Vox pretende dar barra libre a los agroturismos a través de la ley de macrogranjas

Vox pretende dar barra libre a los agroturismos en Baleares a través del decreto ley que fija la dimensión máxima y la ubicación de granjas intensivas de gallinas en Baleares. Dos de las enmiendas que ha presentado su grupo parlamentario en su tramitación como proyecto de ley pretenden modificar la ley agraria que regula dichos establecimientos. Si en el marco de las negociaciones con los ultraderechistas para sacar adelante los presupuestos de Baleares y el decreto de vivienda el PP de Marga Prohens cede, se dará luz verde a que proliferen los agroturismos. Entre los beneficiados estarían alojamientos ilegales como el del ex alto cargo del Govern Jaume Porsell y el de la familia de Joan Monjo, alcalde de Santa Margalida, o aquellos que habían dejado la actividad. Se pretende eliminar requisitos como el de la antigüedad que se exige a los agroturismos.

El agroturismo ilegal de Joan Monjo vuelve a estar abierto esta temporada

Precisamente, este jueves se reúne la mesa de la Comisión de Economía del Parlament para calificar las enmiendas que ha presentado los grupos parlamentarios y las presentadas por VOX cuadrarían con el proyecto de ley de las macrogranjas al venir a reformar la ley agraria de 2019 en lo relativo a los agroturismos, con lo cual podrán seguir su curso hacia la tramitación parlamentaria para ser debatidas y votadas.

Este jueves se reúne la mesa de la Comisión de Economía del Parlament para calificar las enmiendas

Así, el pasado 24 de marzo el diputado de Vox Sergio Rodríguez presento las enmiendas de su formación al proyecto de ley de las macrogranjas. Una de ellas modifica el apartado 1 del artículo 97 de la ley agraria para eximir a los agroturismos de los requisitos de antigüedad y de parcela a los que están obligados actualmente. Están regulados por la ley de Turismo de 2012 que fija que "se deben ubicar en edificaciones construidas antes del 1 de enero de 1960, situadas en suelo rústico y en una finca o fincas que tengan una superficie mínima de 21.000 metros cuadrados". En esa ley se añade otra prerrogativa: los consells insulares "podrán establecer reglamentariamente otros parámetros de antigüedad o de superficie para los hoteles rurales y los agroturismos".

Pues bien, Vox pretende añadir a la ley agraria una disposición adicional que dice lo siguiente: "Las explotaciones agrarias preferentes podrán llevar a cabo la actividad de agroturismo en cualquier parcela integrada en la explotación agraria en las condiciones y los requisitos establecidos en el artículo 44 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Illes Balears, excepto en los requisitos de antigüedad y de parcela, de los cuales quedarán exentos. Asimismo, ni el desarrollo reglamentario ni los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico podrán exigir cualquier otro requisito de antigüedad y de parcela". Es decir, busca blindar a los agroturismos para que no se les pueda aplicar ni el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) ni el plan general.

La segunda enmienda de Vox añade una nueva disposición transitoria a la ley agraria según la cual habrá agroturismos que "estarán exentos del requisito de aportar, como mínimo, el mismo número de plazas que vayan a comercializarse y a inscribirse [...] siempre que hayan obtenido la declaración agraria preferente antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2022, de 15 de junio", es decir, la ley Negueruela que implantó la moratoria de plazas.

A la carta

Con estas fórmulas Vox sacaría adelante la barra libre a los agroturismos. Así, uno de los que se podría beneficiar sería el agroturismo de Joan Monjo, Sa Talaia Blanca, ubicado en Muro. Hay que recordar que fue dado de baja en 2019 por el Govern (entonces a cargo de la ordenación turística). No cumplía con el requisito de que la antigüedad y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares confirmó su cierre en marzo de 2023, aunque no se ejecutó. Más recientemente, en octubre pasado el Consell de Mallorca canceló su expediente por mentir en la declaración responsable al no tener plazas turísticas por lo que no lo puede explotar. 

También el agroturismo ilegal de Jaume Porsell, Sa Vinya, en el Port d’Andratx se podría 'salvar', pues se le canceló el permiso para su comercialización porque no tenía licencia como agroturismo y tampoco acreditaba la antigüedad requerida de las instalaciones. Además, resultó ser inviable según el propio Govern, la conselleria de Medio Ambiente y Territorio dictaminó que el cambio de uso de vivienda con piscina a agroturismo no era compatible con el Plan Hidrológico de las Islas Baleares. 

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