Vox renuncia a dar barra libre a los agroturismos en Baleares a través de la ley de macrogranjas

Vox ha renunciado a su pretensión de dar barra libre a los agroturismos en Baleares a través del decreto ley de macrogranjas. Después de que su grupo parlamentario presentara el 24 de marzo dos enmiendas en su tramitación como proyecto de ley que modificaban la ley agraria que regula dichos establecimientos ha dado marcha atrás. La víspera de Jueves Santo, el 16 de abril, las retiró. Ni el Govern, a través de la consellera de Jaume Bauzà, ni la ultraderecha explican a qué obedece este cambio repentino. 

Desde la Asociación Balear de Agroturismos y Turismo de Interior se manifiesta su «alegría» porque por ahora no se relaja la normativa eliminando la antigüedad que se exige a estos alojamientos, que deben ubicarse en edificaciones construidas antes de 1960, entre otros requisitos que se pretendían relajar para dar luz verde a agroturismos ilegales, como el de la familia de Joan Monjo, alcalde de Santa Margalida, o el del ex alto cargo del Govern Jaume Porsell, y a que proliferasen estas explotaciones. «Temíamos que el PP lo aceptara y fuera moneda de cambio» en las negociaciones con su socio Vox. «La figura del agroturismo se creó para conservar el patrimonio, las possessions antiguas, y no para llevar turistas al campo en chalés», defiende Miguel Artigues, presidente de la patronal del sector. 

Miguel Artigues: «Este Govern no sabe lo que es un agroturismo y no nos tiene en cuenta»

El pasado 24 de marzo el diputado de Vox Sergio Rodríguez presentó las enmiendas de su formación al decreto de ley que fija la dimensión máxima y la ubicación de granjas intensivas de gallinas en Baleares. Una de ellas modificaba el apartado 1 del artículo 97 de la ley agraria para eximir a los agroturismos de los requisitos de antigüedad y de parcela que deben cumplir actualmente. Están regulados por la ley de Turismo de 2012 que fija que «se deben ubicar en edificaciones construidas antes del 1 de enero de 1960, situadas en suelo rústico y en una finca o fincas que tengan una superficie mínima de 21.000 metros cuadrados».

«Temíamos que el PP aceptara y fuera moneda de cambio», advierten desde la patronal del sector

La ultraderecha también buscaba blindar a los agroturismos para que no se les pueda aplicar ni el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) ni el Plan General.

La segunda enmienda de Vox añadía una nueva disposición transitoria a la ley agraria según la cual habría agroturismos que «estarán exentos del requisito de aportar, como mínimo, el mismo número de plazas que vayan a comercializarse y a inscribirse [...] siempre que hayan obtenido la declaración agraria preferente antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2022, de 15 de junio», es decir, la ley Negueruela que implantó la moratoria de plazas.

Rodríguez sale por la tangente: «Consideramos que el decreto de macrogranjas iba muy cargado. Además, no tenemos la seguridad de apoyarlo cuando se vote». Aduce ahora que «tiene más sentido» que las enmiendas vayan al Parlament con la ley agraria. El diputado de Vox dice que como el caso del agroturismo «irregular de Monjo hay decenas en las mismas circunstancias» que se beneficiarían con «normativas menos restrictivas».

Suscríbete para seguir leyendo