Juicio por explotar a inmigrantes irregulares de Nicaragua en sa Pobla
La fiscalía pide diez años de prisión para una pareja acusada de traer a compatriotas con falsas promesas de trabajo para luego exigirles el pago de una deuda con intereses leoninos
Los dos acusados, hoy en un juzgado de lo penal de Palma, en la sede de Vía Alemania. / B. P.
Una pareja será juzgada el próximo mes en Palma por explotar laboralmente a inmigrantes irregulares procedentes de Nicaragua en sa Pobla entre los años 2018 y 2019. Los dos sospechosos, de origen nicaragüense, han comparecido esta mañana ante un juzgado de lo penal de la ciudad, pero la vista oral se ha suspendido, ya que no han alcanzado ningún acuerdo con la fiscal.
El ministerio público solicita para cada encausado sendas penas de cinco años de cárcel, así como una multa de doce meses con una cuota diaria de doce euros, por un delito contra los ciudadanos extranjeros en su modalidad de ayudar a permanecer en territorio nacional con ánimo de lucro en concurso con otro delito contra los derechos laborales de los ciudadanos extranjeros.
La pareja acusada presuntamente traía a compatriotas desde Nicaragua con falsas promesas de trabajo y, una vez en la isla, les exigían el pago de una inmensa deuda con intereses leoninos.
La fiscalía también reclama que la pena de prisión sea sustituida por su expulsión de España por un periodo de diez años, cuando ambos accedan al tercer grado o a la libertad condicional.
Según la tesis de la acusación pública, los hechos se remontan a 2018 y 2019 cuando los sospechosos, de mediana edad y en situación irregular, en sa Pobla se pusieron de acuerdo con una tercera persona en Nicaragua, frente a la cual se han sobreseído los hechos al no haber sido encontrada, para captar a compatriotas y traerlos a España bajo la promesa de que aquí obtendrían trabajo.
Ánimo de lucro
El fiscal señala que la pareja encausada actuó con ánimo de lucro y a sabiendas de que con su conducta violentaban la legislación aplicable sobre la entrada y permanencia de ciudadanos de fuera de la Unión Europea y conociendo también que causaban un detrimento en los derechos laborales que les serían reconocidos a las víctimas a consecuencia del desempeño profesional que efectuaron.
Así, en esas fechas conminaron a tres ciudadanos nicaragüenses a venir a España. Los acusados, con un reparto previo de funciones, les proporcionaron los billetes de avión y una cantidad de dinero en efectivo suficiente para hacerse pasar por turistas.
Una vez los perjudicados aterrizaron en suelo español, fueron trasladados a Mallorca. En concreto, los llevaron a sa Pobla, donde los sospechosos les facilitaron vivienda y manutención, previo pago de una cantidad fija al mes en concepto de alquiler y suministros.
Las víctimas, a cambio, debían trabajar en los puestos que les designaban los acusados. Estaban obligadas a desempeñar su tarea pese a encontrarse en situación irregular, situación que era utilizada por los sospechosos para amedrentarles con denunciarles ante la Policía por su estancia irregular en España, según destaca la fiscalía.
Además, los perjudicados estaban obligados también a saldar una deuda, que correspondía con la primeramente contraída y que se había ido incrementando a consecuencia de los servicios prestados por los acusados que incluía los billetes de avión, traslados, manutención y los intereses, “claramente leoninos”, y un exiguo plazo para su amortización.
Documento notarial
El ministerio público subraya que el montante principal de la deuda había sido incrementado de forma artificial por los encausados, de forma que pudieran obtener un mayor beneficio de la conducta ilícita prestada.
Para asegurarse el beneficio económico perseguido, los sospechosos también obligaban a las víctimas a firmar en su país de origen un documento notarial por el que, en caso de no abonar la totalidad de la deuda contraída, las viviendas que eran de su propiedad en Nicaragua pasarían a ser propiedad de los primeros, según señala el fiscal. “Este era un motivo más que impedía a las víctimas eludir la situación de abuso que sufrían”, indica la acusación.
La pareja se había repartido las funciones. La mujer se encargaba de la captación, organización, alojamiento y búsqueda de empleo de las víctimas, por lo que ostentaba un papel dominante. Mientras, el hombre se encargaba de las funciones de apoyo, logística e infraestructura. La conducta que ambos desplegaron creó en los perjudicados, según la fiscalía, “una situación de desamparo y desprotección”.
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