Los abogados de Baleares plantean sus dudas sobre la ley de eficiencia

Apoyan la ley, pero cuestionan las directrices para que se puedan aplicar estas mejoras en los procedimientos judiciales

Los abogados cuestionan las directrices de estas nuevas normas

Los abogados cuestionan las directrices de estas nuevas normas / Archivo

Redacción

 El Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha advertido a través de un comunicado la falta de directrices claras para que se pueda aplicar la nueva ley de medidas de eficiencia en la justicia, que teóricamente permitirá agilizar la tramitación de los procedimientos y que entra en vigor el próximo día 3 de abril.

La Junta de Gobierno del Colegio ha querido expresar públicamente, a través de una nota, la preocupación que sienten los abogados ante las dudas que está generando la entrada en vigor de esta norma.

Si bien el Colegio apoya esta norma para impulsar los métodos adecuados de solución de controversias (MASC), al mismo tiempo alerta de la falta de directrices para aplicar, sobre todo, la imposición de estos mecanismos como requisito previo a la vía judicial en los órdenes civil y mercantil.

Entre los aspectos que generan mayor inquietud en la abogacía de las islas se encuentra la indefinición sobre cómo justificar y certificar la actividad negocial previa, la falta de un criterio unificado para evaluar su cumplimiento y las posibles repercusiones en la tasación de costas.

Además, el ICAIB ha señalado que la indefinición sobre estos procedimientos podría derivar en interpretaciones dispares entre juzgados, lo que podría generar desigualdades entre partidos judiciales.

La Junta también se ha referido a la falta de mecanismos para garantizar que el recurso previo a los MASC sea gratuito para los beneficiarios de la justicia gratuita, motivo por el que ha pedido mayor claridad sobre cómo se compensará a los abogados que asuman esta vía extrajudicial en representación de sus clientes.

Asimismo, el ICAIB ha mostrado su preocupación por el impacto de la nueva normativa en el deber de confidencialidad de los letrados, un aspecto "fundamental" en la relación entre abogado y cliente.

Por ello, ha solicitado que se establezcan unas directrices claras y homogéneas para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de acceso a la justicia con la entrada en vigor esta semana de la norma

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