¿Qué cambia en Baleares con el nuevo decreto turístico? Consulta aquí los puntos clave

A las puertas de la temporada turística el Govern de Marga Prohens ha aprobado este viernes, con el apoyo de Vox, su decreto ley de contención turística que incluye la prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares y a la vez reactiva el intercambio de plazas, lo que relaja la suspensión vigente desde 2022, cuando el anterior Ejecutivo sacó adelante su ley turística que dictó una moratoria durante cuatro años, hasta 2026, y los consells insulares, debían establecer el techo, es decir el número máximo de crecimiento. Ahora se deja sin efecto esa fecha tope "para quitar presión", en palabras del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà: la moratoria se levantará cuando cada isla lo establezca y fije su capacidad de carga. Además, se incluyen medidas contra la oferta ilegal, como el aumento de las sanciones hasta los 500.000 euros, y de reconversión de la oferta obsoleta que permite también ampliaciones en la edificabilidad.

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Estos son los puntos clave del nuevo decreto ley presentado por el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el conseller Bauzà.

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• Se aparca la subida de la ecotasa, canon del agua o el nuevo impuesto a rent a car. Todas las medidas referentes con la fiscalidad que pretendía sacar adelante el PP se han dejado fuera para lograr el apoyo de Vox para aprobar el decreto turístico.
• Prohibición de nuevas plazas de alojamientos turísticos en viviendas plurifamiliares. La medida regirá para todo el archipiélago. Para las plazas existentes que quieran renovar la licencia los consells elevarán las exigencias de calidad vía reglamento.
• Estabilización de plazas de alquiler que no se pagaron y ahora se podrán vender. Las plazas de alquiler vacacional previas a 2017 estaban asociadas a una vivienda concreta y no se pagó para tener las licencias. Si se dejaban de utilizar, se extinguían y las viviendas pasaban a ser residenciales. Ahora se 'salvan' y se podrán vender. Era una reivindicación de Habtur que no logró con el exconseller socialista Iago Negueruela. La patronal calculó que eran unas 90.000 plazas en Mallorca.
• Se suprime la obligación de dar de baja dos plazas vigentes para dar una de alta. La ley Negueruela había impuesto ese requisito, ahora bastará intercambiar una por otra.
• Se reactiva el intercambio de plazas entre particulares. Y el cambio de uso de establecimientos turísticos para transformarlos en vivienda de precio limitado o para trabajadores de los hoteles. Queda pendiente que los consells fijen su techo de plazas y capacidad de carga para levantar totalmente la moratoria.
• Creación de una bolsa de plazas temporal vacía. Recogerá aquellas plazas que se den de baja para evitar el decrecimiento. Los consells podrán hacer una "depuración" eliminando las plazas que no hayan tenido actividad consecutiva durante tres años. El Govern subraya que las plazas disponibles en cada isla para nuevos alojamientos antes de entrar en vigor la moratoria no se tocarán y seguirán "bloqueadas". En Mallorca, según informó el Consell en 2022, cuando entró en vigor la moratoria había en la bolsa unas 8.500 plazas para nuevos alojamientos: 4.840 para hoteles y 3.640 para alquiler turístico. Y a partir del 2024 se podrían habilitar otras 14.000 plazas para ponerlas a la venta. Hace un año el presidente insular, Llorenç Galmés, anunció que con la modificación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) reducirían el techo de plazas de 430.000 a 412.000, son 18.000 plazas menos. Así Mallorca tendría 308.000 plazas hoteleras y 104.000 de alquiler vacacional.
• Número de registro de los alojamientos en las plataformas comercializadoras. Será obligatorio que los portales lo exijan y se responsabilizará de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras.
• Suben las sanciones contra la oferta ilegal. Aumentan un 25 % con multas de hasta 500.000 euros. Las muy graves pasan de la horquilla de 40.001–400.000 euros a la de 50.001-500.000 euros; las graves, de 4.001-40.000 euros a 5.001-50.000 euros, y las leves, de 0-4.000 euros a 0-5.000 euros.
• Rebaja de multa si se destina la vivienda al alquiler. Los propietarios sancionados podrán obtener una rebaja de hasta el 80 % si destinan su vivienda al alquiler social o al alquiler de precio limitado. La medida está enfocada a aflorar vivienda ante la emergencia residencial.
• Nuevas zonas saturadas y de reconversión. Podrán ser declaradas por los consells previa presentación de un plan estratégico de actuación y de un régimen extraordinario de modernización de establecimientos.
• Ampliaciones de la edificabilidad hasta un 10 %. El decreto recupera una nueva versión de la disposición adicional cuarta de la ley Delgado que permitió las reformas. En las zonas saturadas y de reconversión para fomentar la modernización de la oferta turística se permitirá el aumento de la superficie de establecimientos turísticos —incluida la oferta de alojamiento, restauración, entretenimiento, recreativa, deportiva, cultural o lúdica— hasta un 10 %, sin poder crecer en altura. En el caso de establecimientos de alojamiento no se podrán aumentar las plazas.