PP y Vox rechazan limitar los precios del alquiler en Baleares

Partido Popular y Vox rechazan la proposición de ley presentada por el PSIB-PSOE para aplicar la ley de vivienda estatal y limitar los precios del alquiler en Baleares a través de la declaración de zonas tensionadas. Para justificar su voto en contra, el portavoz de los populares en el Parlament, Sebastià Sagreras, lamenta que el PSOE pretenda que Baleares implemente medidas como la declaración de zonas tensadas o el tope del precio de alquiler que "ya han fracasado en otras comunidades autónomas y ciudades europeas" y pone como ejemplo a Catalunya, donde esta decisión "ha provocado que 40.000 viviendas desaparezcan del mercado de alquiler”.

Prohens: "No podemos decir a las familias a quién tienen que vender sus casas"

Sagreras afirma que el PSOE, con Armengol al frente, dejó en sus ocho años de gobierno que el acceso a una vivienda "se convirtiera en una de las principales preocupaciones" de los ciudadanos de las islas permitiendo que el precio del alquiler aumentara un 60% y el de compraventa un 90%: "No se adoptó ninguna medida y todas las propuestas eran tan insultantes como la creación de viviendas en contenedores marítimos".

En este sentido, reivindica las medidas adoptadas por Marga Prohens como la eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menores de 30 años, la eliminación del Impuesto de Donaciones, la aprobación del decreto de Emergencia Habitacional, el programa ‘Construir per Llogar’, el de ‘Lloguer Segur’ y el último decreto de proyectos residenciales estratégicos en Palma "pensado para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, las clases medias y los residentes en Balears".

Por parte de Vox, Sergio Rodríguez arremete contra la izquierda por traer el Parlament "políticas fracasadas que hacen desparecer las viviendas del mercado" y afirma que todos los gobiernos que han "Todos los gobiernos lo han intentado y todos han fracasado", señala.

Críticas del PSOE

En la defensa de la iniciativa del PSIB, la diputada Mercedes Garrido acusa al PP de "negar a los ciudadanos de Baleares la posibilidad de acceder a una vivienda" y señala que la situación excepcional que atraviesa Baleares justificaría la declaración de zonas tensionadas "para poner a las personas por delante de los intereses económicos".

Otro argumento del PP que Garrido rebate es la caída de la oferta de viviendas: "Los organismos oficiales de Catalunya, como el Observatorio de la Vivienda, han publicado que, durante el período de vigencia de la ley, el número de viviendas ha aumentado en 17.000".

La diputada socialista señala que si el Govern hubiera adoptado la limitación de precios al inicio de la legislatura, habría sucedido lo mismo que en Catalunya, "donde los precios han bajado una media del 3,7% en zonas tensionadas y un 3,3% en las no tensionadas; y en Barcelona, la ciudad con más presión demográfica, han caído un 6,4%”. Mientras tanto, en Baleares los precios han subido un 9,6%, lo que significa que, en comparación con Cataluña, los precios son un 13,3% más caros que hace un año y medio.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa se pregunta por qué se pueden poner límites a las macrogranjas, a los coches en Ibiza o a las licencias de VTC y no a los precios de los alquileres. Por ello, acusa al Govern de favorecer "los pelotazos de sus amigos".

Priorizar a los residentes

En la defensa de su iniciativa para priorizar a los residentes en el acceso a una vivienda, también rechazada con los votos en contra de PP y Vox, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, llama la atención sobre la tendencia creciente de segundas residencias también en los núcleos urbanos y los centros de las ciudades.

Por parte del PP, la diputada Margalida Pocoví, atribuye los incrementos de los precios en los últimos años a las "políticas fracasadas" del Pacte y recuerda que fue bajo el mandato de la izquierda cuando más vivienda de lujo se construyó y se dio "barra libre" al alquiler turístico ilegal.

La 'popular' reivindica las medidas en materia de vivienda que está impulsando el Ejecutivo y rechaza la propuesta de los menorquinistas calificándola de "la típica iniciativa intervencionista de la izquierda, especialista en establecer limitaciones a los ciudadanos". Además, para la 'popular', la proposición podría atentar contra el espíritu de los tratados comunitarios de la Unión Europea.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también rechaza la propuesta porque "atenta contra los derechos a la propiedad y el libre mercado" y justifica su voto en contra porque "desincentiva la inversión y no soluciona el problema del acceso a la vivienda". Además, añade, se podrían vulnerar normativas europeas y podría ser tumbada "a las primeras de cambio".