El juez rechaza que se personen otros afectados en la causa de la estafa con casas modulares en Mallorca
Una reciente providencia judicial recuerda que ya se ha concluido que los hechos investigados no son delito
El constructor investigado en el caso de las casas modulares que se ha archivado recientemente. / IB3
El juez de Inca encargado de investigar la supuesta estafa con casas modulares en Mallorca que acordó hace unos días archivar el caso al no hallar indicios de delito ha rechazado la personación de otros afectados en la causa inicial.
A través de una reciente providencia judicial, el magistrado descarta que otros perjudicados se puedan personar en el procedimiento al tener en cuenta que ya se ha concluido que los hechos “no revisten caracteres de delito”.
El juzgado de instrucción de Inca responde así a las solicitudes de personación formuladas por varias personas que alegaban haber sido igualmente perjudicadas por el constructor investigado, en casos de índole similar al que figuraba en la querella inicial por parte de un afectado.
“Resulta jurídicamente improcedente acordar la acumulación de los casos instados por terceros que afirman haber sufrido perjuicios similares, toda vez que no puede acumularse a una causa en la que no se aprecia indicio delictivo alguno la investigación de otros supuestos cuya relevancia penal, en todo caso, deberá ser valorada separadamente y ante el órgano competente”, señala la providencia judicial.
Descarta acumular los casos
“Procede, por tanto, denegar la acumulación interesada, sin que proceda entrar a valorar en esta causa los hechos concretos que pudieran haber motivado dichas solicitudes”, concluye el juez, en la misma línea que ya mantuvo en su auto anterior en el que acordó el archivo del caso al no apreciar indicios de delito de estafa.
Hace unos días, el juzgado de Inca acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra el constructor investigado, defendido por el abogado Josep de Luis, su pareja y la empresa Design Modular Haus SLU al concluir que no hay delito porque no hubo un engaño inicial. El auto apuntaba a un incumplimiento de contrato y derivaba el litigio a la jurisdicción civil.
El querellante, representado por el letrado Antoni Monserrat, anunció que recurriría el archivo en apelación ante la Audiencia de Palma. Una decena de afectados quería sumarse a la querella inicial al mantener que el ‘modus operandi’ utilizado por el constructor era similar, ya que cobraba por adelantado para construir las casas y luego dejaba las obras a medio hacer. Según la versión de los afectados, el perjuicio económico padecido ascendería a más de un millón de euros. Ahora, el juez ha desestimado su pretensión, ya que los hechos iniciales no son delito.
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