Abogados de familia piden la suspensión de la nueva Ley de Eficiencia en los procesos que afectan a menores: “Se te quitan las ganas de trabajar, el desánimo es brutal”

Abogados de familia han reclamado al Ministerio de Justicia la “suspensión inmediata” de la nueva Ley de Eficiencia que entró en vigor hace un mes, el pasado 3 de abril, en aquellos procesos que afectan a menores.

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La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha denunciado la disparidad de criterios de los juzgados a la hora de aplicar la nueva norma, lo que crea “un caos y una enorme inseguridad jurídica”. Así, por ejemplo, los criterios de los juzgados de primera instancia de Palma son distintos a los de Barcelona, Madrid o Canarias, según señalan varios letrados.

“No tenemos criterios. No lo tenemos nada claro, estamos todos como en una nube”, reconoce una experimentada abogada de familia de la isla.

“Por lo que nos han comentado otros compañeros, en Madrid, todo, todo y todo tiene que ir a conciliación, incluso, un procedimiento de mutuo acuerdo. Esto es una locura, es completamente absurdo. La verdad es que aquí creo que no es así, no sabemos cómo hacerlo aún”, señala otra letrada palmesana.

La AEAFA alerta también de la dilación que conlleva un proceso de mediación, así como de los “riesgos” a los que se está exponiendo innecesariamente a los niños y adolescentes por la obligatoriedad de implementar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de interponer una demanda judicial para fijar la pensión de alimentos, el régimen de custodia y visitas o el uso del domicilio familiar. Esta imposición añade a los retrasos de la Justicia otros dos meses o más, advierten.

“La abogacía de familia es una firme defensora de los métodos alternativos de solución de conflictos, que además constituyen una práctica común y una exigencia en nuestra práctica profesional. No obstante, consideramos que la imposición sistemática de los MASC en estas situaciones, lejos de agilizar la Administración de Justicia, está generando, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños, niñas y adolescentes de España y retrasos innecesarios y perjudiciales para su bienestar”, según se desprende de una carta de la AEAFA remitida al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños.

Aviva el conflicto

“Obligar a las partes a un proceso de mediación o negociación previo antes de poder garantizar sus derechos más básicos, como la alimentación o el contacto con ambos progenitores, no solo dilata innecesariamente la resolución de situaciones de alta conflictividad y vulnerabilidad, exponiendo a los menores a una incertidumbre perjudicial para su desarrollo integral, sino que además la experiencia demuestra que la demora de una pronta respuesta judicial aviva el conflicto”, alerta la AEAFA en la misiva.

Una abogada mallorquina experta en Derecho de Familia lo corrobora. “Unas medidas coetáneas que tienen que ser rápidas e inmediatas en cuanto hay una separación, ahora no se pueden presentar y tienen que ir a mediación. El trámite en la actualidad se dilata por esta ley. Es incomprensible”, destaca la letrada. Una colega añade: “Es surrealista esta ley”.

Alud de demandas civiles en Palma para evitar la nueva ley de Eficiencia

“El proceso se va a alargar y, lógicamente, va a perjudicar a los niños. Y, al final, se va a colapsar el juzgado”, asegura otra abogada de la isla. “En asuntos de familia, es totalmente absurdo. En temas civiles, pues aún lo puedo entender, pero en familia es retrasar una situación muy delicada”, lamenta la letrada.

“Además, los que van a resultar más perjudicados son los que no tienen recursos económicos porque los procedimientos se van a encarecer entre 500 o 600 euros en líneas generales. La gente de a pie va a ver cómo se incrementan los gastos. Para el que tiene dinero esto no le va a suponer nada porque 500 euros más tanto le dan, pero la persona que va justa de dinero, no lo va a poder asumir”, reconoce la abogada. “Y un abogado de oficio no va a poder hacerse cargo de este trámite previo”, abunda la letrada.

“Aquí, en Baleares, colapsará el servicio de mediación que ofrece la Conselleria. Es imposible que lo puedan asumir todo. La verdad es que no hay derecho, se te quitan las ganas de trabajar. El desánimo en la profesión es brutal”, asegura otra abogada con una amplia trayectoria a sus espaldas.

La AEAFA critica “la deficitaria cuando no errónea y contradictoria regulación” de algunos artículos de la ley. Según indican, “esta falta de uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma provoca un trato desigual a los ciudadanos y una enorme confusión entre la ciudadanía, afectando negativamente a los derechos de los menores en todo el territorio nacional”.

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