Educación busca sumar más centros de Primaria al plan de segregación lingüística tras el pinchazo del primer año de aplicación

El Govern hace suyo el plan de segregación lingüística que confeccionó hace dos años para responder a las exigencias de Vox Y busca ampliarlo. Educación quiere sumar más centros de Primaria al plan de segregación lingüística tras el fiasco del primer año de aplicación, con tan solo once centros concertados inscritos. De cara al curso que viene además de abrirse a los centros de Secundaria, tal y como estaba previsto, Educación permitirá que se incorporen al plan piloto más centros de Primaria, si lo desean y cumplen las condiciones.

Así consta en el borrador de convocatoria para el curso 2025-2026 que se está discutiendo hoy con los sindicatos. El documento argumenta que se permitirá que se sumen más colegios de Primaria en el segundo año de aplicación para tener "una muestra más amplia" a la hora de evaluar el impacto del plan. Este año la muestra es ínfima, ya que solo han aplicado el plan once del total de 400 centros subvencionados cofondosos públicos de Primaria que podían adherirse, lo que supone un 2,75% (en la red pública, la adhesion es nula). En total, Educación dijo que este curso están participando en este plan unos 2.300 alumnos, que realizan una o dos materias (Matemáticas y/o Conocimiento del Medio) en una lengua distinta a la vehicular de esa materia (cabe recordar que Educación dio esta cifra cuando había colegios que aún no habían recogido la información sobre cuántas familias querían participar).

El colegio Santa Mónica de Palma solo tendrá plan de lengua en un curso por poca demanda

Exigencia de Vox para los presupuestos de 2024

Vox exigió este plan (y el Govern lo diseñó rápidamente para sacar adelante los presupuestos de 2024) aumentar la presencia del castellano en los centros, pero curiosamente en algunos colegios su aplicación ha supuesto lo contrario y ha supuesto que algunas familias hayan podido elegir más horas impartidas en catalán (es el caso del Santa Mónica). En varios de los once centros participantes se ha dado la circunstancia de que no se ha podido aplicar en todos los cursos al no haber llegado al mínimo de demanda por parte de las familias (que ha de ser de al menos un 20%).

De cara al curso que viene, la convocatoria mantiene la puerta abierta a que se sumen más centros de Primaria además de invitar a que se estrenen los de Secundaria. Los requisitos son los mismos que el año pasado: además desde 20% mínimo de demanda de alumnos por nivel, es necesario tener instalaciones para desdoblar los grupos y garantizar que los estudiantes seguirán en el plan durante los tres años de aplicación (momento en el que los alumnos participantes se someterán a una evaluación, que, comparando con una que ya pasaron al arrancar el programa servirá para evaluarlo).

El problema para Educación es que la cifra de participantes en Primaria ha sido tan irrisoria que será difícil evaluar el impacto del plan y por eso se busca ampliar la muestra: "La evaluación del plan se configura como un elemento esencial para determinar la eficacia, identificar áreas de mejora y decidir si tiene que implementarse a diferente escala", reza el borrador, que precisa que "para poder disponer de una muestra más grande de centros a la hora de evaluar el Plan, se considera adecuado ampliar la convocatoria para los centros públicos y concertados que imparten Educación Primaria."

Solo once centros de Baleares piden adherirse al Plan piloto de libre elección de lengua

Desde el STEI ya antes de que empezara la mañana han pedido otra vez al conseller Vera la interrupción y retirada de plan, que consideran "un buñuelo pedagógico". El sindicato afea a Vera que incumpla el compromiso que asegura que el conseller adquirió ante la Xarxa Educativa per la Llengua, al prometer que el plan no se implementaría en Secundaria y que, en Primaria, solo se volvería a convocar después de evaluar el funcionamiento del primer año. La fuerza sindical también lamenta que el plan contradice la Ley de Educación de las Islas Baleares, que establece que ningún alumno puede ser segregado por razón de lengua, así como la Ley de Normalización Lingüística, que resalta la obligación de los poderes públicos de garantizar el conocimiento y uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza.