Juzgan a uno de los denunciantes del caso Cursach por «acoso y difamación» al dueño de Pabisa

El propietario de Pabisa Hotels, Onofre Pascual, reclama una condena de tres años de prisión para el empresario Bruno da Silva, uno de los denunciantes del caso Cursach. Pascual sostiene que sufrió una «campaña de acoso y difamación» durante años a través de querellas, correos electrónicos y mensajes de móvil en los que le acusaba de utilizar a la Policía Local para perjudicar a su negocio, por los que le imputa delitos de amenazas y acoso. Da Silva admitió varias de estas comunicaciones este jueves en el juicio pero negó que su objetivo fuera amenazarle ni acosarle. Insistió en que un agente le reconoció que las «redadas» de la Patrulla Verde en su local obedecían a órdenes de la familia Pascual. La Fiscalía considera que no existió delito. 

El exfiscal Subirán, condenado por una denuncia falsa a uno de los policías que lo investigaban

El denunciante explicó que Da Silva, que tenía un local en las inmediaciones del Bierkonig, propiedad de Pascual en Platja de Palma, empezó en 2013 a insistirle para que le comprara el negocio. «Me exigía de malos modos que cerráramos algún tipo de negocio, pero no me interesaba el precio», señaló Pascual. Según su versión, el acusado le «presionó» y en 2015 comenzó a amenazarle con denunciarle, acusándole de haber ordenado a la Policía Local que realizara inspecciones en el local de Da Silva, y en 2020 presentó una querella contra él. Los mensajes se sucedieron durante años, en lo que calificó de una «campaña de acoso y difamación». Pascual aseguró que vivía «atemorizado» y que ha sufrido «problemas psicológicos» a raíz de esta situación. 

En este sentido, una psicóloga afirmó que padece «estrés postraumático», aunque admitió que otras circunstancias personales podían haber afectado a Pascual. El televisivo psiquiatra José Cabrera, contratado por Da Silva, desacreditó las conclusiones de la psicóloga y aseguró que su cliente no tiene «para nada» el perfil de un acosador.

El acusado, por su parte, negó haber acosado y amenazado a Pascual. Según contó, su relación era «excelente» hasta que un policía le contó que las inspecciones policiales en su negocio eran fruto de las órdenes de la familia Pascual. Admitió haber enviado entonces un correo al denunciante para reprocharle estas actuaciones, dirigidas a su juicio a que tuviera que vender el negocio a bajo precio. También reconoció haber enviado otros mensajes a Pascual, como fotografías con reconocidos abogados o enlaces a noticias sobre la investigación del caso Cursach, pero negó que su objetivo fuera amenazarle y aseguró que enviaba este tipo de contenido a muchas personas.

El caso quedó visto para sentencia.