Los veterinarios de Baleares vuelven a plantarse ante el nuevo decreto: "Es un paso atrás en la lucidez científica"

El sector veterinario de Baleares ultima los preparativos para la manifestación de este miércoles frente a la delegación de Gobierno en Palma, en protesta por el Real Decreto 666/2023, que regula la prescripción y dispensación de medicamentos para animales desde el pasado 1 de enero. Profesionales como Andreu Oliver, presidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) en Baleares, y Magdalena Ferrer, veterinaria con una clínica en Inca, han alzado la voz al igual que sus compañeros contra una normativa que, según denuncian, genera estrés, inseguridad jurídica y pone en riesgo la salud de los animales.

Oliver, uno de los impulsores de la movilización a la que se ha sumado el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (COVIBA), critica que el decreto va más allá de lo estipulado por la Unión Europea y restringe de manera "absurda" su capacidad para tratar a los pacientes. "El reglamento europeo no dice lo que está pasando en España. Las dosis que indican las etiquetas hace mucho que no funcionan, y esto es un paso atrás en la lucidez científica", asegura.

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Entre las reivindicaciones del sector, destaca la reducción del IVA veterinario -"pagamos un nivel de lujo por un servicio sanitario"- y la libertad de dispensación de medicamentos en las clínicas, una demanda histórica desde 1995. Además, advierte sobre sanciones que oscilan entre 60.000 y un millón de euros, un rango que considera "desproporcionado".

Oliver también ejerce como veterinario, y ha vivido en sus carnes las consecuencias de este decreto: "Hubo un caso en el que, si llegamos a administrar el fármaco correcto y no esperamos dos semanas, el animal se hubiese salvado".

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Por su parte, Magdalena Ferrer, desde su clínica en Inca, pone el foco en el impacto humano y profesional de la norma. "A veces parece que no ven la problemática real", lamenta, refiriéndose a la desconexión de los legisladores. La veterinaria explica que se ven obligados a elegir entre lo mejor para el animal y lo legalmente permitido, lo que genera "angustia" ante el temor a sanciones graves. "Yo quiero darle lo que creo que es la mejor opción para el animal, no la mejor opción legal", afirma.

Ferrer también critica la exigencia de usar nombres comerciales en lugar de principios activos, pese a que muchos fármacos han demostrado su eficacia durante años, y relata cómo debe justificar a los propietarios por qué no puede aplicar tratamientos óptimos: "Les digo: ‘yo haría esto, pero tenemos que hacer esto otro’". Sin embargo, asegura que en su caso particular hará todo lo posible para salvar a los animales "aunque me salte la legislación".

Ambos coinciden en que la normativa no solo afecta a los veterinarios, sino también a los animales y sus dueños. Oliver señala que la rigidez burocrática puede retrasar tratamientos esenciales: "Primero hay que probar un medicamento que puede fracasar antes de usar el adecuado, y ese tiempo de espera puede empeorar o matar al animal". Según CEVE, hasta un 10% de los casos atendidos podrían verse comprometidos. Ferrer añade que estos retrasos, junto a la necesidad de consultas adicionales, incrementan la preocupación de los clientes, especialmente los más informados.

La respuesta del Ministerio, que ha prometido no aplicar sanciones de inmediato, no convence al sector. "Eso no nos quita la angustia, porque no se está haciendo bien", dice Ferrer, mientras Oliver califica la medida de "inseguridad jurídica brutal": "Pretenden notificar sanciones y luego retirarlas, lo que no tiene sentido". Ambos abogan por una solución basada en la ciencia y el diálogo. "Sería más importante invertir en investigación y formación que en normas absurdas", sostiene Ferrer, una idea que Oliver respalda al pedir una nueva normativa consensuada: "Necesitamos algo útil de verdad, que respete nuestro criterio clínico".

La manifestación no solo busca visibilizar estas quejas, sino también alertar sobre un problema que trasciende las mascotas y afecta a explotaciones ganaderas. Oliver subraya la imposibilidad de las farmacias para abastecer la demanda de medicamentos veterinarios -"ni en 30 años han podido"-, mientras Ferrer reclama que se valore la profesión y se evite un "menoscabo" que dificulta su labor diaria.