El Govern tarda casi año y medio en dar los certificados de discapacidad

El colectivo de personas con discapacidad es muy diverso, pero comparte una queja de forma unánime: el tiempo excesivo que deben esperar para lograr un certificado de discapacidad, un papelito que necesitan para acceder a multitud de ayudas y servicios de atención específica. En las islas, la espera media llega casi al año y medio: 16 meses. Se ha duplicado respecto a mayo de 2023 (y eso es solo el plazo medio: hay gente que espera más tiempo).

Lo admite la directora general de Atención a la Dependencia, Maria Castro, que reconoce que «no es consuelo» que el problema se dé en toda España.

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El pasado febrero, un informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, criticó con dureza el sistema de reconocimiento o revisión del grado de discapacidad de Baleares (y de otras comunidades autónomas), que provoca que, indicaba el texto, haya habido casos de ciudadanos que han tenido que esperar hasta cuatro años para ser llamados por la conselleria de Asuntos Sociales.

¿Por qué se dan estos retrasos? El informe de Gabilondo, y la propia, directora general enumeran varios motivos, empezando por un cambio de normativa (basado en un modelo biopsicosocial que se abre a nuevas interpretaciones) y la modificación del sistema y la herramienta de baremación que entró en vigor en 2023 y generó un tapón, coincidiendo con el cambio de Govern autonómico.

La exconsellera Fina Santiago (Més) dejó reflejado en el traspaso de carteras que en mayo de 2023 la espera media era de 7,5 meses. Aquel año se cerró con un 75 % más de personas esperando certificado (de las 8.747 que había en enero a las 15.252 de diciembre), y el tiempo de demora llegó hasta los 9,5 meses.

Otro motivo que retrasa este proceso es el aumento de dolencias que provocan secuelas permanentes, un fenómeno intensificado por la pandemia de 2020 que dejó a pacientes con síntomas persistentes y graves, cuyas consecuencias, a efectos de valorar la discapacidad, están siendo muy complicadas.

Otra causa clara que explica el retraso en certificar la discapacidad (y que en Balears se nota especialmente) es la falta de personal para valorar. Por eso, se están ampliando los convenios firmados con el IB-Salut (vía que abrió el anterior Govern) para que personal sanitario haga valoraciones por las tardes. El pasado 1 de marzo se firmó la ampliación de las horas (de 450 a 750 horas mensuales) y se busca ampliar los perfiles que pueden valorar. 

Los valoradores que vienen del IB-Salut se apuntan a una bolsa, reciben formación sobre cómo manejar la herramienta que se utiliza y luego acuden dos tardes por semana al centro base de Joan Crespí para hacer refuerzo. «Nos ayudan mucho, tenemos plazas dotadas y creadas para valoradores, pero no hay gente, los bolsines están agotados», indica Castro.

Asimismo, para acortar los tiempos de espera, ya el año pasado Asuntos Sociales creó dos pasarelas entre el sistema de Dependencia y el de Discapacidad. Así, estas pasarelas permiten que a las personas mayores de 80 años a quienes se les reconoce un grado uno permanente de Dependencia se les certifique automáticamente también 33 puntos de discapacidad y 25 de movilidad. A los mayores de 75 años con grado dos de Dependencia, se les certifica al momento una discapacidad del 65 % y 25 puntos de movilidad. Ahora, la dirección general está estudiando ampliar y crear nuevas equivalencias.

Trámite de urgencia

Otra línea que se está analizando es ampliar los supuestos que pueden acogerse al trámite de urgencia, que se resuelve en tres meses. El año pasado ya se publicó un protocolo, que se va adaptando. Así, en 2023 se añadieron las personas con ELA a los supuestos que ya existían, como las víctimas de violencia de género; las personas que necesitan el certificado para participar en un proceso de oferta pública de empleo o en programas formativos con reserva de plaza; o porque necesitan el reconocimiento para no perder una subvención estatal. También se concede de urgencia por cuestiones de salud: pacientes en cuidados paliativos o con secuelas graves; con diagnóstico de cáncer con mal pronóstico; o por razones humanitarias.

Se está valorando, además, simplificar trámites, por ejemplo, con los casos de atención temprana, y que, ante algunos diagnósticos (como parálisis cerebral), directamente se pueda otorgar el certificado de discapacidad.

¿En qué momento estima Asuntos Sociales que estas medidas se empezarán a notar y los tiempos de espera se irán acortando? De momento, la directora general no se moja: «Cuando tengamos los equipos un poco conformados sí que podemos hacer la simulación de reducción de plazos», argumenta.

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«Estamos pendientes de ver si podemos reforzar los equipos profesionales de estructura», explica. «Están abiertos a unas disciplinas y los queremos abrir a más, al igual que hemos hecho con el convenio con IB-Salut, y por ahí aprovechar algún bolsín que esté abierto con perfil sanitario que pudiese incorporarse».

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