio de un malestar social por otras causas?
Se nos ha convertido en una herramienta de debate político. Hay sectores que apelan al miedo, a la nostalgia de un pasado «ordenado», donde todo era más «natural». Las personas trans rompemos con esa idea. Se nos usa para desviar la atención. Mira a Trump: firma un decreto para excluir a personas trans del deporte, rodeado de niñas blancas, como si las estuviera protegiendo. Al final eso afectó a cinco atletas pero mientras se escenifica esa «protección», se derogan políticas de igualdad y de derechos sexuales y reproductivos que afectan a millones de mujeres.
¿Cómo abordar las competiciones deportivas?
Ya está regulado. El Comité Olímpico Internacional estableció criterios tras años de estudio para garantizar la equidad. En Tokio compitieron 32 atletas trans. Ninguna ganó medalla. En París no hubo ninguna, se las excluyó antes de los juegos. Sin embargo, el ruido mediático fue enorme, con campañas de desinformación.
¿Cómo se vive desde el colectivo LGTBQ+ el auge del discurso conservador en todo el mundo?
Con mucha angustia, hay una amenaza de retroceso. En Rusia, en Bulgaria, en Hungría o en Estados Unidos no reconocen nuestras identidades, y vemos que se nos pueden robar los logros legislativos, como acaba de pasar en Gran Bretaña: cinco jueces conservadores reinterpretan la ley de igualdad contra la exposición de motivos, contra la intención manifiesta de los redactores, y dejan a decenas de miles de personas en un limbo jurídico y destinadas a unas leyes de segregación legal, que Stammer ya está prestándose a elaborar.
¿Qué impacto tendrá esa sentencia en Europa y en España?
España cuenta con jurisprudencia sólida desde 1983 del Supremo y del Constitucional, pero sectores transexcluyentes ya están invocando esta sentencia cuando es una sentencia jurídicamente deficiente, que se basa en prejuicios, utiliza una biología desfasada y vacía de contenido la ley, asumiendo funciones legislativas que no corresponden a los jueces. El proceso fue deficiente: se aceptó el marco argumental de los demandantes sin un debate plural. Este tipo de decisiones judiciales ideologizadas representan un riesgo democrático al permitir que un reducido grupo de jueces condicione derechos fundamentales.
Parte del feminismo ha celebrado esa sentencia, al considerar que detiene ‘el borrado de las mujeres’.
Sí, pero al final el borrado que se produce es el nuestro. Yo lo siento, pero aquí estamos. Y que me digan a qué mujer le hemos quitado un derecho. Más allá de estos bulos o de cuestiones que podríamos considerar si hay alguna necesidad de corrección, ¿a quién le he quitado yo un derecho? ¿En qué hemos afectado a las políticas de igualdad?
¿Cree que aún podrían reconstruirse puentes con esa parte del feminismo?
Puedo llegar a entender que muchas mujeres estén alarmadas por noticias que parecen escandalosas, pero muchas veces son datos tergiversados y titulares falsos, eso se podría aclarar con información y diálogo. Sin embargo, tras tantos años de debate, y creo que quienes lideran esta campaña contra los derechos trans no buscan el entendimiento ni actúan de buena fe.
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