El juez pospone a junio la declaración como imputado del dueño del Medusa Beach por el derrumbe mortal en la Playa de Palma
Las personas que resultaron heridas al desplomarse la terraza serán evaluadas por un médico forense
El dueño del Medusa Beach, Christian Arnsteiner, sale del juzgado de Palma en 2024. / B. Ramon
El magistrado de Palma que investiga el derrumbe mortal del Medusa Beach Club, el establecimiento de s’Arenal en el que fallecieron cuatro personas y una quincena resultó herida el pasado 23 de mayo de 2024 al desplomarse la terraza, ha pospuesto a junio la declaración como imputado del dueño del local, Christian Arnsteiner.
El empresario austriaco había sido citado en calidad de investigado para comparecer en el juzgado el 26 de marzo, a petición de su abogado defensor, si bien una reciente providencia dictada por el juez instructor acuerda suspender el trámite al tener en cuenta el curso procesal de autos y retrasarlo para el próximo 24 de junio.
La causa judicial es muy voluminosa debido a la gran cantidad de partes personadas. Muchos de los perjudicados son ciudadanos extranjeros, que están aportando numerosa documentación como por ejemplo la valoración de los daños y las lesiones sufridas.
El magistrado del juzgado de instrucción número 9 de Palma, encargado de investigar el caso, ya ha oficiado al Instituto de Medicina Legal para que el médico forense evalúe a las personas heridas y determine las lesiones y secuelas que padecen.
El propietario del Medusa Beach fue detenido por la Policía Nacional a finales de junio del pasado año acusado de cuatro delitos de homicidio imprudente y seis más de lesiones. Horas después de su arresto y tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad por orden del juez de guardia de Palma.
Guardó silencio en 2024
El empresario austriaco, afincado en Mallorca desde los años noventa, se acogió entonces a su derecho a no declarar ante los investigadores de la Policía y tampoco lo hizo ante el magistrado de guardia de la ciudad.
Las pesquisas policiales evidenciaron que la terraza del establecimiento, que se hundió y arrastró con ella a la planta baja hasta acabar en el sótano del edificio, “no tenía licencia”, según informó tras la tragedia el alcalde de Palma, Jaime Martínez. En consecuencia, la actividad en la azotea que cedió era “ilegal”. Además, se habían llevado a cabo en la estructura diversas obras que la sobrecargaron, provocando que no pudiera soportar el exceso de peso y se desplomara. “No tenía licencia y el informe de la ITE (Inspección Técnica de Edificios) de 2023 dio un resultado desfavorable", subrayó el alcalde.
Por su parte, desde los Bombers de Palma se informó en 2024 de que se trató de “una combinación de sobrepeso y sobrecarga de uso, al haber en la terraza 21 personas”. La sobrecarga hizo que "se punzonara el forjado por la parte inicial" y se desplomara.
En el derrumbe murieron un hombre senegalés de 44 años, una joven española de 23 años que trabajaba en dicho establecimiento y dos turistas alemanas, una de 20 y otra de 30 años. Además, otras 16 personas sufrieron heridas de diversa consideración. El suceso tuvo una amplia repercusión mediática al tratarse de una de las zonas turísticas más populares de la isla.
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