La finca de Santa Cirga cuesta más de 20 millones, el doble de lo anunciado y lejos de las previsiones del Consell para comprarla

La possessió de Santa Cirga en Manacor se halla en venta, pero por una cantidad que dobla prácticamente a la publicada, y lejos de las aspiraciones del Consell de Mallorca que el lunes anunciaba su intención de adquirir la emblemática finca ligada a Mossèn Alcover. Frente a los trece millones señalados el mes pasado como el coste de la transacción, el precio real se encuentra entre los veinte y los 25 millones de euros. La institución insular ha hablado esta semana de destinar un millón y medio de euros, que no cubrirían ni las arras de la compraventa.

Santa Cirga está controlada a través de la sociedad Agrogestión S.A. por los herederos de Juan March Ordinas, que la adquirió el siglo pasado. Los descendientes del banquero en la línea sucesoria de su hijo Bartolomé March Servera que controlan la finca son Leonor March Cencillo y Álvaro Chico de Guzmán Boyer, respectivamente nieta y tataranieto del magnate mallorquín.

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Los descendientes de March han puesto en efecto la finca en venta a través de la inmobiliaria Engels&Völkers, aunque sin contrato de exclusividad. La cifra no se corresponde con la inicialmente publicada de 13 millones , una parte de los propietarios la eleva hasta la barrera de los 25 millones. La cantidad era conocida por este diario antes de que se manifestara el interés del Consell por la adquisición. En el margen consignado, la cifra prevista por la institución insular se aleja notablemente del precio real.

Fuentes cercanas a la propiedad de Santa Cirga han negado a este periódico que se hayan producido negociaciones con el Consell, aunque reconocen que ha habido un contacto previo. La institución insular también reconoce que no ha habido ninguna conversación en firme sobre la viabilidad de la compra. La información difundida por la institución insular hablaba de discrepancias entre los herederos y copropietarios de la possessió, una circunstancia que ha sido desmentida por los afectados. Leonor March Cencillo es abuela de Álvaro Chico de Guzmán.

En la información suministrada sobre la adquisición pública, se hablaba también de una posible subasta judicial de la finca por las posiciones enfrentadas de sus copropietarios, otra circunstancia que también ha sido desmentida por fuentes cercanas a la propiedad. Santa Cirga está situada entre Manacor y Porto Cristo. Siete años atrás, los herederos de March unieron fuerzas ante un notario para comprometerse a evitar la construcción de un parque fotovoltaico sobre los terrenos.

Santa Cirga cubre una superficie de veinte hectáreas. Aunque el Consell ha resaltado los vínculos con Antoni Maria Alcover para justificar la compra, una cifra que puede elevarse hasta los 25 millones resultaría de difícil justificación. De hecho, portavoces de la oposición ya han resaltado que el precio rompería cualquier posible consenso en torno a la incorporación al patrimonio público, pese al valor histórico de los terrenos. 

El PP de Manacor se ha sumado a la ceremonia de la confusión. Su portavoz Maria Antònia Sansó ha dado por hecha la compraventa a la familia March pese a que ni siquiera se ha empezado a negociar, destacando que «es una noticia magnífica para todos los manacorins y para la cultura de la isla. Con esta adquisición no solo preservamos un inmueble simbólico, sino que potenciamos su valor educativo, patrimonial y turístico». Según los portavoces populares en el Consell, se trata de «un error» de la concejal al dar por hecha una transacción que todavía no ha empezado ni a tramitarse. 

Es decir, los populares que también controlan el Consell dan por materializada una compraventa de más de 25 millones de euros por una propiedad de 200 mil metros cuadrados, y para la que se han presupuestado un millón y medio. Según el PP de Manacor, «se prevé incorporar el resto del importe necesario a medida que avance el proceso».

El comunicado del lunes señalaba que el Consell «destina para la compra» de Santa Cirga la cantidad reseñada de un millón y medio. Los portavoces de la institución señalan hoy que se trata «de un error y debió indicarse de otra manera». En concreto, «se ha abierto una partida con una cantidad inicial, ahora hemos de negociar con la propiedad, habrá una peritación pública y ya se buscará la forma de financiación».