Alud de demandas civiles en Palma para evitar la nueva ley de Eficiencia

La nueva ley de Eficiencia de la Justicia ha provocado una verdadera avalancha de demandas civiles en Palma. El cambio legal que implica la nueva norma, que entrará en vigor el próximo 3 de abril y que obliga a recurrir a métodos alternativos de solución de conflictos antes de acudir a la vía judicial, ha hecho que se disparen los asuntos civiles en la isla en las últimas semanas.

Los operadores jurídicos ya han mostrado su incertidumbre ante la nueva norma. Los abogados han alertado de que la implantación de esta negociación previa obligatoria provocará procesos judiciales todavía más largos y en algunos casos más costosos.

De hecho, esta incertidumbre y temor a lo que pueda ocurrir a partir del 3 de abril se ha traducido en un alud de demandas civiles en Palma para evitar la nueva Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entre otras cuestiones transformará los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y dará más competencias a partir de octubre a los juzgados de violencia sobre la mujer, hecho que ha provocado también las quejas de la mayoría de magistrados especializados en la materia, que prevén una sobresaturación.

Los juzgados de violencia machista de Palma asumirán más de 400 casos de violación al año

Antes de que acabe este trimestre, los juzgados de la capital balear han registrado más de 16.590 asuntos civiles. Esta cifra supone cerca del 40% del total de casos que entraron a lo largo de todo el año 2024, cuando se contabilizaron más de 43.200 asuntos civiles en Palma.

En las últimas semanas, se han incrementado este tipo de demandas de forma considerable, según confirman fuentes jurídicas. El tiempo apremia y los abogados civilistas son conscientes de que es preferible formular una demanda antes del 3 de abril para evitar la nueva ley de Eficiencia. Así, se ha pasado de recibir una media de 600 o 700 asuntos civiles al día en los juzgados de Palma a más de mil casos diarios. Por ejemplo, el pasado lunes 24 de marzo entraron 1.110 asuntos civiles en la capital balear y, al día siguiente, el martes 25 de marzo se registraron otros 1.043 casos. Ayer al mediodía se habían contabilizado unos 800 asuntos civiles, si bien la cifra era aún provisional e iba aumentando con el paso de las horas.

Cincuenta casos al día para cada juzgado

Si entra una media de mil asuntos civiles diarios, esto significa que cada juzgado de la ciudad asume cincuenta nuevos casos de media al día, una situación insostenible si se tiene en cuenta la sobrecarga de trabajo que padecen ya los juzgados de primera instancia de Palma.

Una experimentada magistrada de la isla confirma la avalancha de demandas civiles en las últimas semanas debido al cambio legal que supone la nueva ley de Eficiencia. Según destaca, desde 2011 no han aumentado los juzgados de primera instancia de la ciudad, mientras que la carga de trabajo se ha ido incrementando un 50%.

Además, no están todas las plazas cubiertas en estos juzgados y parte del personal no cuenta con experiencia previa en materia de Justicia, por lo que tienen que irse formando de forma progresiva.

A la escasez de medios personales y materiales que es un problema ya crónico, también hay que añadir que poco más de la mitad de la plantilla de jueces y letrados de la Administración de Justicia en la jurisdicción civil en Palma son titulares. En la actualidad, hay 20 juzgados de primera instancia en la ciudad y otros cuatro juzgados de familia, todos ellos ubicados en el edificio de sa Gerreria.

Estos juzgados están sobrecargados de trabajo y los magistrados cada vez resuelven más casos. De los más de 16.000 asuntos civiles que se han registrado este trimestre, más de la mitad, unos 9.000 son procedimientos monitorios, mientras que cerca de 5.000 son juicios verbales principalmente condiciones generales y consumo. Por último, otro gran grupo, con más de 1.300 asuntos, corresponde a reclamaciones del transporte aéreo, por retrasos en vuelos o pérdidas de equipaje.

La nueva ley de Eficiencia de la Justicia obliga a partir del 3 de abril a intentar acuerdos previos antes de acudir a los tribunales. El juzgado debe ser la última instancia y antes se debe negociar para solucionar las controversias. La nueva norma contempla utilizar medios alternativos de solución de conflictos, conocidos como MASC, como pueden ser la conciliación, la mediación, un tercero experto independiente o burofaxes y cartas con acuse de recibo.

En asuntos de familia, el servicio de mediación es gratuito gracias a la Conselleria, pero en los casos civiles hay que pagar, por lo que los procedimientos pueden encarecerse.

La nueva ley establece que no se admitirán las demandas si antes no se acredita haber acudido a un medio alternativo de solución de conflictos. Además, si se incluye en la demanda un punto que no se ha sometido antes a una negociación previa, el juzgado podrá condenar en costas, lo que ha generado dudas e incertidumbre entre los abogados de la isla.

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