Condenado a una multa de 1.440 euros en Palma por vender en internet una tortuga disecada en peligro de extinción
El acusado, que se declaró autor de un delito de contrabando de animales, no podrá cazar, pescar, ni trabajar ni comercializar con especies durante tres años
El acusado de contrabando de animales, durante la vista oral celebrada en Palma. / B. P.
Una tortuga disecada de su abuelo al final le ha supuesto una condena. Un juzgado de lo penal de Palma ha impuesto a un hombre de mediana edad una multa que asciende a 1.440 euros por poner a la venta en internet sin contar con los permisos reglamentarios una tortuga boba disecada, una especie que se encuentra en peligro de extinción y que está protegida por la legislación nacional e internacional.
Los guardias civiles del grupo del Seprona, tras descubrir el caso, concertaron una cita con el vendedor a finales de 2022 y así lograron intervenir el ejemplar disecado.
El encausado reconoció los hechos hace varios días ante una magistrada de la ciudad y se declaró autor responsable de un delito de contrabando de partes de animales en peligro de extinción.
El hombre se conformó con una pena de 16 meses y un día de multa con una cuota diaria de tres euros, lo que supone una sanción de 1.443 euros, así como con una inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión u oficio relacionados con la tenencia o comercio de animales y del ejercicio de cazar o pescar durante tres años.
Inicialmente, la fiscalía había solicitado una condena de dos años de prisión y otros cuatro de inhabilitación para el sospechoso por estos hechos, si bien el ministerio público finalmente rebajó su petición al alcanzar un acuerdo con el abogado defensor Eduardo Gallego.
El hombre admitió los cargos ante la sala y la jueza dictó sentencia ‘in voce’ condenándole por un delito de contrabando a 1.440 euros de multa y a no poder trabajar ni comercializar con animales, ni tampoco pescar ni cazar por un periodo de tres años.
Noviembre de 2022
Los hechos ocurrieron, según el ministerio fiscal, en fecha indeterminada, pero en todo caso durante el mes de noviembre de 2022, cuando el acusado, en la zona de es Raiguer de la isla, puso un anuncio en un portal de internet dedicado a la compraventa de productos de segunda mano donde ofertaba para su venta una tortuga disecada por valor de 230 euros.
Según la versión de la fiscalía, el hombre era plenamente consciente de que se trataba de un ejemplar macho joven de tortuga boba (caretta caretta), el cual se encuentra en peligro de extinción y protegido por la legislación nacional e internacional, y además carecía de los permisos legal y reglamentariamente establecidos para comercializar con esta especie.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil iniciaron las pesquisas pertinentes nada más tener conocimiento del caso. Tras analizar el anuncio que había aparecido publicado en una web, trataron de ponerse en contacto con el vendedor.
Así, los investigadores lograron concertar un encuentro con el acusado en la isla y, de esta manera, procedieron al decomiso del ejemplar de tortuga disecada.
Posteriormente, un juzgado de instrucción de Inca abrió diligencias y continuó con el procedimiento hasta que el sospechoso fue formalmente acusado de un delito de contrabando de partes de animales en peligro de extinción.
La fiscalía, en su escrito de acusación, destaca que los anteriores preceptos deben ser puestos en relación con lo dispuesto en el Apéndice 1 del Convenio CITES, sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, al cual se adhirió España el 16 de mayo de 1986. En dicho convenio se detalla la normativa y todos los permisos necesarios para la exportación e importación de estas especies.
Además, el ministerio público cita el Reglamento europeo, del Consejo, de 1996, que contiene las especies enumeradas, así como aquellos ejemplares que estén amenazados de extinción o sean tan raros que comercializar con ellos, incluso en un grado mínimo, pondría en peligro la supervivencia de la especie, por lo que establece su protección.
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